Según el diario Washington Post

WASHINGTON.- La CIA se negó hoy a comentar un artículo del diario Washington Post , según el cual la agencia de inteligencia estadounidense mantiene detenidos en prisiones secretas de Europa del Este y otras regiones a presuntos miembros de la red fundamentalista Al-Qaeda.

“Rehusamos hacer comentarios”, declaró un portavoz de la CIA.

Según afirmó el Washington Post hoy, citando fuentes estadounidenses y extranjeras, estas prisiones, bautizadas como “sitios negros”, han sido establecidas en ocho países, entre ellos Tailandia, Afganistán y “varios países democráticos de Europa del Este”, cuyos nombres no fueron revelados por razones de seguridad.

La CIA envió más de 100 sospechosos de terrorismo a estas prisiones secretas, según el diario, que afirma que este sistema de detención sólo es conocido por unos pocos altos funcionarios estadounidenses, y en general por el presidente y algunos funcionarios de inteligencia de los países donde se encuentran instaladas.

Rechazo. Tailandia desmintió hoy haber permitido a la CIA la instalación de un centro de detención.

“Tailandia nunca proporcionó una prisión o un ´sitio negro´ para sospechosos de terrorismo de la red Al-Qaeda”, declaró el vocero del gobierno, Surapong Suebwonglee.

Por su parte, el ministro del Interior de la República Checa, Frantisek Bublan, afirmó que Praga rechazó recientemente una solicitud de los Estados Unidos para instalar en su territorio un centro de detención para trasladar algunos de los prisioneros actualmente recluidos en la prisión de su base en Guantánamo.

“Hubo negociaciones hace cerca de un mes. (Los estadounidenses) hicieron esfuerzos por instalar aquí algo de ese tipo, pero no lo lograron”, declaró Bublan al diario en internet Aktualne.cz.

“Cambio profundo en los valores morales”. En tanto, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter se refirió al informe del Washington Post en una entrevista con la cadena NBC en la que acusó al gobierno del presidente George W. Bush de socavar las bases morales tradicionales de la política exterior de su país.

“Esto es sólo un indicio de lo que se ha hecho durante esta administración para cambiar las políticas que persistieron durante toda nuestra historia”, afirmó, en referencia al contenido del artículo del Washington Post.

“En los últimos cinco años ha habido un cambio profundo y radical en las políticas básicas o valores morales de nuestro país”, agregó.

Denuncia de Amnistía Internacional. Desde hace meses, las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos denuncian la existencia de “prisioneros fantasma” detenidos por la CIA en lugares desconocidos.

En junio, Amnistía Internacional había acusado a los Estados Unidos de establecer un “archipiélago” de prisiones, a menudo secretas, en distintos puntos del planeta.

CUANDO AL PODER LO TRANSFORMAN EN MAFIA

No es línea editorial de esta pagina comentar los fallos que pudieran dictarse por los Tribunales y Organismos que hacen a la defensa de los Derechos Humanos.-

Pero pensamos que el caso “Barrios Altos” dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vale la pena una excepción.-

Por de pronto debe observarse que la doctrina de este fallo no es nueva ni, mucho menos,  novedosa. En realidad es la consagración de la doctrina que viene sosteniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Meneses Reyes” (contra Chile) del 15 de octubre de 1986; Consuelo Herrera (contra Argentina, por la leyes, mal llamadas, de punto final y obediencia debida y posteriores indultos) el 2 de octubre de 1992; Ellacuria S.J. (contra El Salvador) el 22 de diciembre de 1999; y Flores, Alcides Sandoval (contra Perú) el 13 de abril del 2000, entre otros.-

Tarde, pero al fin llegando, la Corte ratifica esa doctrina y, aunque sin decirlo, hace suyo los fundamentos   de la Comisión, en este tema.-

El resultado del fallo de la Corte in re “Barrios Altos”, era el esperado. Todo tiene su origen en el concepto de ley que esbozara la misma Corte en su Opinión Consultiva 6 (9 de mayo de 1986), al interpretar el art. 30 de la Convención, y advirtiendo así a los estados ratificantes que no todo lo que se llame “ley” (en el derecho interno), es “ley” en el derecho Internacional.- Por lo menos en el Capítulo de los derechos humanos, sólo es aceptado como “ley”, aquella que, además de ser dictada por el órgano constitucional correspondiente, tiene, necesariamente que ser: 1) general y 2) tender al bien común.- Si no reúne esos requisitos, la Corte declarará inválida a toda “ley” que quiera hacerse valer ante ella. Las leyes de amnistía para este Tribunal, no son “leyes” (y ni qué hablar de las autoamnistías) porque tienen el carácter de estar dirigidas a determinados hechos y a seleccionados actores, amén de ser propiciadoras de la impunidad, violan el derecho a la verdad y el derecho al acceso a la justicia, etc. es decir, no tienden hacia el bien común. También vale ese concepto para los indultos en materia de derechos humanos.-

No vamos a entrar en el tratamiento procesal del fallo dictado, aquí en Argentina, por el Dr. Cavallo en el caso “Simón”, ya que el mismo, mas allá de su justeza y cualquiera sea lo que pudiera decir, incluso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la República Argentina va a tener, tarde o temprano, que acatar no ya los fallos de la Corte Interamericana, sino también su doctrina. En la Opinión consultiva 6, la Corte Suprema de Justicia Argentina, debió fundamentar su fallo cuando, desconociendo los pactos internacionales, decretó la constitucionalidad de las dos leyes (obediencia y punto final e indultos posteriores).- Ahora, seguramente, va a tener otra posibilidad. Esperemos el cumplimiento de los tratados, por lo menos, por la Corte Suprema Nacional, aunque ya ella desconoció la operatividad de estos tratados en el caso conocido como La Tablada.-

Mas allá del juego de normas que puedan darse y Tribunales que puedan intervenir, también pensamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deja varios mensajes o metamensajes en su fallo de “Barrios Altos”.-

En primer lugar, pone sobre el tapete la inmoralidad de muchos políticos para los que, bajo diversas excusas, utilizan sus cargos para denostar al concepto de República, asociándose, además y en muchos casos, al enriquecimiento dinerario.-

En segundo lugar, muestra bien a las claras que los Derechos Humanos y su doctrina, no tiene un mero valor instrumental de “conveniencia”, como muchos políticos creen. Para ello baste resaltar que el mismo Presidente de Argentina y su Poder Legislativo que, con bombos y platillos ratificó las Convenciones Interamericanas e Internacionales sobre Derechos Humanos, son los  mismos que luego dictan las leyes de obediencia debida y la de punto final, y, además, para no quedar confesos frente al concierto internacional de Naciones les ponen nombres que disimulan la amnistía encubierta y la impunidad que propugnaban.-

En tercer lugar, de un párrafo del voto de uno de sus jueces, surge la clara advertencia de que las “clases políticas” en América, se están degradando a mafias del poder, en las que bastaría tener un cargo para permitirse ordenar cualquier cosa.-

En cuarto lugar, y ya dentro del campo de la filosofía del derecho, el concepto de ley esgrimido por la Corte, deja fuera de este ámbito al positivismo jurídico (que termina siendo una verdadera escuela de burócratas refinados y, al Poder Judicial, un instrumento del Poder político).- El derecho no está, ni puede estarlo, al servicio de la ley, su objeto es la justicia.-

En quinto lugar, que los países americanos, no cumplen sus compromisos internacionales, salvo coerción. Por ejemplo, Argentina ratificó la Convención contra el Genocidio en 1956. Hasta el día de la fecha, dicho ilícito no es delito en el orden interno (lo mismo puede decirse para Perú, Chile y otros).-

El subdesarrollo es una cuestión mental, y los pactos de impunidad sólo son entendibles desde una óptica de mafias, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no parece dispuesta, ni siquiera, a tolerar.- En buena hora.-

Proyecto de privatización de la Amazonia será discutido por Congreso brasileño

El proyecto de ley que será enviado al Congreso de Brasil propone dividir en bloques el 15% del territorio selvático –que supone unos 500.000 kilómetros cuadrados- para que puedan ser explotados por empresas privadas en régimen de concesión.

De esa forma compañías tanto brasileñas como extranjeras podrán extraer de cada lote riquezas forestales, biológicas, resinas y frutos selváticos, tal como dispone el proyecto legislativo.

Como contrapartida el Estado brasileño recibirá pagos por parte de las compañías concesionarias con los que se pretende avanzar en la elaboración e implementación de un proyecto de desarrollo económico para la selva.

En el pasado mes abril el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil envió a Australia a un grupo de expertos para analizar cómo funcionó allí una experiencia de concesión de selva -la de New South Wales-, similar a la que pretende montar el gobierno brasileño.

Dicho viaje fue financiado por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Servicio de Florestas de Estados Unidos (USDA).

Diversas organizaciones ecologistas han denunciado este proyecto como un mecanismo que profundizará aún mas la destrucción de los recursos naturales de la Amazonia. Según informaciones brindadas por las mismas, las actividades humanas amenazan ya casi la mitad de la selva amazónica, principalmente por el avance de actividades como la cria de ganado o las plantaciones de soja.

Denuncia de la angustiosa situación de los jubilados del INTA

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), es una Institución del ESTADO, nació año 1956 comenzando a realizar nuevas técnicas para obtener mayores rendimientos de granos por hectáreas, mejoramientos genéticos en agricultura y ganadería, y muchas investigaciones más, que todo ello se ha multiplicado gracias a las investigaciones realizadas por el INTA y que hoy es una institución reconocida mundialmente, todo ello con el aporte del granito de arena de cada uno de estos jubilados

Pero lamentablemente todo esto, es que nuestros gobernantes como el señor MENEM y CAVALLO y luego todos los gobernantes que los siguieron hasta el actual presidente el Sr. Néstor KICHNER, no han reconocido lo expuesto precedentemente dado que de acuerdo a la Ley 22.955 nos corresponde el 82% y 85% móvil. La misma fue derogada por la Ley 23.966, desde entonces los Estatales perdieron el régimen de movilidad, desde entonces la movilidad quedo comprendida en lo reglamentado en la Ley 24.463 de SOLIDARIDAD, luego se aplico la Ley 24.241 con el 70% sin movilidad, por la cual nos hemos jubilado y esto se mantiene hasta la fecha.

En estos momentos, la movilidad que nos da el GOBIERNO NACIONAL es de acuerdo a lo que determina anualmente la Ley de presupuesto conforme al cálculo de recursos respectivos, en diez años hemos tenido tres aumentos el 10%, 15 y 13%, para que tenga una idea le damos un ejemplo: personal que se han jubilado en el año 1997, en actividad cobraba $ 880,00 pesos, hoy a diez años (2007) aún no podemos llegar a ese monto por que se percibe $ 820,00 pesos, estamos por debajo de la línea de pobreza, después de haber trabajado mas de 40 años en la Institución de la cual somos los creadores.

La Ley 22.955 que corresponde el 82% y 85% móvil es una Ley especial que no puede ser derogada por una Ley general y que los haberes provisionales deben guardar una proporcionalidad con el sueldo de un agente en actividad, esto deroga un derecho adquirido por los trabajadores, además a nosotros nos descuenta el ESTADO para la jubilación el 11% de nuestro sueldo, justamente para que cobremos el mencionado el mencionado 82% y 85% móvil.

La CORTE SUPREMA de justicia ante el fallo y ordenó al Gobierno en Agosto de 2006, que nos devuelva dicho porcentaje, evidentemente ha hecho caso omiso de dicha orden.

Teniendo en cuenta que nuestro país dispone de mucho dinero producto de las exportaciones agropecuarias.

A pesar de los reclamos de los jubilados en general, no tuvimos respuestas favorable, tanto dinero se ocupa en otras cosas para mantener su política, el gobierno le quita el 24% al productor por la exportación.

A causa de esta gran injusticia que cometen nuestros gobiernos, muchos hermanos jubilados han fallecido por el gran estado depresivo y los que estamos vivos nos encontramos enfermos psíquicamente, ya sin ganas de vivir, puesto que después de tantos años de trabajo, con un nivel de vida pasable y hoy terminás arrumbado en un rincón sin salida, ya que ves que tu sueldo se degrada cada vez mas al punto de tener que decidir si comes o compras medicamentos.

