COMPETENCIA

La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte constituye una cláusula pétrea que no admite limitaciones que no estén expresamente contenidas en el artículo 62.1 de la Convención Americana. Dada la fundamental importancia de dicha cláusula para la operación del sistema de protección de la Convención, no puede ella estar a merced de limitaciones no previstas que sean invocadas por los Estados Partes por razones de orden interno. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tal como la referente a la cláusula de aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal. . Tal cláusula, esencial a la eficacia del mecanismo de protección internacional, debe ser interpretada y aplicada de modo que la garantía que establece sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presentes el carácter especial de los tratados de derechos humanos (cfr. infra 41 a 44) y su implementación colectiva. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Según el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, (en adelante “la Convención de Viena”),
un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)

La Convención Americana estipula, en su artículo 62.1, que todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, declarar “que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención”. No existe en la Convención norma alguna que expresamente faculte a los Estados Partes a retirar su declaración de aceptación de la competencia obligatoria de la Corte, y tampoco el instrumento de aceptación por el Perú de la competencia de la Corte, de fecha 21 de enero de 1981, prevé tal posibilidad. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Una interpretación de la Convención Americana “de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”, lleva a esta Corte a considerar que un Estado Parte en la Convención Americana sólo puede desvincularse de sus obligaciones convencionales observando las disposiciones del propio tratado. En las circunstancias del presente caso, la única vía de que dispone el Estado para desvincularse del sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte, según la Convención Americana, es la denuncia del tratado como un todo (cfr. infra 45 y 49); si esto ocurriera, dicha denuncia sólo produciría efectos conforme al artículo 78, el cual establece un preaviso de un año. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
El artículo 29.a de la Convención Americana establece que ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Una interpretación de la Convención Americana en el sentido de permitir que un Estado Parte pueda retirar su reconocimiento de la competencia obligatoria del Tribunal, como pretende hacerse en el presente caso, implicaría la supresión del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención, iría en contra de su objeto y propósito como tratado de derechos humanos, y privaría a todos los beneficiarios de la Convención de la garantía adicional de protección de tales derechos por medio de la actuación de su órgano jurisdiccional. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
La Convención Americana, así como los demás tratados de derechos humanos, se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes y son aplicados por éstos, con todas las consecuencias jurídicas que de ahí derivan en los ordenamientos jurídicos internacional e interno. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Al respecto, esta Corte ha señalado, en su Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982 denominada El Efecto de las Reservas Sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana (artículos 74 y 75), que:
“… los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)

Dicho criterio coincide con la jurisprudencia convergente de otros órganos jurisdiccionales internacionales. Al respecto, la Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva relativa a Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1951), afirmó que “en este tipo de tratados, los Estados contratantes no tienen intereses propios; solamente tienen, por encima de todo, un interés común: la consecución de los propósitos que son la razón de ser de la Convención”. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
La Comisión y Corte Europeas de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Europea” y “Corte Europea”, respectivamente), a su vez, se han pronunciado en forma similar. En el caso Austria vs. Italia (1961), la Comisión Europea declaró que las obligaciones asumidas por los Estados Partes en la Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante “Convención Europea”) “son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes”. En igual sentido, la Corte Europea afirmó, en el caso Irlanda vs. Reino Unido (1978), que a diferencia de los tratados internacionales del tipo clásico, la Convención comprende más que simples compromisos recíprocos entre los Estados Partes. Crea, por encima de un conjunto de compromisos bilaterales, mutuos, obligaciones objetivas que, en los términos del Preámbulo, cuentan con una ‘garantía colectiva’. Igualmente, en el caso Soering vs. Reino Unido (1989), la Corte Europea declaró que la Convención Europea “debe ser interpretada en función de su carácter específico de tratado de garantía colectiva de derechos humanos y libertades fundamentales, y que el objeto y fin de este instrumento de protección de seres humanos exigen comprender y aplicar sus disposiciones de manera que haga efectivas y concretas aquellas exigencias”. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
