CUANDO AL PODER LO TRANSFORMAN EN MAFIA

No es línea editorial de esta pagina comentar los fallos que pudieran dictarse por los Tribunales y Organismos que hacen a la defensa de los Derechos Humanos.-

Pero pensamos que el caso “Barrios Altos” dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vale la pena una excepción.-

Por de pronto debe observarse que la doctrina de este fallo no es nueva ni, mucho menos,  novedosa. En realidad es la consagración de la doctrina que viene sosteniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Meneses Reyes” (contra Chile) del 15 de octubre de 1986; Consuelo Herrera (contra Argentina, por la leyes, mal llamadas, de punto final y obediencia debida y posteriores indultos) el 2 de octubre de 1992; Ellacuria S.J. (contra El Salvador) el 22 de diciembre de 1999; y Flores, Alcides Sandoval (contra Perú) el 13 de abril del 2000, entre otros.-

Tarde, pero al fin llegando, la Corte ratifica esa doctrina y, aunque sin decirlo, hace suyo los fundamentos   de la Comisión, en este tema.-

El resultado del fallo de la Corte in re “Barrios Altos”, era el esperado. Todo tiene su origen en el concepto de ley que esbozara la misma Corte en su Opinión Consultiva 6 (9 de mayo de 1986), al interpretar el art. 30 de la Convención, y advirtiendo así a los estados ratificantes que no todo lo que se llame “ley” (en el derecho interno), es “ley” en el derecho Internacional.- Por lo menos en el Capítulo de los derechos humanos, sólo es aceptado como “ley”, aquella que, además de ser dictada por el órgano constitucional correspondiente, tiene, necesariamente que ser: 1) general y 2) tender al bien común.- Si no reúne esos requisitos, la Corte declarará inválida a toda “ley” que quiera hacerse valer ante ella. Las leyes de amnistía para este Tribunal, no son “leyes” (y ni qué hablar de las autoamnistías) porque tienen el carácter de estar dirigidas a determinados hechos y a seleccionados actores, amén de ser propiciadoras de la impunidad, violan el derecho a la verdad y el derecho al acceso a la justicia, etc. es decir, no tienden hacia el bien común. También vale ese concepto para los indultos en materia de derechos humanos.-

No vamos a entrar en el tratamiento procesal del fallo dictado, aquí en Argentina, por el Dr. Cavallo en el caso “Simón”, ya que el mismo, mas allá de su justeza y cualquiera sea lo que pudiera decir, incluso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la República Argentina va a tener, tarde o temprano, que acatar no ya los fallos de la Corte Interamericana, sino también su doctrina. En la Opinión consultiva 6, la Corte Suprema de Justicia Argentina, debió fundamentar su fallo cuando, desconociendo los pactos internacionales, decretó la constitucionalidad de las dos leyes (obediencia y punto final e indultos posteriores).- Ahora, seguramente, va a tener otra posibilidad. Esperemos el cumplimiento de los tratados, por lo menos, por la Corte Suprema Nacional, aunque ya ella desconoció la operatividad de estos tratados en el caso conocido como La Tablada.-

Mas allá del juego de normas que puedan darse y Tribunales que puedan intervenir, también pensamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deja varios mensajes o metamensajes en su fallo de “Barrios Altos”.-

En primer lugar, pone sobre el tapete la inmoralidad de muchos políticos para los que, bajo diversas excusas, utilizan sus cargos para denostar al concepto de República, asociándose, además y en muchos casos, al enriquecimiento dinerario.-

En segundo lugar, muestra bien a las claras que los Derechos Humanos y su doctrina, no tiene un mero valor instrumental de “conveniencia”, como muchos políticos creen. Para ello baste resaltar que el mismo Presidente de Argentina y su Poder Legislativo que, con bombos y platillos ratificó las Convenciones Interamericanas e Internacionales sobre Derechos Humanos, son los  mismos que luego dictan las leyes de obediencia debida y la de punto final, y, además, para no quedar confesos frente al concierto internacional de Naciones les ponen nombres que disimulan la amnistía encubierta y la impunidad que propugnaban.-

En tercer lugar, de un párrafo del voto de uno de sus jueces, surge la clara advertencia de que las “clases políticas” en América, se están degradando a mafias del poder, en las que bastaría tener un cargo para permitirse ordenar cualquier cosa.-

En cuarto lugar, y ya dentro del campo de la filosofía del derecho, el concepto de ley esgrimido por la Corte, deja fuera de este ámbito al positivismo jurídico (que termina siendo una verdadera escuela de burócratas refinados y, al Poder Judicial, un instrumento del Poder político).- El derecho no está, ni puede estarlo, al servicio de la ley, su objeto es la justicia.-

En quinto lugar, que los países americanos, no cumplen sus compromisos internacionales, salvo coerción. Por ejemplo, Argentina ratificó la Convención contra el Genocidio en 1956. Hasta el día de la fecha, dicho ilícito no es delito en el orden interno (lo mismo puede decirse para Perú, Chile y otros).-

El subdesarrollo es una cuestión mental, y los pactos de impunidad sólo son entendibles desde una óptica de mafias, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no parece dispuesta, ni siquiera, a tolerar.- En buena hora.-