Creemos que es hora que el Señor Presidente de la Nación se solidarice con nosotros y deje sin efecto la Ley 24.462 llamada de solidaridad provisional y que por lo menos nos devuelva la movilidad, que podamos percibir las sueldos actualizados de acuerdo al salario del personal en actividad.

Los Estados Partes en la presente Convención

_40076664_040916australiaConsiderando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, «el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento»,

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado,

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño,

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo,

Han convenido en lo siguiente:
PARTE I
Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Artículo 21. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo 31. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.
Artículo 5Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
Artículo 61. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.
Artículo 71. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
Artículo 81. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Artículo 91. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés
superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
Artículo 101. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.
Artículo 111. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.
Artículo 121. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Artículo 131. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.
Artículo 141. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Artículo 151. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de
celebrar reuniones pacíficas.

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democráprtica, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás.
Artículo 161. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
Artículo 17Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
Artículo 181. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas.
Artículo 191. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.
Artículo 201. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o, de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Artículo 21Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos competentes.
Artículo 221. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos Estados sean partes.

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su fami
lia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención.
Artículo 231. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 241. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 25Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.
Artículo 261. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.
Artículo 271. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.
Artículo 281. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 291. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.
Artículo 30En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.
Artículo 311. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
Artículo 321. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.
Artículo 33Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.
Artículo 34Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Artículo 35Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
Artículo 36Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.
Artículo 37Los Estados Partes velarán por que:a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.
Artículo 381. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.
Artículo 39Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
Artículo 401. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular:a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales;

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el enten
dimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.
Artículo 41Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:a) El derecho de un Estado Parte; o

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.
PARTE II
Artículo 42

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
Artículo 431. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídicos.

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacionales.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el Presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos cinco miembros.

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.

8. El Comité adoptará su propio reglamento.

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de las reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.
Artículo 441. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en vigor la presente Convención;

b) En lo sucesivo, cada cinco años.
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán asimismo contener información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la Convención.

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos.
Artículo 45Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención:a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes.
PARTE III
Artículo 46

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
Artículo 47La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 48La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 491. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 501. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará a una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.
Artículo 511. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.
Artículo 52Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.
Artículo 53Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 54El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.

Estados Unidos deberá informar en la ONU por torturas

Dos órganos de control de tratados en Naciones Unidas le han fijado fechas a las comparecencias de los Estados Unidos por las acusaciones de torturas y otros vejámenes, presuntamente cometidos en Afganistán, Irak y Guantánamo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tiene previsto reunirse en marzo próximo en Nueva York con las ONG acreditadas, para terminar de recoger las imputaciones contra el gobierno de George W. Bush, cuyos funcionarios deberán responder durante una audiencia a puertas abiertas en Ginebra, promediando julio de 2006.

Dos órganos de control de tratados en Naciones Unidas le han fijado fechas a las comparecencias de los Estados Unidos por las acusaciones de torturas y otros vejámenes, presuntamente cometidos en Afganistán, Irak y Guantánamo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tiene previsto reunirse en marzo próximo en Nueva York con las ONG acreditadas, para terminar de recoger las imputaciones contra el gobierno de George W. Bush, cuyos funcionarios deberán responder durante una audiencia a puertas abiertas en Ginebra, promediando julio de 2006.

Un anticipo de lo que allí podrá ocurrir, tendrá asimismo cita en Ginebra, pero en mayo de 2006, cuando el Comité contra la Tortura de la ONU, que examina el acatamiento de la Convención en la materia, delibere con los Estados Unidos.

La confirmación hace unas pocas semanas del catedrático español, Fernando Mariño Menéndez, al frente de este Comité, allana el camino para esa primera convocatoria.

No será un juicio en dos foros de Naciones Unidas, pero los dictámenes que emitan los expertos luego de las vistas orales, a las que podrá concurrir el público, tendrán valor de sentencias, recordando que las instancias onusianas actúan como tribunales morales sobre derechos individuales y libertades públicas.

Con la firma de Mariño Menéndez, la administración Bush va recibir en estos días varias decenas de preguntas que orientaran el debate de mayo venidero, una verdadera requisitoria fiscal de diez folios, a cuyo contenido accedió este cronista.

El documento rechaza las pretensiones estadounidenses de no reconocer autoridad a la ONU en estos temas.

Washington viene tratando de eludir sus responsabilidades alegando que no es responsable de la aplicación de las Convenciones que ha firmado en Naciones Unidas por hechos acaecidos al exterior de sus fronteras, y que los involucrados son «combatientes enemigos» que no están protegidos por las mismas sino por las reglas y disposiciones de la guerra que custodia la Cruz Roja Internacional (CICR).

Sin embargo esa línea de defensa ha sido desechada por los especialistas de la ONU. Estos consideran que los Estados Unidos tienen jurisdicción donde operan sus fuerzas en cualquier sitio del mundo y que están obligados a observar los textos que han ratificado en la ONU, que son inderogables y se respetan sin excepción en todo momento, lugar y circunstancias, estando absolutamente prohibida la tortura y todo otro tratamiento o castigo inhumano, cruel o degradante para prisioneros.

La batería de preguntas firmada por Mariño Menéndez en representación de los diez expertos del Comité contra la Tortura, elegidos todos por el voto secreto de los 140 Estados que han suscripto la Convención, con el mandato de velar por su inviolabilidad, exhorta a los Estados Unidos a mejorar su legislación, aun insuficiente para sancionar la tortura de acuerdo a las exigencias de la ONU.

En ese contexto solicita informes pormenorizados sobre las personas detenidas en Afganistán, Irak y Guantánamo, o que hayan sido ulteriormente transferidas a cárceles dentro de Estados Unidos, o a navíos bajo su bandera, y si sus casos han sido comunicados a la Cruz Roja Internacional (CICR) y a sus familiares.

La ONU aguarda se le indique donde están y conocer sus identidades, nacionalidad, sexo, edad, origen étnico, fechas de captura, inculpación, y etapa del procesamiento. De haber sido sometidas a malos tratos, se requiere el resultado de las investigaciones llevadas a cabo y si las declaraciones arrancadas bajo tortura han sido tomadas en cuenta en su situación legal.

La ONU pide se le informe si estos detenidos reciben asistencia legal y médica y visitas familiares, por qué razón se los encierra en establecimientos secretos y, de haber muerto alguno, demanda la causa del fallecimiento y el sumario de rigor que debió instruirse.

Respecto a la cárcel de Abu Graib, Mariño Menéndez, en nombre de la ONU, espera se le anuncien las medidas adoptadas por Estados Unidos para remediar que se haya infringido torturas a los prisioneros, individualizando y enjuiciando a sus autores e indemnizando a las víctimas.

A partir de este ejemplo, la ONU quiere saber si los perpetradores obedecieron ordenes y si existe algún marco legal que habilite se las hayan impartido, incluyendo técnicas y métodos de interrogatorios que justifiquen la tortura.

En la eventualidad que alguien esté facultado para hacerlo, Naciones Unidas aguarda se le notifique quien en los Estados Unidos podría autorizar la practica de conductas de este tipo, caratuladas de crímenes aberrantes.

FINANCIAN las MISMAS EMPRESAS a BUSH y KERRY

kerryBushEl debate político en la lucha electoral presidencial se polariza cada vez más, pero detrás del escenario los equipos de campaña del presidente George W. Bush y su contrincante demócrata John Kerry reciben financiamiento de las mismas empresas de servicios financieros, las cuales aparentemente creen que cualquiera de los dos candidatos beneficiará sus intereses.

Según una investigación del Centro por la Integridad Pública (Center for Public Integrity, o CPI) hay cuatro empresas que se colocan en la lista de los 10 donantes principales de ambos candidatos: Goldman Sachs, Citigroup, UBS Ag Inc. y Morgan Stanley Dean Witter.

La importancia de su aportación financiera es difícil de estimar, particularmente en un año electoral en el que se han batido todos los récords; hasta la fecha, las dos campañas han recaudado 1.5 mil millones de dólares, el doble de los fondos que se recaudaron en la pasada elección presidencial.

El que algunas de las principales empresas estadounidenses apuesten por ambos candidatos no es sorpresa o algo inusual, pero que las mismas cuatro empresas estén entre las 10 donantes más generosas sugiere que, a pesar de la polarización política, el sector financiero empresarial cree que cualquiera de los dos es aceptable para sus intereses.

Bush, a pesar de que cultiva la imagen de un texano simple y honesto, al lado del ciudadano común, además del de los fundamentalistas cristianos, siempre ha gozado del respaldo del gran empresariado. Los donantes más grandes a lo largo de su carrera política han sido conglomerados financieros como Morgan Stanley Dean Witter & Co., Merrill Lynch y Pricewaterhouse Coopers.

John Kerry, según CPI, tradicionalmente ha gozado del apoyo financiero de bufetes de abogados y de la industria de telecomunicaciones. Aunque continúa recibiendo aportaciones de estos sectores, particularmente de los litigantes después de seleccionar a John Edwards como su segundo en la fórmula demócrata, Kerry está recibiendo ahora fondos sustanciales de las grandes corporaciones financieras, según informes que los equipos de campaña deben rendir a las autoridades electorales.

“Todo ese dinero de la campaña, claro, llega con un precio muy alto”, explica Charles Lewis, director ejecutivo de CPI, organización independiente no partidista y entre las más destacadas en investigaciones sobre dinero y política. “Llámese el ´precio del poder´ en nuestra democracia comercial, donde uno paga para jugar, pero cada uno de los principales candidatos presidenciales en la elección de 2004 ofreció favores políticos a los principales contribuyentes a su campaña”.
Los grandes intereses financieros seleccionan los candidatos de ambos partidos políticos nacionales y se aseguran que los resultados siempre los beneficien

Lewis argumenta que el sistema electoral estadounidense está descompuesto, que en los hechos los grandes intereses financieros seleccionan los candidatos de ambos partidos políticos nacionales y se aseguran que los resultados siempre los beneficien, todo por el poder determinante del dinero en este sistema electoral. “Los poderes reales que existen en este país no se encuentran en ninguna boleta electoral, y no rinden cuentas a nadie”, concluyó en su reciente libro La compra del presidente

LOS PERIODISTAS QUE NO CREYERON EN GALEANO

Todos ellos hicieron sus propias investigaciones. Llama la atención el nivel de coincidencia que tienen en varios puntos de la causa. Aún cuando muchos de ellos ni siquiera se conocen entre sí, todos coinciden en criticar la cobertura mediática. Y en que los “grandes diarios” deberían pedirles disculpas a sus lectores. Algunos mencionan críticamente a profesionales que trabajan aún hoy en Clarín, La Nación o Página/12. Pero tambien hay expresiones de reconocimientos en algún caso puntual. Hay quien sostiene que no es un problema de los periodistas sino de acuerdos con las empresas periodísticas para brindarle credibilidad pública a la investigación Galeano. Otros creen que la prensa debería “autocriticarse” como lo hacen empresas periodísticas de otros países. Claro que algunos de ellos creen que eso no ocurrirá. Y está quien señala que pensar en esa posibilidad es “ilusorio”.
El 2 de septiembre de 2004, el Tribunal Oral Federal número 3, (TOF 3), dio a conocer las sentencias con respecto al caso AMIA. Y con ello echó por tierra con la investigación que había realizado el juez federal, Juan José Galeano, a cargo de la causa desde el momento de la explosión. Pero aún faltan los fundamentos, que pronto se difundirán. Se sabrá recién entonces los detalles.
Tres diarios importantes de la Argentina, Clarín, La Nación y Página/12, durante los diez años de investigación judicial se remitieron a publicar información con la “versión oficial”, que se impulsó tanto desde el despacho de Galeano, como del entonces gobierno del presidente Carlos Menem, como también desde la conducción de la colectividad judía, en aquel tiempo personalizada en Rubén Beraja.
No hubo hasta aquí por parte de las empresas periodísticas ningún atisbo de autocrítica por haber sido inducidos a difundir informaciones al menos falsas o direccionadas por los actores de entonces (el Juzgado, la SIDE, la Policía, etc.). En Estados Unidos, ya hubo una decena de medios que pidieron disculpas a sus lectores por haber creído en los argumentos de George W. Bush para invadir Irak: la existencia de armas de destrucción masiva y los supuestos vínculos del líder iraquí con Al Qaeda, nunca demostrados. Aquí sin embargo, la prensa argentina, no quiso o no pudo hasta el presente tener un gesto similar, de pedir disculpas a sus lectores por haber contado la “historia oficial”.
Sin embargo, hubo varios periodistas que tuvieron una visión diferente de la difundida por los grandes medios. Que no creyeron en el juez Galeano ni en la historia contada desde el poder de entonces. Algunos trabajaron de manera independiente, otros en medios de comunicación no masivos, algunos publicaron libros con sus investigaciones y los menos fueron contratados por la parte querellante (AMIA-DAIA) para hacer una pesquisa propia y al ver que la conducción de la colectividad judía no admitía otra hipótesis que la oficial, se desvincularon.
Estos periodistas son – por orden alfabético – Carlos De Nápoli (quien le hizo llegar su disenso con la investigación al propio Galeano), Juan Gasparini (autor del libro “La delgada línea blanca”), Jorge Lanata (autor del libro “Cortinas de humo”, la primera investigación que cuestionó la “historia oficial”), Gabriel Levinas (contratado por la querella para hacer una investigación paralela, tiene la causa digitalizada), Guillermo Lipis (editor del periódico de la colectividad judía Nueva Sión), Horacio Lutzky (ex editor de Nueva Sión e investigador contratado por la querella), Fernando Paolella (de periodicotribuna.com.ar), Juan Salinas (también contratado por la querella, autor del libro “Amia, el atentado” y Revista Poder), Cristian Sanz (de periodicotribuna.com.ar) y Daniel Schnitman (del mensuario “La Voz y La Opinión”). .
El DsD les realizó a todos cuatro preguntas. Hoy compartimos estas opiniones con nuestros lectores.