En el funcionamiento del sistema de protección consagrado en la Convención Americana, reviste particular importancia la cláusula facultativa de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Al someterse a esa cláusula queda el Estado vinculado a la integridad de la Convención, y comprometido por completo con la garantía de protección internacional de los derechos humanos consagrada en dicha Convención. El Estado Parte sólo puede sustraerse a la competencia de la Corte mediante la denuncia del tratado como un todo (cfr. supra 39 e infra 49). El instrumento de aceptación de la competencia de la Corte debe, pues, ser apreciado siempre a la luz del objeto y propósito de la Convención Americana como tratado de derechos humanos. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Hay que descartar cualquier analogía entre, por un lado, la práctica estatal permisiva desarrollada bajo el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y, por otro lado, la aceptación de la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de esta Corte, teniendo presentes el carácter especial, así como el objeto y propósito de la Convención Americana. En este sentido se ha pronunciado igualmente la Corte Europea de Derechos Humanos, en su sentencia sobre excepciones preliminares en el caso Loizidou vs. Turquía (1995), en relación con la cláusula facultativa de su jurisdicción obligatoria (artículo 46 de la Convención Europea, anteriormente a la entrada en vigor, el 01.11.1998, del Protocolo XI a la Convención Europea) , fundamentando su posición en el carácter de “tratado normativo” (law-making treaty) de la Convención Europea. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
En efecto, la solución internacional de casos de derechos humanos (confiada a tribunales como las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos), no admite analogías con la solución pacífica de controversias internacionales en el contencioso puramente interestatal (confiada a un tribunal como la Corte Internacional de Justicia); por tratarse, como es ampliamente reconocido, de contextos fundamentalmente distintos, los Estados no pueden pretender contar, en el primero de dichos contextos, con la misma discrecionalidad con que han contado tradicionalmente en el segundo. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
No hay como equiparar un acto jurídico unilateral efectuado en el contexto de las relaciones puramente interestatales (v.g., reconocimiento, promesa, protesta, renuncia), que se completa por sí mismo de forma autónoma, con un acto jurídico unilateral efectuado en el marco del derecho convencional, como la aceptación de una cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de un tribunal internacional. Dicha aceptación se encuentra determinada y condicionada por el propio tratado y, en particular, por la realización de su objeto y propósito. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Un Estado que aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana según el artículo 62.1 de la misma, pasa a obligarse por la Convención como un todo (cfr. supra 39 y 45). El propósito de preservar la integridad de las obligaciones convencionales se desprende del artículo 44.1 de la Convención de Viena, que parte precisamente del principio de que la denuncia (o el “retiro” del mecanismo de un tratado) sólo puede ser efectuada en relación con el conjunto del tratado, a menos que éste lo disponga o las Partes lo acuerden de manera diferente. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
La Convención Americana es clara al prever la denuncia de “esta Convención” (artículo 78), y no la denuncia o “el retiro” de partes o cláusulas de la misma, pues esto último afectaría su integridad. Aplicando los criterios consagrados en la Convención de Viena (artículo 56.1), no parece haber sido la intención de las Partes permitir tal tipo de denuncia o retiro, ni tampoco se puede inferir éste último de la naturaleza de la Convención Americana como tratado de derechos humanos. (Sentencia del 24 de setiembre de 1999 in re “Tribunal Constitucional”)
Los peticionarios alegan haber sido víctimas de denegación de justicia en un prolongado litigio judicial referente al monto indemnizatorio de una expropiación inmobiliaria promovida por el Gobierno de la Provincia de Formosa en contra de la empresa GINU S.C.A. Los peticionarios constituyen un núcleo familiar que representa el universo total del accionariado empresarial. Ellos específicamente alegan ser víctimas de violaciones de los derechos a un recurso efectivo y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8(1) y 25 de la Convención.(informe de la Comisión del 27 de setiembre 1999, in re Merens, Bernard)
La Comisión concluye que carece de competencia ratione personae activa para conocer esta petición pues los recursos de la jurisdicción interna fueron interpuestos y agotados por la empresa GINU S.C.A. que constituye una entidad jurídica distinta a la de los peticionarios. De consiguiente, en aplicación de los artículos 1(2) y 47(c) de la Convención y 31 del Reglamento de la Comisión, ésta declara inadmisible la petición.(informe de la Comisión del 27 de setiembre 1999, in re Merens, Bernard)