1) ¿Qué opinión le merece la cobertura periodística del caso AMIA que realizaron durante los últimos diez años los diarios Clarín, La Nación y Página/12?
Carlos De Nápoli: “El desempeño de los medios periodísticos fue pésimo. La causa AMIA merecía destacar al menos un par de periodistas en un intento por seguir la investigación desde el expediente, como base documental, y desde el lugar del hecho como testimonial. Contrariamente, quienes intervinieron, nunca vieron el expediente y se limitaron a propalar las ‘historias oficiales’ que Galeano y algunos dirigentes menemistas de AMIA/DAIA filtraban. En otros casos, cobraban tanto del berajismo como de la SIDE para instalar la versión del coche bomba y de la bonaerense, en un intento claro destinado a evitar que Eduardo Duhalde accediera a la presidencia”.

Juan Gasparini: “Me pareció que muchas veces los periodistas eran prisioneros de sus fuentes, en especial del juez Galeano, con falta de autonomía e independencia, no eran libres. A cambio de información, hoy claramente intencionada, parecía que compraban la versión de Galeano, perdiendo toda objetividad. Peor que un crimen, fue un error. Les ocurrió lo mismo que a ciertos periodistas en Estados Unidos e Inglaterra con la guerra en Irak, o pecaron de lo mismo que pecó el gobierno de Aznar al asegurar que el atentado del 11 de marzo fue obra del terrorismo vasco cuando no lo podían afirmar por falta de pruebas que así lo respaldara. . No fueron fieles, enfatizaron sobre el error, alteraron, tergiversaron, no actuaron con sincera claridad, como exige la jurisprudencia de la Corte Suprema para nuestro oficio, fueron inexactos, tuvieron actitudes ofensivas para convencer al lector de versiones que ni ellos mismos podían sostener fehacientemente”.

Jorge Lanata: “Fue errática, poco profesional y estuvo la mayor parte de las veces manejada – conciente o inconcientemente – por los servicios de inteligencia. Mas allá de la anécdota en que se transformó cada aniversario, en el cual aparecía, invariablemente, un nuevo arrepentido, otro testigo clave, un nuevo informe secreto, la cobertura no se formuló preguntas básicas y, si lo hizo, no supo darle respuestas”.

Gabriel Levinas: “La mayoría de los medios, incluyendo los tres mencionados tomaron como propia la teoría oficial, los periodistas encargados del tema en lugar de investigar el atentado y la manera en que la investigación era manejada por el Estado y la Justicia, prefirió la comodidad de difundir la información que suministraba el juzgado y la daba por buena sin contradecirla, aun en casos obvios donde el juez se mostraba como verdaderamente ineficaz en el mejor de los casos o cómplice del encubrimiento.
Síntomas de ello existieron claramente desde el inicio de la causa”.

Guillermo Lipis: “Si tuviera que decidirme por alguno de los tres medios, respecto a una cobertura más respetuosa, me inclino por el periódico La Nación. Conozco a cada uno de los profesionales que han cubierto el tema y me parece que los periodistas de La Nación lo han hecho con un mayor criterio de independencia respecto de los distintos grupos de la comunidad judía interesados y de su propio grupo editorial. Tanto en Clarín como en Página/12 observé distintos grados de obsecuencia con el juez Galeano que en Página/12 se fue modificando a medida que se caía la construcción ilegal hecha por el juez, y en el caso de Clarín, con la incorporación de otros periodistas a la cobertura. Me consta que muchos de ellos, tanto en La Nación como en Clarín, manejan más información que la que sus medios transmiten, y en algunos casos, ni siquiera están de acuerdo con la ‘cosmovisión de realidad’ dada por las empresas periodísticas en las que trabajan.”

Horacio Lutzky: “La cobertura periodística realizada por estos medios me ha parecido en términos generales lamentable, aunque con diferencias entre ellos. Sin lugar a dudas, ‘Clarín’ ha sido el peor y tiene una gran responsabilidad por el lugar que ocupa como formador de opinión. En ese sentido fue algo así como un apéndice del juzgado de Galeano para instalar la ‘historia oficial’, el cual a su vez nutría de ‘primicias’ esas páginas. En múltiples oportunidades tuve ocasión de ver en las audiencias del juicio oral ante el Tribunal Federal Nº 3 a fines del 2001 y principios del 2002, a las que concurrí, declaraciones fundamentales e impactantes que fisuraban mortalmente la versión oficial y que eran completamente ignoradas en la información de los grandes diarios. Eran hechos del día, datos al alcance de la mano. Pero el público no llegó a enterarse de los numerosos testimonios que desbarataban parte del encubrimiento o que aportaban precisiones o pistas en un sentido diverso al instalado. Se trata de una omisión grave, que afecta el derecho a la información. Respecto de ‘La Nación’ no puede acreditársele un rigor o interés mayor en el tema, y le son aplicables similares conceptos, aunque cabe rescatar los esfuerzos individuales de alguno de sus periodistas, particularmente Jorge Urien Berri, que de tanto en tanto a través de los años fue buscando espacios para instalar alguna mirada distinta y condicional respecto de la ‘investigación’. Con relación a ‘Página/12’, llegó tarde a todo y por años careció de aportes periodísticos propios en lo que podría haber sido el caso de investigación por excelencia. Desde la llamada ‘pista siria’, hasta la profusión de irregularidades y la actuación de personajes como Beraja y su DAIA menemista, no tuvieron entrada en Página/12 durante demasiado tiempo, siendo reflejados solo en unos pocos medios alternativos. Años después, tímidamente comenzaron a aparecer ‘refritos’ de estos medios, aunque generalmente sin citar la fuente o a los colegas que denunciaron tempranamente lo que ocurría. Más recientemente, comenzó a reflejar los aspectos más salientes del encubrimiento y a producir algunos aportes propios en esa línea. El balance es igualmente pobre y de escaso rigor investigativo. El silenciamiento general de lo ocurrido fue en este caso posibilitado por la falta de televisación, lo que posibilitó que un reducidísimo grupo empresarial periodístico de hecho decidiera que se sabría y qué no”.

Fernando Paolella: “La cobertura periodística de la masacre de la calle Pasteur me pareció nefasta, pues estos diarios hicieron causa común con la historia oficial pergeñada por el menemismo y el juez Galeano. Desde que Carlos Menem, poniéndose el sayo de jurista estableció la falacia de la semiplena prueba contra Irán, estos matutinos durante diez años se dedicaron a propalar esta falacia, constituyéndose en la necesaria pata mediática en la cual Galeano pudo sobrevivir 9 años. Durante este tiempo, largo por cierto, dichos matutinos se metieron a pasear en la Trafic inexistente, incluso avalando el cuento persa de la SIDE, el MOSSAD y la CIA del suicida musulmán proveniente de la Triple Frontera. El patetismo de esto llegó a su clímax, cuando se intentó aludir que el antecedente directo del 11 de septiembre de 2001 fue precisamente la voladura de la AMIA”.

Juan Salinas: “Total y absolutamente cómplice con el encubrimiento organizado por Carlos Corach (secundado por Hugo Anzorreguy y, obviamente, por el juez Juan José Galeano) por pedido de Carlos Menem… Y de la CIA, y de Israel, siendo esto último quizá lo más sorprendente de todo. Y es que los atentados cometidos en Buenos Aires no fueron fundamentalistas sino mafiosos, y están relacionados con el tráfico de armas y drogas, el lavado de su producido y algunas ‘mexicaneadas’. Es bueno recordar que el Irangate o Affaire Irán-contras demostró que ya desde hace dos décadas que los servicios secretos de Israel y los Estados Unidos vienen triangulando armas y drogas a través de una red de traficantes integrada por gente como el saudí Adnan Kashoggy, el sirio Monzer Al Kassar, el británico (judío) Judah Eleazar Binstock, y que entonces su banco era el BCCI del saudí Gaith Pharaon, cuya contabilidad central se llevaba la sede del ISI, los servicios secretos de Pakistán. También es bueno recordar que eran muchos (no sólo Amira Yoma) quienes traían de Estados Unidos valijas Samsonite repletas de dólares provenientes de la comercialización de cocaína colombiana y heroína asiática; que ese trasiego era a todas luces producto de un acuerdo entre Menem y Siria (acuerdo en el que, sospecho, también debieron haber participado los servicios secretos israelíes) y que quien encabeza el lavado de ese dinero era un viejo cubano de Alpha 66 (la colateral de la CIA que organizó el desembarco de Playa Girón o Bahía de los Cochinos) que había sido el principal lavador del general panameño Manuel Noriega mientras Noriega no se rebeló ante las órdenes del padre del presidente Bush, quien cuando era jefe de la CIA le pagaba una suculenta mensualidad. Curiosamente, horas después de la voladura de la AMIA , la estación de la CIA en Beirut le informó al gobierno argentino que los autores del atentado eran los mismos que al día siguiente (19 de julio) habían derribado de un bombazo un avión en Panamá, con un saldo de dos decenas de muertos. Pues bien: éste atentado está claramente relacionado con el lavado por parte de uno de los muertos, un joyero judío de la zona franca de la ciudad atlántica de Colón, de los lingotes de oro con los que la mafia italiana pagaba los envíos de cocaína del Cartel de Calí. Esto está en los primeros cuerpos del expediente judicial y jamás ha sido investigado porque es una papa hirviendo. Panamá era entonces un lava-rap bajo estricto control de la CIA”.

Christian Sanz: “Una verdadera vergüenza. La peor cobertura fue la de Clarín, seguida por la de Página/12 y finalmente La Nación, las tres patas del mismo pulpo. La falta de la más mínima ética a la hora de escribir es irreparable a esta altura. Es un precepto inevitable de la profesión periodística chequear la información y estos no lo han hecho. Los artículos más indigeribles son los que han escrito los periodistas Daniel Santoro, Raúl Kollman, Román Lejtman y Gerardo Young. Todos tendenciosos y falaces”.

Daniel Schnitman: “En realidad, hubo muy poca investigación periodística. Se puede decir que la cobertura del caso AMIA, prendió fuerte en esos medios al llegar la fecha del 18 de julio de estos 10 años. Se debe tener en cuenta que esta década infame fue manejada por un inescrupuloso grupo de poder, con el ex presidente Menem a la cabeza. Este grupo tejió alianzas non sanctas con los poderosos medios nacionales, los que se vieron forzados (en algunos casos, en otros no) a mirar la Causa AMIA desde la perspectiva que le convenía al gobierno.”
2) ¿Por qué nunca creyó en la investigación del juez Juan José Galeano y cual es la hipótesis que usted sostiene?
Carlos De Nápoli: “Nunca creí en Galeano ya que era un notorio antisemita y me tocó en suerte conocerlo como secretario del Dr. Velazco (tío de quien sería posteriormente su secretario en la causa y prueba de lo que se conoce vulgarmente como ‘familia judicial’). Intentaba por entonces lograr que se investigara mi secuestro, ya que existían diversas formas de conocer a la banda policial actuante. El Dr. Velazco había detenido a varios policías en relación al denominado caso Güemes, si mal no recuerdo por 1987. Velazco llamó a Galeano y le comentó que investigara mis dichos por la documentación que estaba
aportando. Me citó para el día siguiente. Apareció sin elementos para tomar notas, limitándose a escuchar, explicándome la ‘complejidad’ que significaba investigar a la Policía Federal. Nunca más volví a verlo, hasta que luego del atentado, le recordé el episodio. Me pidió que no comentara el asunto debido a la complejidad de la causa. En ese momento percibí que en nada había cambiado pese al tiempo transcurrido. En tal circunstancia, me dirigí a la fiscalía de Müllen y Barbachia, transformado ya en un fantasma peligroso para Galeano. Allí, por primera vez en la causa, plasmé la posibilidad de que hubiera relación entre uno de mis secuestradores durante la dictadura, Raúl Pedro Telleldín, comisario Director de Inteligencia de la Policía de Córdoba y el detenido que por entonces se hacia llamar Carlos Teccedín, para ocultar el origen arábico del apellido. (Tell el Din tiene una acepción similar a Monte de Dios o montaña divina en árabe). Con estos antecedentes era imposible creerle nada a Galeano. En cuanto a la hipótesis sostenida, se trata sencillamente de la que inicialmente tomó forma en la causa, y hacia la cual se dirigió correctamente la investigación, es decir, que la bomba había sido colocada dentro del volquete. Cualquiera que acceda a la causa observará, sin dudas ni discusiones, el desarrollo de los sucesos. El personal policial interviniente describe tanto la acción de la explosión, como el estado de los restos del volquete, indicando que contenían también ‘restos del explosivo utilizado’. Se ordena así la detención de Nassib Haddad y de algunos familiares. Se comprueba de inmediato que Haddad había adquirido enormes cantidades de Amonal (el explosivo utilizado), secuestrándose incluso planos de la calle Pasteur sobre como colocar correctamente el volquete (está agregado a la causa). En un lugar oculto de la cascotera Santa Rita se encuentran las facturas de compra de los explosivos. Allí se indicaba que habían sido proveídos por la firma Delbene y Serris SRL de Olavaria, sin que Haddad estuviera autorizado a comprar explosivos. Delbene y Serris, ahora llamada Explosivos Centro es el lugar donde se encontraron horas atrás misiles antiaéreos y una cantidad de detonadores (como el utilizado para la voladura de AMIA). Continuando con las investigaciones, los fiscales descubren que otro volquete había sido enviado a la calle Constitución al 2.600, un terreno vacío que utilizaba como estacionamiento tanto la Policía Federal como Kanoore Edul, ordenándose su detención. Kaanore Edul tenía relación de amistad con la familia Menem, y así lo hace saber a los investigadores para presionarlos. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, ya que todo indicaba sin lugar a dudas que el entorno directo de Menem se encontraba involucrado en el atentado (Yoma, Edul, Haddad, Ahmed, etc), entró el sistema destinado en origen a desviar la causa hacia la Trafic fantasma. Sin embargo, se llevarían una sorpresa ya que del escaso control de llamadas realizado, una de ellas fue de Kanoore Edul a Telleldín. En resumen, esta probado en la causa que la bomba se colocó en el volquete, que Haddad proveyó los explosivos y los expertos en armar la bomba, que a ellos se los proveyó Delbene y Serris, que fue armada en una propiedad que regenteaba Kannore Edul, que la colocó el camionero Díaz , que todo el entorno de Menem participó del atentado, y que Galeano construyó lo necesario para evitar la caída del presidente, inventando con ayuda de Telleldín y de la Federal una Trafic inexistente”.

Juan Gasparini: “En el libro ‘La delgada línea blanca’, que escribiera con mi colega chileno Rodrigo de Castro, exploré la pista Monzer Al Kassar en una serie de ilícitos en Argentina, y allí surgió una trama relacionada con la AMIA e, incluso con la Embajada. Nunca Galeano se decidió chequearla, ni a investigarla. Por otra parte, en ese mismo libro revelé la existencia de una cuenta en Suiza de Nicolás Becerra, entonces Procurador General de la Nación, artífice de la naturalización irregular de Al Kassar en Argentina. Mi revelación fue recogida por el abogado Juan Carlos Iglesias que presentó una denuncia en tribunales. El caso cayó en manos de Galeano, que avisó a los fiscales Rívolo y Navas que pediría el levantamiento del secreto a Suiza y la notificación de la cuenta. Los fiscales lo anunciaron oficialmente a la prensa en junio de 2001, pero después Galeano echo para atrás. Cubrió a Becerra para que no se lo investigara”.

Jorge Lanata: “Galeano nunca investigó, sino que realizó el camino inverso: eligió el culpable y construyó la manera de llegar a él. En la elección de ese culpable influyeron intereses geopolíticos (de Israel, Estados Unidos y Argentina) espurios (de los que ocultaron pruebas o crearon pistas falsas) y burocráticos (de la “apariencia” de una investigación que debía mantenerse hasta el final).En “Cortinas de humo” publicamos, seis meses después del atentado, que no había sido un hecho centralmente antisemita, sino que se trataba de una factura por acuerdos incumplidos de lavado de dinero a Carlos Menem.”

Gabriel Levinas: “Básicamente porque la forma en que investigaba, como dejaba de lado pistas importantes y como forzó una versión única, indicaban claramente que su rol no era precisamente encontrar a los culpables sino simplemente reemplazarlo por cualquier culpable.”

Guillermo Lipis: “Nadie puede decir que nunca creyó en el juez Galeano porque sería faltar a la verdad acerca de la buena fe inicial que uno debe tener frente a cualquier ámbito de la vida, incluida esta investigación. Quiero aclarar que desde mi función de editor no investigué en profundidad la Causa AMIA sino que pude ir formando una lectura crítica desde la interpretación de los acontecimientos. No me involucré directamente sobre los expedientes como algunos de los colegas que aparecen en estas páginas, pero las narraciones o lecturas de acontecimientos vinculados a las investigaciones no siempre aparecían bien hilvanados. Podían detectarse interpretaciones o lecturas, al menos, curiosas de los acontecimientos. ¿Por qué no todos los querellantes tenían las mismas facilidades para seguir el expediente? ¿Por qué Galeano viajó sólo con la doctora Marta Nercellas a tomar declaración al testigo “C” y no viajó ningún otro representante de lo que luego sería la otra querella? ¿Por qué Galeano se reunía con Menem dejando de lado la necesaria división de poderes? ¿Por qué la doctora Nercellas no fue ni siquiera observada cuando grabó ilegalmente a los policías bonaerenses? Y la frutilla del postre terminó siendo la oferta de los 400.000 dólares para inculpar a los policías bonaerenses. Mi hipótesis es que se trató de construir una trama que alejara la investigación del entorno menemista y la llamada ‘pista siria’. Respecto al ex Presidente Carlos Menem, ‘C’-según da a conocer la Oficina Anticorrupción (OA) en un escrito de 77 páginas que refuerza el pedido de juicio político al aún juez Juan José Galeano-, afirma que el encargado cultural iraní en Argentina para esa época, Hossein Joseini ‘había conseguido tomar contacto directo con la gente del entorno de Carlos Menem’y ‘se había dado cuenta que Menem era más antisemita que los iraníes. Que esta posición antisemita de Menem fue informada a Irán. Sabiendo el compareciente -por ‘C’- que vendría a declarar, trató de buscar los nombres del entorno mencionado de Menem con los cuales Joseini tenía contactos pero no los encontró. Uno de ellos viajó cuatro veces a Irán después del atentado de 1994 y trabajaba en una oficina de la Presidencia de la Nación’. Y respecto a la ‘pista siria’, ésta no reemplaza a la iraní sino que la complementa. No es una u otra sino las dos juntas. Ni la iraní ni la siria sola. Basándome nuevamente en información confiable de la Unidad Especial de Investigación de la OA, sustentada en escritos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, la Unidad Especial de Inteligencia Antiterrorista de la Gendarmería Nacional y la División Antiterrorismo de la Prefectura Naval, ‘se señalan las relaciones Irán-Siria como un elemento de suma importancia en la geopolítica de Oriente Medio, toda vez que el Hezbollah, brazo armado del régimen iraní, quedaría militarmente paralizado sin el apoyo directo o indirecto de Siria, a partir de lo cual, se señala que si bien no puede determinarse una participación directa en los atentados en la República Argentina, se infiere que Siria -cuanto menos- tenía conocimiento previo de las operaciones terroristas’. En buen criollo, también están diciendo que si Siria hubiera querido, habría tenido la suficiente capacidad de intervención para detener los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA. Como podemos observar a través de estos dos ejemplos, que podríamos multiplicar por varios más, había motivos más que suficientes para que Galeano se reuniera con el entonces Presidente Menem, lo tuviera al tanto de los acontecimientos y se mezclaran los intereses de los poderes de Estado.”

Horacio Lutzky: “Nunca le creí a Galeano porque frente a un hecho criminal de semejante magnitud desconfiaba de la capacidad y criterio de un magistrado que -como publiqué en agosto de 1994 en una notita que llevó por título ‘El pebete federal’-, como antecedente cercano más relevante, exhibía su decisión de promover una causa contra un preso que había comido furtivamente medio sandwich de una funcionaria de su juzgado. Fuera de ello, estaba convencido de la responsabilidad política del presidente Menem, y así lo firmé en un editorial de Nueva Sión de la misma semana del atentado, ‘carta abierta al presidente Carlos Saúl Menem’, algunos de cuyos párrafos fueron levantados por el New York Times. Siguiendo ese razonamiento, y conociendo como fue el escandaloso procedimiento de nombramiento de jueces federales en los 90, había razones para ser escépticos. Poco a poco se fueron sumando elementos ya más concretos que demostraban la absoluta sujeción del juez a los designios del poder ejecutivo y la SIDE, siendo que esta última tenía entre sus ‘investigadores’ a nazis confesos y personajes que jamás podrían estar interesados en el esclarecimiento. En lo personal, comencé a tener conciencia de que se estaba consumando el encubrimiento en ocasión de estar al frente de la dirección de noticias de la señal de cable Alef Network junto a Marcos Doño. Rubén Beraja era el principal socio capitalista y presidente del canal. Ni bien comenzamos a emitir, a partir de julio de 1995, privilegiamos el tema del atentado y la impunidad. Y muy rápidamente comenzamos a recibir incomprensibles presiones para eliminar el departamento de noticias del canal, aunque alegando razones presupuestarias. Fue despedido el personal que trabajaba en el mismo, con excepción de alguno que fue reubicado en otra sección, y Beraja comunicó que ‘esto no es un canal de noticias’. Era evidente el interés en bajar los decibeles con relación a este tema. Tiempo después, y dentro de un ciclo ‘cultural’ que denominamos ‘La Pluma’, al cumplirse el segundo aniversario preparamos un informe especial (‘¿Por qué la impunidad?’) con intervenciones de periodistas críticos como Carlos Juvenal y Rogelio García Lupo, y diversos testimonios que apuntaban al encubrimiento del menemismo, a la ‘pista siria’, a la SIDE y la Federal, que desató la ira de Beraja y sus socios del banco Mayo. Años después, se probó que la misma semana en que se emitió ese programa especial, le habían pagado a Telleldín los primeros U$S 200.000 del soborno para desviar la investigación. Poco tiempo después no pudimos ni pisar la vereda del canal. Considero como sumamente probable que en los atentados a la Embajada y a la AMIA haya actuado una misma matriz mafiosa ligada a sectores de Medio Oriente que movilizaron cuantiosos recursos y apoyos de todo tipo para la campaña presidencial de Menem de 1988, a partir de la interna con Cafiero. Son abundantes y consistentes los testimonios y documentos acerca de los irresponsables compromisos asumidos por el candidato Menem, sobre las sumas millonarias recibidas por él o sus delegados y sobre la posterior instalación en el país de personajes del estilo de Monzer Al Kassar o Ibrahim al Ibrahim , como evidente principio de cumplimiento de tales promesas. Estando estratégicamente instaladas en el país esas redes mafiosas, la relación sin embargo se deteriora a fines de 1991 tras la cancelación del proyecto misil Cóndor y del contrato de suministro nuclear a Irán, por presiones norteamericanas, a lo que puede sumarse la publicidad del escándalo conocido como ‘Yomagate'(o ‘Narcogate’) y el envío de naves argentinas al Golfo Pérsico. A la hora de elegir un blanco occidental, los factores extranjeros que están detrás de los atentados encontraron en Argentina varios beneficios secundarios: 1) venganza contra Menem; 2) infiltración estratégica, con seguridad de movimientos garantizada (aduanas; aeropuertos y depósitos fiscales; migraciones, Fabricaciones Militares, etc.) 3) corrupción en fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial; 4) abundancia de elementos policiales de formación antisemita.; 5) seguridad de que el mensaje sería entendido por quien consideraban traidor y que éste guardaría silencio. No se ha investigado debidamente la evidente zona liberada de ambos atentados ni, en el caso de la AMIA, otras hipótesis que desde siempre tuvieron importante sustento, y que orientan a considerar la posibilidad de una doble explosión: una ocurrida en una pila de bolsas dejadas momentos antes en la entrada del edificio y una menor en un volquete depositado en los cuatro o cinco minutos previos por un empleado que declaró con mendacidad y graves contradicciones. Indudablemente existió una Trafic (o partes de) que formó parte del operativo terrorista, lo que de ninguna equivale a tener por cierto que la misma portaba la bomba y que entró circulando por Pasteur. Hay más de una decena de testigos presenciales, la mayoría sobrevivientes, que desmienten ese supuesto, no obstante lo cual su rol será judicialmente tenido por comprobado en base a elementos recolectados en forma totalmente irregular y a algunas pericias que a nuestro criterio no ofrecen garantías de fiabilidad.”