Los peticionarios también han alegado la violación de los artículos I, II, XVIII y XXVI de la Declaración. A este respecto, la Comisión observa que una vez que la Convención entró en vigor para el Estado de Grenada el 18 de julio de 1978, la Convención y no la Declaración, es la fuente jurídica que debe aplicar la Comisión, en la medida en que en la petición se alega la violación de derechos sustancialmente idénticos, consagrados en ambos documentos, y las presuntas violaciones no comportan una situación continua. En el caso del Sr. Baptiste, los derechos que se alega violó el Estado en el contexto de la Declaración están análogamente garantizados en la Convención. Además, los actos u omisiones a que están vinculadas las presuntas violaciones ocurrieron después de que el Estado manifestase su consentimiento a obligarse a la Convención. Por lo tanto, la Comisión declara que las denuncias de los peticionarios vinculadas a la Declaración son inadmisibles y sólo considerará las denuncias de los peticionarios relacionadas con la Convención. (Dictamen del 13 de abril de 2000, in re “Baptiste, Rudolph)
Respecto a la competencia ratione personae, el artículo 1(1) de la Convención establece claramente la obligación del Estado de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio, de modo que toda violación de los derechos reconocidos por la Convención que pueda ser atribuida, de acuerdo con las normas del derecho internacional, a acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un acto de responsabilidad del Estado. De acuerdo con el artículo 28 de la Convención, cuando se trata de un Estado federativo como el de Brasil, el Gobierno nacional responde en la esfera internacional por los actos practicados por las entidades que componen la federación. (Dictamen de Comisión del 13 de abril 2000 in re “Caradariú)
3. A partir del análisis de los requisitos de admisibilidad, la Comisión considera que la peticionaria presentó su denuncia extemporáneamente y que no agotó debidamente los recursos de la jurisdicción interna; y declara inadmisible la presente denuncia. (dictamen de Comisión del 3 de octubre de 2000 in re Cardoso Andrade, Gladis)
97. La Corte se ha referido anteriormente a su competencia para aplicar tratados de derechos humanos distintos a la Convención Americana. En este sentido ha considerado que si bien tiene amplias facultades para conocer de violaciones a los derechos humanos, estas últimas deben referirse a los derechos amparados por la Convención, exceptuados los casos en que otro instrumento internacional, ratificado por el Estado, le confiera competencia para conocer de violaciones a los derechos protegidos por ese mismo instrumento. Así, en los casos Bámaca Velásquez, Cantoral Benavides, Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”), y Paniagua Morales y otros, la Corte también ha aplicado, además de la Convención Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura o la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.(Sentencia del 2 de febrero de 2001 in re “Baena, Ricardo y otros”)
En razón de la alta relevancia de las cuestiones jurídicas tratadas en la presente Sentencia, me veo en la obligación de dejar constancia, bajo la presión siempre despiadada del tiempo, de mis reflexiones personales al respecto. La Corte, en cualesquiera circunstancias, e inclusive en casos de allanamiento, a partir del reconocimiento por parte del Estado demandado de su responsabilidad internacional por los hechos violatorios de los derechos protegidos, tiene plena facultad para determinar motu proprio las consecuencias jurídicas de dichos hechos lesivos, sin que dicha determinación esté condicionada por los términos del allanamiento. La Corte está, procediendo de ese modo, haciendo uso de los poderes inherentes a su función judicial. Tal como siempre he sostenido en el seno del Tribunal, en cualesquiera circunstancias la Corte es maestra de su jurisdicción (voto concurrente del Dr. Concado Trindade in re Barrios Altos, sentencia del 14 de marzo de 2001)
El artículo 47(b) de la Convención Americana establece que la Comisión considerará inadmisible toda petición que “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención”. Respecto al segundo conjunto de quejas de los peticionarios referentes a la presunta arbitrariedad en la interpretación y aplicación de la ley nacional, de conformidad con la “fórmula de la cuarta instancia”, la Comisión no puede, en principio, revisar fallos emitidos por tribunales nacionales que actúan dentro de los límites de su competencia y con las debidas garantías judiciales, a menos que considere que esta ante una posible violación de la Convención Americana. “Corresponde, en primera instancia, a las autoridades nacionales, y en especial a los tribunales, interpretar y aplicar el derecho interno”.(dictamen de la Comision del 3 de agosto de 2001, in re Galante, E.)
La Comisión ha establecido previamente que tiene plena autoridad para examinar supuestas irregularidades en los trámites judiciales nacionales que resulten en violaciones manifiestas del debido proceso o de cualquiera de los derechos protegidos por la Convención.  Sin embargo, si la queja simplemente alega que el fallo nacional fue equivocado o injusto, deberá rechazarse la petición conforme a la fórmula a la que se hizo referencia previamente. La función de la Comisión es asegurar la observancia de las obligaciones asumidas por los Estados Partes de la Convención. No puede actuar como tribunal de cuarta instancia para examinar supuestos errores de hecho o de derecho interno que puedan haber cometido los tribunales nacionales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia.(dictamen de la Comision del 3 de agosto de 2001, in re Galante, E.)