Fernando Paolella: “Galeano fue el claro ejemplo de la dependencia del poder judicial al ejecutivo. Desde que llegó al cargo, gracias a los buenos oficios de Menem-Anzorreguy, se mostró más que proclive a atender los requerimientos que bajaban del entonces Polideportivo de Olivos. Ni bien se hizo cargo del caso AMIA, todos sus esfuerzos estuvieron encaminados en que se acusara al fundamentalismo islámico del ataque, tal como le habían dictado desde el menemismo. Por eso, la insistencia en inculpar a Telleldín-Ribelli, con el cuento de la conexión local necesaria y la Trafic fantasma. La hipótesis que manejo sostiene que los atentados contra la embajada israelí y la AMIA, fueron consecuencia de las promesas incumplidas de Menem a la tierra de sus ancestros, o sea Siria. Hafez Al Assad, el dictador de ese país fallecido en junio de 2000, le había hecho pagar con creces su traición, mediante sendos mensajes en forma de hongo explosivo. Si bien el aludido se dio perfectamente cuenta de donde venía la mano, se cuidó muy bien de exponer esto a la luz pública, dando rienda suelta a un monumental encubrimiento.”

Juan Salinas: “No fue una cosa instantánea, sino un proceso paulatino. Yo integraba un grupo de investigación de la propia AMIA, equipo que enseguida sufrió el embate de Israel y de la DAIA para que la AMIA lo disolviese. Y luego, cuando el marco de un equipo mucho menor presentamos nuestro primer informe ante el juzgado -a mediados de 1995- nos encontramos que nuestro contratante, el abogado de la AMIA, Luis Dobniewski, era renuente a presentarlo. Hasta el punto de que tuvimos que hacerlo con quien era entonces mi abogado y el de la Cooperativa de Periodistas Independientes que editaba el mensuario El Porteño, Aníbal Ibarra. Ya en ese momento tuvimos claro que Galeano jamás investigaría el entorno de Menem y el secretario Javier De Gamas nos dijo con mucha claridad que jamás investigaría el papel de los custodios de la Policía Federal.”

Christian Sanz: “Había demasiadas contradicciones y ya se avizoraban datos que vinculaban a personajes de la comunidad siria en el atentado que no eran tenidos en cuenta por el juez Galeano. El propio Jorge Lanata se animó a mostrar tímidamente algunos indicios reveladores que nunca fueron tomados en cuenta ni por el periodismo ni por la justicia. Y no hablamos del año 2000, sino de fines de 1994.”

Daniel Schnitman: “Todo lo manejado por del poder Menemista me olía a podrido. Los jueces, especialmente, que llegaron a ocupar esa honorable posición no en base a merecimientos propios sino por amiguismo, sociedades o negocios. El Juez J. J. Galeano no salía de esa nefasta regla, por lo que nunca creí que investigaría el atentado de la AMIA, sino todo lo contrario, y, lamentablemente así sucedió. Es difícil, hasta este momento, emitir opinión certera sobre el porque de la no investigación. Seguramente en la nueva perspectiva judicial en que se encuadra la investigación se verán a los cobardes defendiéndose y tratando e zafar de sus encubrimientos. Para ello, van a inculpar a otros, quienes también tratarán de escapar al escarmiento judicial. Allí está la clave, la pelea interna entre quienes encubrieron, falsificaron pruebas, sobornaron, espiaron etc. De este berenjenal de inescrupulosos saldrá quienes tuvieron más o menos participación en el embarramiento del atentado más horrendo padecido por este país en toda su historia.”
3.- ¿Tuvo alguna vez la oportunidad de advertirle a los periodistas de los diarios citados – o a sus responsables – que estaban difundiendo información falsa?
Carlos De Nápoli: “Sí”

Juan Gasparini: “No”

Jorge Lanata: “Por supuesto. En particular a la gente de Página/12 que hizo la cobertura. En uno de los casos, Román Lejtman, decidí despedirlo de mi programa de radio porque operaba para determinados intereses vinculados a la causa.”

Gabriel Levinas: “En innumerables oportunidades les llevé material del expediente información que era inexplicablemente desechada, Daniel Santoro (Clarín) es un ejemplo de ello. Y un defensor del juez Galeano y de los fiscales Mullen y Barbaccia hasta último momento, pero no fue el único.”

Guillermo Lipis: “Tuve oportunidad de ofrecerles otro tipo de información que, por lo que aparecía en los medios nacionales, presuponía que no la disponían. Pero supongo que en muchos casos las decisiones editoriales primaron sobre sus propios artículos; y en otros casos, me convencí de que no querían mostrar otra verdad más que la oficial. En otros casos, no resultaba convincente para ellos que un medio chico como Nueva Sión manejara información e interpretaciones que ellos mismos podían hacerlo si leían los datos con una óptica diferente. Lamentablemente, en muchos casos, este tipo de lecturas estuvo impulsada, también por el establishment de la dirigencia de la comunidad judía que especulaba con su poder de lobby frente al temor implícito de los medios a ser tildados de antisemitas. Por ese mismo motivo, en muchos casos, no era considerada la opinión contraria a Galeano de Memoria Activa o APEMIA, opuesta hasta casi los últimos días del juicio de la AMIA y la DAIA. Estas instituciones comenzaron a hablar de la caída de la causa pero no percibieron (¿o sí?) que fueron partícipes de ello. La AMIA, a través de su abogado -el doctor Avila- cuyo trabajo dentro del equipo de abogados de la querella oficial no coincidía con un discurso progresista del Presidente de la institución, Abraham Kaul. Y la DAIA, que actuara en un tono coincidente entre la doctora Nercellas y la dirigencia de turno hasta la caída de la causa, excepto el corto plazo que presidiera Gilbert Lewi. En conversaciones de ‘off’ absoluto, muchos periodistas de medios nacionales afirman que nunca un medio nacional va a “tirarse” contra la opinión del establishment estatuido de la comunidad judía de la Argentina. Este argumento no fue el único elemento instituido para que los medios sustentaran, por ejemplo, la existencia de la Trafic sin siquiera poner un verbo en potencial; pero creo que habría que buscar las razones entre esta rara y explosiva mezcla de incredulidad frente a la gran y perversa estrategia menemista por obstruir la búsqueda de la otra verdad y una inexplicable asociación de algunos sectores de la interna comunitaria que han defendido a Galeano hasta casi las últimas consecuencias y no quisieron escuchar otras alternativas. De hecho, quien suscribe -junto al periodista Juan Salinas-, tiempo antes del inicio del juicio oral, estuvimos reunidos en el quinto piso de la sede de la AMIA con el abogado de la institución, el doctor Avila y su equipo, a quienes le dimos a conocer nuestras hipótesis. Nunca más fuimos convocados.

Horacio Lutzky: “Participé en algunas reuniones y debates sobre este tema, tanto públicas como privadas. Fuera de haber padecido censura en algún otro medio, como en la revista “Tres Puntos”, de una nota recibida para su suplemento “Diario del Juicio”, que según su Secretario de Redacción Luis Sicilia habían decidido mandarla a tapa. Su entonces editor, Mauricio Farberman, sostuvo en presencia de testigos que el problema era que “sonaba muy del estilo de Memoria Activa”. En privado reconoció “presiones”. Dos números después, el suplemento especial y tapa de “Tres Puntos” fue “Pou, el Banquero Antisemita”, a favor del ex titular del Banco Mayo. Justamente, en uno de esos debates, el periodista de ‘Clarín’ argumentó que el diario no se iba a tirar contra el establishment de la comunidad judía, y si esa dirigencia apoya al juzgado y a la versión oficial, cambiar esa situación no es responsabilidad del periódico. En Página 12 en el año 2001 fue publicada una nota de mi autoría conectando las causas AMIA y Embajada con la del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pero existía una similar resistencia a entrar en cuestionamientos directos a la “historia oficial” y a temas que consideraban propios de la interna judía. En los últimos años el berajismo dejó de ser un tema tabú. En ‘La Nación’ encontré el sincero interés y receptividad de Urien Berri, que en varias ocasiones dio lugar a voces disidentes, aunque en casos como éste es necesaria una fuerte decisión editorial.”

Fernando Paolella: “Sí, en ocasiones traté mediante sendos artículos advertir el cariz que estaba tomando la investigación de este caso en la corporación mediática nacional, pero fue en vano dado los poderosos intereses internos y externos que sostienen la historia oficial falaz.”

Juan Salinas: “La clave del encubrimiento es la supuesta Traffic-bomba. Jamás hubo una camioneta-bomba, ni en la embajada de Israel ni en la AMIA, donde sin embargo si hubo una Traffic-señuelo, un elemento central de la operación terrorista, colocado por los asesinos a sabiendas de que algunas de las ‘víctimas’ (como Menem y los servicios secretos de Israel) se aferrarían a él. Que harían cualquier cosa con tal de impedir que quedara a la luz quienes y por qué cometieron los atentados. Les advertí a varios colegas de los Clarín, La Nación y Página/12 de que estaban colaborando con el encubrimiento y sigo haciéndolo ahora, cuando fracasado el encubrimiento original, se ha puesto en marcha un segundo encubrimiento… ¿O alguien cree que el fiscal Nisman – ladero de Mullen y Barbaccia- puede encabezar la búsqueda de la verdad? La clave es que la SIDE del ingeniero Stiusso (el hombre de confianza de la CIA y el Mossad, según proclamó Miguel Angel Toma) hará lo imposible para mantener la idea (que carece prácticamente de encarnadura, de materialidad) de la (supuesta) Traffic-bomba, ya que ella remite a fanáticos religiosos y a suicidas. Si se deja de pensar en la Traffic-bomba, enseguida se ve que los atentados fueron cometidos aprovechando que ambos edificios estaban en refacciones y que los cometió una banda de mercenarios locales, integrada muy mayoritariamente por policías federales (en activo, retirados y exonerados) y plumas (civiles adscriptos), banda continuadora de los ‘grupos de tareas’ de la dictadura y emparentada con la célebre ‘Banda de los comisarios’ (de la que, dicho sea de paso, jamás fue detenido el comisario que la dirigía). Y que en el ataque estuvieron involucrados íntimos y familiares de Menem.”

Christian Sanz: “Una veintena de veces. He ofrecido (Junto a mi colega Fernando Paolella) evidencia concreta de manera gratuita a estos medios sin respuesta alguna. Con Santoro he tenido un intercambio epistolar de novela sin lograr que respondiera siquiera algo lógico en su defensa. Fuera de eso, envié unas quince cartas de lectores que nunca fueron publicadas.”

Daniel Schnitman: “Por supuesto que lo hice, no desde el punto de asociarlos a esa falsedad, pero si en apuntarles lo equivocados que estaban al difundir noticias sin fundamento alguno.”
4.- ¿Deberían los periodistas o las empresas periodísticas mencionadas decirle a sus lectores que, al menos, publicaron información o investigaciones falsas?
Carlos De Nápoli: “Si”

Juan Gasparini: “Si. Lo están haciendo diarios y medios en Estados Unidos e Inglaterra, a raíz de la guerra en Irak y problemas colaterales. Los que lo han hecho han salido fortalecidos, pero la soberbia es tal en Argentina, que ninguno de los que informaron equivocadamente y muchos a sabiendas lo harán. Peor para ellos.”

Jorge Lanata: “Mientras no lo hagan seguirán siendo tan poco creíbles como hasta ahora.”

Gabriel Levinas: “Debieran reconocer primero la verdad actual del caso y dar espacio a las distintas líneas de investigación en lugar de volver a cometer, como ya se percibe, el mismo error de aceptar otra nueva versión oficial.”

Guillermo Lipis: “En un periodismo serio y de autocrítica, deberían hacerlo. En definitiva, los medios están hechos día a día por seres humanos y no por marcianos omnipotentes. Sin embargo, ya tenemos ejemplos de la no autocrítica en relación al funcionamiento de los medios durante la dictadura. ¿Por qué habrían de hacerlo en este caso?”

Horacio Lutzky: “Sin lugar a dudas, es imprescindible un debate serio y profundo sobre el rol jugado, en distinta medida, por estos diarios en la desinformación diseminada en estos diez años. Es sumamente grave lo ocurrido, por acción o por omisión. Ninguno de estos medios destinó recursos especiales ni formó equipos de investigación con un mínimo de continuidad para los que han sido los hechos criminales más graves de la historia argentina, con condimentos políticos que tienen algún punto de contacto con otros crímenes y episodios de corrupción de los 90, y que no se limitan sólo y exclusivamente al difuso concepto del ‘terrorismo internacional’. Un fenómeno Blumberg sería impensable sin el accionar – controvertido – de un grupo de medios de comunicación. En otro sentido, cabe entonces también analizar la relación entre el tratamiento informativo de los casos AMIA y Embajada y la desmovilización social, con más de un centenar de muertes impunes. Considero que así como los medios reproducen las distinciones de que son objeto sus periodistas o las empresas, en un caso de defección tan notorio deberían realizar una sincera autocrítica frente a sus lectores.”

Fernando Paolella: “Deberían por cierto hacerlo, además de efectuar una necesaria autocrítica ante la sociedad pero todavía no se han dado por enterado.”

Juan Salinas: “Deberían… pero no lo harán. Un colega, cuando pudo, lo hizo entre líneas. Si hubiera sido más explícito, sus jefes no le hubieran dejado. O hubiera sufrido represalias: fueron las direcciones de los diarios, no los periodistas de a pie, los que acordaron plegarse al encubrimiento organizado desde la cúspide del Estado, supongo que a cambio de canonjías y devolución de atenciones. Hay que tener en cuenta que la directora y propietaria del mayor diario de la Argentina rapiñó dos hijos de detenidos-desaparecidos y ahí sigue, impune y sin colaborar en lo más mínimo para que se establezca la verdad. Además, los tres diarios mencionados son como la Santísima Trinidad. Son tres, pero a la vez son uno. Estos misterios son de la misma naturaleza que la supuesta Trafic-bomba. Si uno dice que no existió, tiene que estar preparado para que se lo acuse de los peores crímenes.”

Christian Sanz: “Eso es lo menos que tienen que hacer ante el vergonzoso revés que han sufrido y que salpicó inmerecidamente al periodismo vernáculo. Estos medios demostraron (terminaron de demostrar) que no son más que meros operadores del poder de turno. Quienes trabajamos en esta profesión sabemos que estos no son creíbles ni independientes, pero la gente no lo sabe. Ojalá haya un mea culpa, pero me parece que esperar semejante gesto por parte de esta gente sería demasiado ilusorio.”

Daniel Schnitman: “Sí, deberían hacerlo, como se hace en cualquier país serio. Por supuesto que Argentina no lo es, y no lo fue especialmente durante la administración Menemista. El tema es que estos medios, que se mueven de acuerdo a sus intereses, todavía no deben tener bien definido que es lo que les conviene. Estarán, seguramente, barajando la posibilidad de un futuro kirchnerista, Menemista o de otro tinte político-económico. Luego de visualizar a quien / es tendrán el poder en el futuro, seguramente bajarán la línea a seguir de acuerdo a sus intereses, que lamentablemente son más económicos que periodísticos.”

Desarraigado en su propio país: cómo trabajan los detenidos: El complejo industrial-penal en los Estados Unidos

Las prisiones son un negocio jugoso, sobre todo en los Estados Unidos, donde se encuentra mano de obra barata, sin derechos y -claro está- cautiva. Muchas grandes empresas entre las que se encuentran Microsoft, Starbucks et Colgate Palmolive se aprovechan de ese sistema. Más allá de beneficios sustanciales, el complejo industrial-penal en los Estados Unidos funciona como un inmenso sistema de represión, control y explotación.
En 1961, el general y presidente Dwight Eisenhower empleó por primera vez el término «complejo militar-industrial» para designar la alianza estratégica entre los círculos militares estadounidenses y los industriales del armamento cuyo objetivo era el crecimiento de sus ganancias mediante la promoción de su mercancía: la guerra.

Durante la Guerra Fría, esta alianza generó enormes beneficios para el sector privado -especialmente gracias al apoyo político y económico del Estado -que recurría cada vez más a la fuerza militar, apoyaba las guerras de contrainsurgencia y estimulaba la construcción masiva de armas nucleares. El «complejo industrial-penal» (PIC en inglés) designa el vasto sistema represivo, de control y de explotación en que se ha convertido hoy el sistema carcelario estadounidense.

Durante los últimos 30 años, hubo una explosión de la población carcelaria -se duplicó desde 1990 [1]. Hoy existen dos millones de detenidos, cifra a la que se deben añadir los cinco millones de personas en libertad condicional .

Los Estados Unidos, que representan el 5% de la población mundial, tienen así el 25% de los prisioneros del planeta. Además, desde la «guerra contra la droga» llevada a cabo por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), la composición étnica de la población carcelaria difiere notablemente de la que corresponde a la sociedad norteamericana.

El 63% de los presos es de las minorías negra y latina, mientras que estas minorías constituyen solamente el 25% de la población nacional . Aunque esta disparidad tenga una relación evidente con la distribución de las riquezas según los orígenes étnicos, así como con las cifras de la criminalidad, esto no lo explica todo.

Numerosos expertos consideran que se trata en realidad del proseguimiento insidioso de las políticas discriminatorias. La prisión sería el sistema más rentable para hacer desaparecer a aquellos que la sociedad considera inaceptables. ¿Por qué?

Pilar Maschi, es ex presa y madre soltera de una niña de cinco años, ahora activista a tiempo completo del movimiento abolicionista Critical Resistance. Esta asociación lucha por la eliminación de todas las prisiones y por la reconstrucción de comunidades y relaciones solidarias.

A continuación la explicación que brinda: «Desde la década del 70, el Estado llevó a cabo una feroz represión ante al levantamiento de los movimientos de la gente de color, grupos radicales, movimientos feministas y, en general, de rechazo a la guerra de Vietnam. Al mismo tiempo se emprendieron cambios profundos en la estructura productiva.

Los jefes empresariales, con el apoyo del gobierno, abandonaron a millones de personas cuyo trabajo ya no era necesario. Convertidas en inútiles, estas personas fueron etiquetadas como peligrosas para la sociedad.

Fueron clasificadas como desempleadas o criminales por parte del PIC que simplemente encontró la forma de generar un beneficio económico a partir de estos excluidos. En 1970, la cifra de prisioneros en los Estados Unidos era de 200,000, mientras que hoy supera los dos millones.»

Ik Aikur, originario de Nigeria, igualmente activista de Critical Resistance en New Haven (Connecticut), destaca el alto grado de exclusión en las comunidades de color que no tienen otra alternativa a no ser el servicio militar, los trabajos mal remunerados y precarios o la de emprender una actividad ilegal que tarde o temprano lleva a la prisión y por ende a una mayor exclusión.

Imagínense en particular que una sola condena por infracciones vinculadas a la droga o a la violencia provoca la imposibilidad legal de obtener un empleo. Las mujeres sufren el PIC doblemente: como presas, o como compañeras o familiares allegadas a los presos masculinos que por falta de posibilidades de reinserción regresan a sus comunidades y reproducen los esquemas de violencia y adicción.

El encarcelamiento masivo tiene efectos terribles entre los grupos sociales ya marginados, con fuertes índices de consumo de drogas y desempleo, especialmente entre los afronorteamericanos, los latinos y los indígenas víctimas del PIC. Critical Resistance estima que de cada tres jóvenes afronorteamericanos uno se encuentra en prisión o ha estado preso. En las comunidades más pobres estas cifras son aún más elevadas…

Los negocios son los negocios
El boom de la privatización de los servicios de seguridad comenzó en los años 90. Los centros de detención para inmigrantes indocumentados del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) -que poseen centros especiales para inmigrantes, pero que utilizan igualmente prisiones convencionales- están también integrados en el sistema. Durante el año fiscal 2000, el presupuesto del SIN era de 4 270 millones de dólares, con un aumento del 8% en relación con el año anterior.

Desde el 11 de septiembre, que tuvo como consecuencia el encarcelamiento por plazo indeterminado de miles de ciudadanos de origen árabe, la inversión en este sector aumenta continuamente . Las empresas privadas que se encargan de la gestión, de la seguridad y de la deportación de extranjeros se benefician igualmente desde los años 90 con el aumento del financiamiento para encarcelar a los indocumentados.

La primera experiencia de prisiones privadas tuvo lugar en los años 80, durante la administración Reagan, con la construcción de algunas prisiones de seguridad mínima en Houston y en Laredo, Texas.

Con las habilidades «técnicas» de ex directores de prisiones y el dinero de las empresas -especialmente de Kentucky Fried Chicken- se fundó la Corrections Corporation of America (CcA), actualmente la mayor empresa privada del sector, con contratos en los Estados Unidos, Puerto Rico, Inglaterra y Australia. El ex agente del FBI George Wackenhut fundó la Wackenhut Corrections, otra importante empresa especializada en prisiones privadas.

No es difícil observar lo que sucedió durante los últimos veinte años: en la última fase de la Guerra Fría, la industria guerrerista, la tecnología y el conocimiento en seguridad se convirtieron en jugosos negocios. El «complejo industrial-penal» tiene diferentes facetas, pero la más rentable entre ellas, tanto para las grandes empresas que lo administran como para aquellas que tratan de reducir sus costos de producción, es la abundancia de mano de obra barata en las prisiones.

Un ejemplo escandaloso es el de la empresa LTI Inc. que, de acuerdo con la Wackenhut Corrections, trasfirió sus instalaciones al interior de las estructuras carcelarias para aprovechar la mano de obra. ¿Dónde si no encontrar trabajadores que reciban el salario mínimo y no puedan sindicalizarse?

No se trata de un caso aislado. En California, el sistema es floreciente gracias a los bajos costos de la mano de obra (22 centavos de dólar la hora [6] y beneficia a diversas empresas: Microsoft, Colgate Palmolive, Starbucks…. Si no quieren perder sus «ventajas» (la libertad condicional o el beneficio por buena conducta), los trabajadores no tienen otra opción que el trabajo.

Estos esclavos modernos -obligados a trabajar y privados de todo derecho- son de gran utilidad para las empresas que los utilizan. Los beneficios obtenidos por el trabajo de los prisioneros en 1980 fueron de 392 millones de dólares. Alcanzaron 3,310 millones en 1994 gracias al aumento del número de prisioneros.

Las principales empresas del sector se nombran Wackenhut Corporation, CCD y Correctional Services Corporation. Ya han exportado el modelo a otros países anglófonos y piensan extender sus mercados durante los próximos años a otros países industrializados.