Las quejas de los peticionarios alegando arbitrariedad plantean algunas cuestiones de derecho interno relativamente complejas.  Por un lado aspectos relacionadas con los conflictos entre las leyes federales y provinciales; y por el otro, aspectos como la manera en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece su mayoría de votos, las condiciones para denegar el certiorari y lo que constituye una cuestión federal revisable. Estas son cuestiones jurídicas cuya resolución está sujeta a debate, como se demuestra en las opiniones de las partes y en las fuentes de expertos y de jurisprudencia que citan, así como en las opiniones minoritarias formuladas en algunos niveles de los procedimientos nacionales. (dictamen de la Comision del 3 de agosto de 2001, in re Galante, E.)
Habiendo revisado el expediente, la Comisión determina que los reclamos de los peticionarios esencialmente plantean cuestiones de derecho interno que no se refieren al cumplimiento estatal de las garantías de la Convención. (La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, por ejemplo, tiene necesariamente jurisdicción para determinar lo que constituye un voto mayoritario válido). Las decisiones de los tres niveles de tribunales locales, así como las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son coherentes con su enfoque global de los reclamos presentados por el Sr. Galante. Las múltiples decisiones a los niveles local y federal indicaron que la aplicación de la ley nacional por el tribunal de primera instancia no había sido arbitraria. Es más, los peticionarios concentraron sus alegaciones en la presunta arbitrariedad de los trámites ante la Corte Suprema, vinculando sus alegatos de violaciones de garantías sustanciales y procesales con las que se refieren al asunto de la parcialidad, sin exponer específicamente por qué y cómo las decisiones de los tribunales locales sobre la apelación habían sido en sí arbitrarias. Dada la naturaleza de los reclamos y la prueba en cuestión, la Comisión llega a la conclusión de que su admisibilidad queda descartada en virtud de lo que prescribe el artículo 47(b) de la Convención Americana y la aplicación de la fórmula de la cuarta instancia. (dictamen de la Comision del 3 de agosto de 2001, in re Galante, E.)
La otra excepción preliminar interpuesta por la Argentina se funda en los términos en que aceptó la competencia de esta Corte. Tal como ya se indicó , el Estado se hizo parte de la Convención el 5 de septiembre de 1984, al depositar en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el instrumento de ratificación respectivo. En esa misma fecha reconoció la competencia obligatoria de la Corte, pero dejó constancia que las obligaciones contraídas “sólo tendrán efectos con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instrumento”. En razón de esta declaración, la Argentina sostiene que la Corte sólo es competente para conocer los hechos acaecidos con posterioridad al 5 de septiembre de 1984. El Estado considera que los hechos que conforman el presente caso ocurrieron antes de esa fecha y que, por consiguiente, la Corte es incompetente.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Antes de analizar la excepción de incompetencia interpuesta, la Corte estima conveniente puntualizar algunas reglas de derecho internacional que no aparecen expuestas con claridad en esta controversia.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
En este sentido, resulta claro del texto de la Convención que un Estado puede ser parte en ella y reconocer o no la competencia obligatoria de la Corte. El artículo 62 de la Convención utiliza el verbo “puede” para significar que el reconocimiento de la competencia es facultativo. Hay que subrayar también que la Convención crea obligaciones para los Estados. Estas obligaciones son iguales para todos los Estados partes, es decir, vinculan de la misma manera y con la misma intensidad tanto a un Estado parte que ha reconocido la competencia obligatoria de la Corte como a otro que no lo ha hecho. Además, es preciso distinguir entre “reservas a la Convención” y “reconocimiento de la competencia” de la Corte. Este último es un acto unilateral de cada Estado condicionado por los términos de la propia Convención Americana como un todo y, por lo tanto, no está sujeta a reservas. Si bien alguna doctrina habla de “reservas” al reconocimiento de la competencia de un tribunal internacional, se trata, en realidad, de limitaciones al reconocimiento de esa competencia y no técnicamente de reservas a un tratado multilateral.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Al codificar el derecho general sobre el tema, el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que

 

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.