Los efectos perversos de esta estrategia son evidentes: la demanda de mano de obra barata y de inversiones produce una fuerte presión sobre el sistema policiaco y judicial en el sentido de un aumento del número de prisioneros. El negocio del PIC representa también con frecuencia la única oportunidad de atraer ingresos y crear puestos de trabajo en las comunidades rurales empobrecidas.

Ruth y Craig Wilmore son responsables del California Prison Moratorium Project, un movimiento cuyo objetivo es impedir la construcción de nuevas prisiones y militan por el cierre de las ya existentes.

Ruth acaba de escribir un libro sobre estas luchas en California cuyo título es más que elocuente: Golden Goulag. California, quinta economía del mundo, posee también las estadísticas más escalofriantes: durante las últimas dos décadas, allí se construyeron 23 prisiones con capacidad de entre 4,000 y 6,000 prisioneros.

El ejemplo de Corcoran (condado de Kings) es elocuente. Este pequeño centro agrícola posee dos prisiones y un total de 11,000 prisioneros. La población de 9,000 habitantes es estable desde 1980 -fecha en que se construyó el primer establecimiento. En esa época, mil habitantes vivían por debajo del límite de pobreza. Diez años más tarde, tras una inversión del Estado en las prisiones de mil millones de dólares, el número de pobres pasó a 2,000.

Represión, exclusión y consenso
Ante tal panorama, el grado de aceptación general del PIC no deja de sorprender. Las organizaciones que protestan contra un sistema que hace de los Estados Unidos el primer país por su número de prisioneros no son muchas. Paul Wright, preso en el Estado de Washington y editor de la revista Prison Légal News, analiza este fenómeno de aceptación generalizada.

En una de sus intervenciones , ilustra el modelo cultural que sostiene la idea del PIC como un sistema de justicia que busca el castigo y la defensa de la parte «sana» de una sociedad en plena descomposición.

Basta observar la producción cultural oficial para comprender cómo la construcción de un imaginario colectivo forma parte del PIC. Desde las grandes producciones de Hollywood hasta la creación publicitaria de todo tipo de productos, las referencias al mundo de las prisiones propagan la idea de un mundo duro y difícil, pero justo e indispensable.

Este proceso conduce a una moralización del sistema carcelario que apoya que el hecho de poner a la gente en la cárcel es no sólo justo, sino indispensable para que la sociedad permanezca sana y pueda salvar sus propios valores.

La extensión y el crecimiento durante los últimos años de la cantidad y la diversidad de las formas de detención en los Estados Unidos no tiene paralelo en el mundo.
Y, desde la superprisión de Pelican Bay (California) hasta Guantánamo (Cuba), Abu Ghraib (Irak) y Woomera Camp (Australia) asistimos a la globalización de este modelo y de esta práctica: encerrar a la población que molesta o simplemente a los casos difíciles para los proyectos neoliberales. Conviene preguntarse si frente a este panorama es posible considerar una globalización de las alternativas al encarcelamiento, así como un concepto de seguridad y justicia no punitiva -y que no conduzca a la exclusión.

COMPETENCIA

La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte constituye una cláusula pétrea que no admite limitaciones que no estén expresamente contenidas en el artículo 62.1 de la Convención Americana. Dada la fundamental importancia de dicha cláusula para la operación del sistema de protección de la Convención, no puede ella estar a merced de limitaciones no previstas que sean invocadas por los Estados Partes por razones de orden interno. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tal como la referente a la cláusula de aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal. . Tal cláusula, esencial a la eficacia del mecanismo de protección internacional, debe ser interpretada y aplicada de modo que la garantía que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presentes el carácter especial de los tratados de derechos humanos (cfr. infra 41 a 44) y su implementación colectiva. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Según el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, (en adelante “la Convención de Viena”),
un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)

La Convención Americana estipula, en su artículo 62.1, que todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, declarar “que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención”. No existe en la Convención norma alguna que expresamente faculte a los Estados Partes a retirar su declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte, y tampoco el instrumento de aceptación por el Perú de la competencia de la Corte, de fecha 21 de enero de 1981, prevé tal posibilidad. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Una interpretación de la Convención Americana “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”, lleva a esta Corte a considerar que un Estado Parte en la Convención Americana sólo puede desvincularse de sus obligaciones convencionales observando las disposiciones del propio tratado. En las circunstancias del presente caso, la única vía de que dispone el Estado para desvincularse del sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte, según la Convención Americana, es la denuncia del tratado como un todo (cfr. infra 45 y 49); si esto ocurriera, dicha denuncia sólo produciría efectos conforme al artículo 78, el cual establece un preaviso de un año. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
El artículo 29.a de la Convención Americana establece que ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Una interpretación de la Convención Americana en el sentido de permitir que un Estado Parte pueda retirar su reconocimiento de la competencia obligatoria del Tribunal, como pretende hacerse en el presente caso, implicaría la supresión del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención, iría en contra de su objeto y propósito como tratado de derechos humanos, y privaría a todos los beneficiarios de la Convención de la garantía adicional de protección de tales derechos por medio de la actuación de su órgano jurisdiccional. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
La Convención Americana, así como los demás tratados de derechos humanos, se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes y son aplicados por éstos, con todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los ordenamientos jurídicos internacional e interno. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Al respecto, esta Corte ha señalado, en su Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982 denominada El Efecto de las Reservas Sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana (artículos 74 y 75), que:
“… los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)

Dicho criterio coincide con la jurisprudencia convergente de otros órganos jurisdiccionales internacionales. Al respecto, la Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva relativa a Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1951), afirmó que “en este tipo de tratados, los Estados contratantes no tienen intereses propios; solamente tienen, por encima de todo, un interés común: la consecución de los propósitos que son la razón de ser de la Convención”. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
La Comisión y Corte Europeas de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Europea” y “Corte Europea”, respectivamente), a su vez, se han pronunciado en forma similar. En el caso Austria vs. Italia (1961), la Comisión Europea declaró que las obligaciones asumidas por los Estados Partes en la Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante “Convención Europea”) “son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes”. En igual sentido, la Corte Europea afirmó, en el caso Irlanda vs. Reino Unido (1978), que a diferencia de los tratados internacionales del tipo clásico, la Convención comprende más que simples compromisos recíprocos entre los Estados Partes. Crea, por encima de un conjunto de compromisos bilaterales, mutuos, obligaciones objetivas que, en los términos del Preámbulo, cuentan con una ‘garantía colectiva’. Igualmente, en el caso Soering vs. Reino Unido (1989), la Corte Europea declaró que la Convención Europea “debe ser interpretada en función de su carácter específico de tratado de garantía colectiva de derechos humanos y libertades fundamentales, y que el objeto y fin de este instrumento de protección de seres humanos exigen comprender y aplicar sus disposiciones de manera que haga efectivas y concretas aquellas exigencias”. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
En el funcionamiento del sistema de protección consagrado en la Convención Americana, reviste particular importancia la cláusula facultativa de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Al someterse a esa cláusula queda el Estado vinculado a la integridad de la Convención, y comprometido por completo con la garantía de protección internacional de los derechos humanos consagrada en dicha Convención. El Estado Parte sólo puede sustraerse a la competencia de la Corte mediante la denuncia del tratado como un todo (cfr. supra 39 e infra 49). El instrumento de aceptación de la competencia de la Corte debe, pues, ser apreciado siempre a la luz del objeto y propósito de la Convención Americana como tratado de derechos humanos. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Hay que descartar cualquier analogía entre, por un lado, la práctica estatal permisiva desarrollada bajo el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y, por otro lado, la aceptación de la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de esta Corte, teniendo presentes el carácter especial, así como el objeto y propósito de la Convención Americana. En este sentido se ha pronunciado igualmente la Corte Europea de Derechos Humanos, en su sentencia sobre excepciones preliminares en el caso Loizidou vs. Turquía (1995), en relación con la cláusula facultativa de su jurisdicción obligatoria (artículo 46 de la Convención Europea, anteriormente a la entrada en vigor, el 01.11.1998, del Protocolo XI a la Convención Europea) , fundamentando su posición en el carácter de “tratado normativo” (law-making treaty) de la Convención Europea. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
En efecto, la solución internacional de casos de derechos humanos (confiada a tribunales como las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos), no admite analogías con la solución pacífica de controversias internacionales en el contencioso puramente interestatal (confiada a un tribunal como la Corte Internacional de Justicia); por tratarse, como es ampliamente reconocido, de contextos fundamentalmente distintos, los Estados no pueden pretender contar, en el primero de dichos contextos, con la misma discrecionalidad con que han contado tradicionalmente en el segundo. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
No hay como equiparar un acto jurídico unilateral efectuado en el contexto de las relaciones puramente interestatales (v.g., reconocimiento, promesa, protesta, renuncia), que se completa por sí mismo de forma autónoma, con un acto jurídico unilateral efectuado en el marco del derecho convencional, como la aceptación de una cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de un tribunal internacional. Dicha aceptación se encuentra determinada y condicionada por el propio tratado y, en particular, por la realización de su objeto y propósito. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Un Estado que aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana según el artículo 62.1 de la misma, pasa a obligarse por la Convención como un todo (cfr. supra 39 y 45). El propósito de preservar la integridad de las obligaciones convencionales se desprende del artículo 44.1 de la Convención de Viena, que parte precisamente del principio de que la denuncia (o el “retiro” del mecanismo de un tratado) sólo puede ser efectuada en relación con el conjunto del tratado, a menos que éste lo disponga o las Partes lo acuerden de manera diferente. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
La Convención Americana es clara al prever la denuncia de “esta Convención” (artículo 78), y no la denuncia o “el retiro” de partes o cláusulas de la misma, pues esto último afectaría su integridad. Aplicando los criterios consagrados en la Convención de Viena (artículo 56.1), no parece haber sido la intención de las Partes permitir tal tipo de denuncia o retiro, ni tampoco se puede inferir éste último de la naturaleza de la Convención Americana como tratado de derechos humanos. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Los peticionarios alegan haber sido víctimas de denegación de justicia en un prolongado litigio judicial referente al monto indemnizatorio de una expropiación inmobiliaria promovida por el Gobierno de la Provincia de Formosa en contra de la empresa GINU S.C.A. Los peticionarios constituyen un núcleo familiar que representa el universo total del accionariado empresarial. Ellos específicamente alegan ser víctimas de violaciones de los derechos a un recurso efectivo y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8(1) y 25 de la Convención.(informe de la Comisión del 27 de setiembre 1999, in re Merens, Bernard)
La Comisión concluye que carece de competencia ratione personae activa para conocer esta petición pues los recursos de la jurisdicción interna fueron interpuestos y agotados por la empresa GINU S.C.A. que constituye una entidad jurídica distinta a la de los peticionarios. De consiguiente, en aplicación de los artículos 1(2) y 47(c) de la Convención y 31 del Reglamento de la Comisión, ésta declara inadmisible la petición.(informe de la Comisión del 27 de setiembre 1999, in re Merens, Bernard)
Los peticionarios también han alegado la violación de los artículos I, II, XVIII y XXVI de la Declaración. A este respecto, la Comisión observa que una vez que la Convención entró en vigor para el Estado de Grenada el 18 de julio de 1978, la Convención y no la Declaración, es la fuente jurídica que debe aplicar la Comisión, en la medida en que en la petición se alega la violación de derechos sustancialmente idénticos, consagrados en ambos documentos, y las presuntas violaciones no comportan una situación continua. En el caso del Sr. Baptiste, los derechos que se alega violó el Estado en el contexto de la Declaración están análogamente garantizados en la Convención. Además, los actos u omisiones a que están vinculadas las presuntas violaciones ocurrieron después de que el Estado manifestase su consentimiento a obligarse a la Convención. Por lo tanto, la Comisión declara que las denuncias de los peticionarios vinculadas a la Declaración son inadmisibles y sólo considerará las denuncias de los peticionarios relacionadas con la Convención. (Dictamen del 13 de abril de 2000, in re “Baptiste, Rudolph)
Respecto a la competencia ratione personae, el artículo 1(1) de la Convención establece claramente la obligación del Estado de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio, de modo que toda violación de los derechos reconocidos por la Convención que pueda ser atribuida, de acuerdo con las normas del derecho internacional, a acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un acto de responsabilidad del Estado. De acuerdo con el artículo 28 de la Convención, cuando se trata de un Estado federativo como el de Brasil, el Gobierno nacional responde en la esfera internacional por los actos practicados por las entidades que componen la federación. (Dictamen de Comisión del 13 de abril 2000 in re “Caradariú)
3. A partir del análisis de los requisitos de admisibilidad, la Comisión considera que la peticionaria presentó su denuncia extemporáneamente y que no agotó debidamente los recursos de la jurisdicción interna; y declara inadmisible la presente denuncia. (dictamen de Comisión del 3 de octubre de 2000 in re Cardoso Andrade, Gladis)
97. La Corte se ha referido anteriormente a su competencia para aplicar tratados de derechos humanos distintos a la Convención Americana. En este sentido ha considerado que si bien tiene amplias facultades para conocer de violaciones a los derechos humanos, estas últimas deben referirse a los derechos amparados por la Convención, exceptuados los casos en que otro instrumento internacional, ratificado por el Estado, le confiera competencia para conocer de violaciones a los derechos protegidos por ese mismo instrumento. Así, en los casos Bámaca Velásquez, Cantoral Benavides, Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”), y Paniagua Morales y otros, la Corte también ha aplicado, además de la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura o la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.(Sentencia del 2 de febrero de 2001 in re “Baena, Ricardo y otros”)
En razón de la alta relevancia de las cuestiones jurídicas tratadas en la presente Sentencia, me veo en la obligación de dejar constancia, bajo la presión siempre despiadada del tiempo, de mis reflexiones personales al respecto. La Corte, en cualesquiera circunstancias, e inclusive en casos de allanamiento, a partir del reconocimiento por parte del Estado demandado de su responsabilidad internacional por los hechos violatorios de los derechos protegidos, tiene plena facultad para determinar motu proprio las consecuencias jurídicas de dichos hechos lesivos, sin que dicha determinación esté condicionada por los términos del allanamiento. La Corte está, procediendo de ese modo, haciendo uso de los poderes inherentes a su función judicial. Tal como siempre he sostenido en el seno del Tribunal, en cualesquiera circunstancias la Corte es maestra de su jurisdicción (voto concurrente del Dr. Concado Trindade in re Barrios Altos, sentencia del 14 de marzo de 2001)
El artículo 47(b) de la Convención Americana establece que la Comisión considerará inadmisible toda petición que “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención”. Respecto al segundo conjunto de quejas de los peticionarios referentes a la presunta arbitrariedad en la interpretación y aplicación de la ley nacional, de conformidad con la “fórmula de la cuarta instancia”, la Comisión no puede, en principio, revisar fallos emitidos por tribunales nacionales que actúan dentro de los límites de su competencia y con las debidas garantías judiciales, a menos que considere que esta ante una posible violación de la Convención Americana. “Corresponde, en primera instancia, a las autoridades nacionales, y en especial a los tribunales, interpretar y aplicar el derecho interno”.(dictamen de la Comision del 3 de agosto de 2001, in re Galante, E.)
La Comisión ha establecido previamente que tiene plena autoridad para examinar supuestas irregularidades en los trámites judiciales nacionales que resulten en violaciones manifiestas del debido proceso o de cualquiera de los derechos protegidos por la Convención.  Sin embargo, si la queja simplemente alega que el fallo nacional fue equivocado o injusto, deberá rechazarse la petición conforme a la fórmula a la que se hizo referencia previamente. La función de la Comisión es asegurar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados Partes de la Convención. No puede actuar como tribunal de cuarta instancia para examinar supuestos errores de hecho o de derecho interno que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia.(dictamen de la Comision del 3 de agosto de 2001, in re Galante, E.)
Las quejas de los peticionarios alegando arbitrariedad plantean algunas cuestiones de derecho interno relativamente complejas.  Por un lado aspectos relacionadas con los conflictos entre las leyes federales y provinciales; y por el otro, aspectos como la manera en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece su mayoría de votos, las condiciones para denegar el certiorari y lo que constituye una cuestión federal revisable. Estas son cuestiones jurídicas cuya resolución está sujeta a debate, como se demuestra en las opiniones de las partes y en las fuentes de expertos y de jurisprudencia que citan, así como en las opiniones minoritarias formuladas en algunos niveles de los procedimientos nacionales. (dictamen de la Comision del 3 de agosto de 2001, in re Galante, E.)
Habiendo revisado el expediente, la Comisión determina que los reclamos de los peticionarios esencialmente plantean cuestiones de derecho interno que no se refieren al cumplimiento estatal de las garantías de la Convención. (La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, por ejemplo, tiene necesariamente jurisdicción para determinar lo que constituye un voto mayoritario válido). Las decisiones de los tres niveles de tribunales locales, así como las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son coherentes con su enfoque global de los reclamos presentados por el Sr. Galante. Las múltiples decisiones a los niveles local y federal indicaron que la aplicación de la ley nacional por el tribunal de primera instancia no había sido arbitraria. Es más, los peticionarios concentraron sus alegaciones en la presunta arbitrariedad de los trámites ante la Corte Suprema, vinculando sus alegatos de violaciones de garantías sustanciales y procesales con las que se refieren al asunto de la parcialidad, sin exponer específicamente por qué y cómo las decisiones de los tribunales locales sobre la apelación habían sido en sí arbitrarias. Dada la naturaleza de los reclamos y la prueba en cuestión, la Comisión llega a la conclusión de que su admisibilidad queda descartada en virtud de lo que prescribe el artículo 47(b) de la Convención Americana y la aplicación de la fórmula de la cuarta instancia. (dictamen de la Comision del 3 de agosto de 2001, in re Galante, E.)
La otra excepción preliminar interpuesta por la Argentina se funda en los términos en que aceptó la competencia de esta Corte. Tal como ya se indicó , el Estado se hizo parte de la Convención el 5 de septiembre de 1984, al depositar en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el instrumento de ratificación respectivo. En esa misma fecha reconoció la competencia obligatoria de la Corte, pero dejó constancia que las obligaciones contraídas “sólo tendrán efectos con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento”. En razón de esta declaración, la Argentina sostiene que la Corte sólo es competente para conocer los hechos acaecidos con posterioridad al 5 de septiembre de 1984. El Estado considera que los hechos que conforman el presente caso ocurrieron antes de esa fecha y que, por consiguiente, la Corte es incompetente.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Antes de analizar la excepción de incompetencia interpuesta, la Corte estima conveniente puntualizar algunas reglas de derecho internacional que no aparecen expuestas con claridad en esta controversia.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
En este sentido, resulta claro del texto de la Convención que un Estado puede ser parte en ella y reconocer o no la competencia obligatoria de la Corte. El artículo 62 de la Convención utiliza el verbo “puede” para significar que el reconocimiento de la competencia es facultativo. Hay que subrayar también que la Convención crea obligaciones para los Estados. Estas obligaciones son iguales para todos los Estados partes, es decir, vinculan de la misma manera y con la misma intensidad tanto a un Estado parte que ha reconocido la competencia obligatoria de la Corte como a otro que no lo ha hecho. Además, es preciso distinguir entre “reservas a la Convención” y “reconocimiento de la competencia” de la Corte. Este último es un acto unilateral de cada Estado condicionado por los términos de la propia Convención Americana como un todo y, por lo tanto, no está sujeta a reservas. Si bien alguna doctrina habla de “reservas” al reconocimiento de la competencia de un tribunal internacional, se trata, en realidad, de limitaciones al reconocimiento de esa competencia y no técnicamente de reservas a un tratado multilateral.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Al codificar el derecho general sobre el tema, el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que

 

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.
Cabe señalar, que en el caso de la Argentina, ésta depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana y de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte en la misma fecha, en el entendido (conforme al artículo 62) de que ello sólo tendría efecto respecto a hechos o actos jurídicos acaecidos con posterioridad al depósito de la ratificación de la Convención y de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
A la luz de lo anterior, la Corte considera que debe aplicarse el principio de la irretroactividad de las normas internacionales consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en el derecho internacional general, observando los términos en que la Argentina se hizo parte en la Convención Americana.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Corresponde ahora examinar los hechos articulados en la demanda en conformidad con los términos de la ratificación de la Convención y del reconocimiento de la competencia contenciosa de esta Corte por parte de la Argentina. Dentro de los hechos expuestos, es preciso distinguir aquéllos que podrían recaer bajo la competencia contenciosa de la Corte. En este sentido, un primer conjunto de estos hechos estaría constituido por aquéllos que, ocurridos principalmente en la década de 1970, habrían provocado los daños a las empresas y a la persona del señor Cantos como los allanamientos de la Dirección de Rentas de la Provincia de Santiago del Estero, la incautación de la documentación contable, las detenciones y hostigamientos. Una segunda categoría estaría dada por el acuerdo que se habría suscrito entre el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y el señor Cantos el 15 de julio de 1982. Los hechos comprendidos en estos dos grupos son anteriores a la entrada en vigor de la Convención para la Argentina y, por consiguiente, no caen bajo la competencia de esta Corte.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
La Comisión alega que algunos de los hechos por los que se acusa al Estado serían actos ilícitos continuados, esto es, que los ilícitos seguirían existiendo hasta hoy. La Corte no considera necesario examinar aquí la teoría jurídica de los actos ilícitos continuados y le resulta suficiente verificar que, si alguno de los hechos imputados al Estado tuviere este carácter, no sería un “hecho acaecido después del 5 de septiembre de 1984”, única categoría de actos en relación con la cual la Argentina aceptó la competencia de esta Corte.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
La tercera categoría de hechos respecto a los cuales se puede ejercer la competencia contenciosa de la Corte comprende las actuaciones seguidas ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina con posterioridad al 5 de septiembre de 1984, incluyendo la propia sentencia de 3 de septiembre de 1996, si se alegare que dichas actuaciones pueden constituir per se infracciones a la Convención Americana.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Por todo lo anterior, la Corte considera que debe admitir sólo parcialmente la segunda excepción preliminar.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Igualmente, este Tribunal estableció que podría “abordar la interpretación de un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de los derechos humanos en un Estado Miembro del sistema interamericano”, aunque dicho instrumento no provenga del mismo sistema regional de protección, y que

no existe ninguna razón para excluir, previa y abstractamente, que pueda solicitarse de la Corte, y ésta emitir, una consulta sobre un tratado aplicable a un Estado americano en materia concerniente a la protección de los derechos humanos, por el solo hecho de que sean también partes de dicho tratado, Estados que no pertenecen al sistema interamericano, o de que no haya sido adoptado dentro del marco o bajo los auspicios de éste.
El artículo 47(b) de la Convención establece que será inadmisible toda petición que “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por la Convención”. En el presente caso, los peticionarios alegaron la violación del artículo 8 de la Convención por cuanto el señor Schillizzi: a) no tuvo control jurisdiccional sobre la decisión que le impuso la sanción; b) la sanción tiene carácter penal y por lo tanto se aplican las garantías del artículo 8(2); c) en todo caso, se debió iniciar un proceso disciplinario con las debidas garantías del artículo 8(1); d) la sanción contraría el derecho a la defensa al considerar que entorpece el trámite en un proceso a favor de una de las partes; e) la descripción abierta de la conducta sancionada es insuficiente para que se conformen elementos de cargo, y d) la Cámara que le impuso la sanción no fue imparcial y no fundamentó la decisión.(Dictamen de la Comision in re Schillizzi del 07/03/00)

33. En oportunidades anteriores, la Comisión Interamericana ha considerado diversos elementos para determinar si se aplican las garantías establecidas en el artículo 8(1) y (2) de la Convención Americana, entre ellos la naturaleza de la conducta, acto u omisión descrita, las autoridades que pueden imponer la sanción, y el tipo y la gravedad de la sanción impuesta y sus consecuencias. Estos factores no son excluyentes de otros que, por las características y particularidades de cada caso concreto, sean necesarios tener en consideración. Sin embargo, la Comisión desea precisar que no tiene competencia para determinar a cuál autoridad, los jueces o el Colegio Público, corresponde imponer sanciones a los abogados con motivo del ejercicio de su profesión. Esa es función de los órganos del Estado. La Comisión tiene competencia para determinar si un Estado parte ha incurrido en violación de la Convención.