Cabe señalar, que en el caso de la Argentina, ésta depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana y de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte en la misma fecha, en el entendido (conforme al artículo 62) de que ello sólo tendría efecto respecto a hechos o actos jurídicos acaecidos con posterioridad al depósito de la ratificación de la Convención y de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
A la luz de lo anterior, la Corte considera que debe aplicarse el principio de la irretroactividad de las normas internacionales consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en el derecho internacional general, observando los términos en que la Argentina se hizo parte en la Convención Americana.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Corresponde ahora examinar los hechos articulados en la demanda en conformidad con los términos de la ratificación de la Convención y del reconocimiento de la competencia contenciosa de esta Corte por parte de la Argentina. Dentro de los hechos expuestos, es preciso distinguir aquéllos que podrían recaer bajo la competencia contenciosa de la Corte. En este sentido, un primer conjunto de estos hechos estaría constituido por aquéllos que, ocurridos principalmente en la década de 1970, habrían provocado los daños a las empresas y a la persona del señor Cantos como los allanamientos de la Dirección de Rentas de la Provincia de Santiago del Estero, la incautación de la documentación contable, las detenciones y hostigamientos. Una segunda categoría estaría dada por el acuerdo que se habría suscrito entre el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero y el señor Cantos el 15 de julio de 1982. Los hechos comprendidos en estos dos grupos son anteriores a la entrada en vigor de la Convención para la Argentina y, por consiguiente, no caen bajo la competencia de esta Corte.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
La Comisión alega que algunos de los hechos por los que se acusa al Estado serían actos ilícitos continuados, esto es, que los ilícitos seguirían existiendo hasta hoy. La Corte no considera necesario examinar aquí la teoría jurídica de los actos ilícitos continuados y le resulta suficiente verificar que, si alguno de los hechos imputados al Estado tuviere este carácter, no sería un “hecho acaecido después del 5 de septiembre de 1984”, única categoría de actos en relación con la cual la Argentina aceptó la competencia de esta Corte.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
La tercera categoría de hechos respecto a los cuales se puede ejercer la competencia contenciosa de la Corte comprende las actuaciones seguidas ante la Corte Suprema de Justicia de la Argentina con posterioridad al 5 de septiembre de 1984, incluyendo la propia sentencia de 3 de septiembre de 1996, si se alegare que dichas actuaciones pueden constituir per se infracciones a la Convención Americana.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Por todo lo anterior, la Corte considera que debe admitir sólo parcialmente la segunda excepción preliminar.(sentencia del 7 de setiembre de 2001 in re Cantos, Jose M.)
Igualmente, este Tribunal estableció que podría “abordar la interpretación de un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de los derechos humanos en un Estado Miembro del sistema interamericano”, aunque dicho instrumento no provenga del mismo sistema regional de protección, y que

no existe ninguna razón para excluir, previa y abstractamente, que pueda solicitarse de la Corte, y ésta emitir, una consulta sobre un tratado aplicable a un Estado americano en materia concerniente a la protección de los derechos humanos, por el solo hecho de que sean también partes de dicho tratado, Estados que no pertenecen al sistema interamericano, o de que no haya sido adoptado dentro del marco o bajo los auspicios de éste.
El artículo 47(b) de la Convención establece que será inadmisible toda petición que “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por la Convención”. En el presente caso, los peticionarios alegaron la violación del artículo 8 de la Convención por cuanto el señor Schillizzi: a) no tuvo control jurisdiccional sobre la decisión que le impuso la sanción; b) la sanción tiene carácter penal y por lo tanto se aplican las garantías del artículo 8(2); c) en todo caso, se debió iniciar un proceso disciplinario con las debidas garantías del artículo 8(1); d) la sanción contraría el derecho a la defensa al considerar que entorpece el trámite en un proceso a favor de una de las partes; e) la descripción abierta de la conducta sancionada es insuficiente para que se conformen elementos de cargo, y d) la Cámara que le impuso la sanción no fue imparcial y no fundamentó la decisión.(Dictamen de la Comision in re Schillizzi del 07/03/00)

33. En oportunidades anteriores, la Comisión Interamericana ha considerado diversos elementos para determinar si se aplican las garantías establecidas en el artículo 8(1) y (2) de la Convención Americana, entre ellos la naturaleza de la conducta, acto u omisión descrita, las autoridades que pueden imponer la sanción, y el tipo y la gravedad de la sanción impuesta y sus consecuencias. Estos factores no son excluyentes de otros que, por las características y particularidades de cada caso concreto, sean necesarios tener en consideración. Sin embargo, la Comisión desea precisar que no tiene competencia para determinar a cuál autoridad, los jueces o el Colegio Público, corresponde imponer sanciones a los abogados con motivo del ejercicio de su profesión. Esa es función de los órganos del Estado. La Comisión tiene competencia para determinar si un Estado parte ha incurrido en violación de la Convención.