COMPETENCIA DE EJECUCION

La Corte ha establecido que no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben tener efectividad, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. Al respecto, este Tribunal ha señalado que
[…] no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
“La salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos”, protección ésta que debe ser real y efectiva.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)  Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. Sin embargo, la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En este sentido, la Corte Interamericana ha declarado la violación del artículo 25 de la Convención en el caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú, al señalar que el Estado demandado durante un largo período de tiempo no ejecutó las sentencias emitidas por los tribunales internos.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Asimismo la Corte Europea, al considerar la violación al artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante “la Convención Europea”), el cual consagra el derecho a un juicio justo, ha establecido en el caso Hornsby vs. Grecia, que
[…] este derecho sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca inoperante en detrimento de una de las partes. […] La ejecución de las sentencias emitidas por los tribunales debe ser considerada como parte integrante del ‘juicio’ […]. (Énfasis agregado)(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
A la luz de lo anterior, este Tribunal estima que, para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, no es suficiente con que en el respectivo proceso o recurso se emita una decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y obligaciones o se proporcione la protección a las personas. Además, es preciso que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. La ejecución de tales decisiones y sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario supone la negación misma de este derecho.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Las anteriores consideraciones son aplicables al proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En las sentencias sobre el fondo y las reparaciones y costas, la Corte Interamericana decide si el Estado es responsable internacionalmente y, cuando lo es, dispone la adopción de una serie de medidas de reparación para hacer cesar las consecuencias de la violación, garantizar los derechos conculcados, y reparar los daños materiales e inmateriales que las infracciones produjeron. Como fue expuesto anteriormente (supra párrs. 61 y 62), los Estados responsables tienen la obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal y no pueden invocar razones de orden interno para no ejecutarlas. Si el Estado responsable no ejecuta en el ámbito interno las medidas de reparación dispuestas por la Corte estaría negando el derecho de acceso a la justicia internacional.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)En lo que respecta al fundamento jurídico de la competencia de la Corte Interamericana para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, es preciso considerar lo establecido en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana, así como lo señalado en su artículo 29.a; lo que estipula el Estatuto de la Corte en su artículo 30, y lo que dispone el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
A diferencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el sistema europeo el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado las normas que establecen claramente el procedimiento que debe desarrollar este órgano para supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Europea. El Comité de Ministros, a diferencia de lo que ocurre en el sistema interamericano de protección, es el órgano político ante el cual los Estados responsables presentan los informes sobre las medidas adoptadas para ejecutar las sentencias.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La Convención Americana no estableció un órgano específicamente encargado de supervisar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte, como sí lo dispuso la Convención Europea. En la preparación de la Convención Americana se siguió el esquema adoptado por la Convención Europea, en lo relativo a los órganos competentes y a los mecanismos institucionales; sin embargo, es claro que al regular la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana no se contempló que la Asamblea General de la OEA o el Consejo Permanente de la OEA desempeñaran una función semejante a la del Comité de Ministros en el sistema europeo.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Los travaux préparatoires de la Convención Americana permiten consultar cuál era la voluntad de los Estados cuando aprobaron dicho tratado, en cuanto a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte. El Proyecto de Convención no establecía una disposición similar al actual artículo 65. Sin embargo, la Comisión II, encargada de estudiar y redactar los artículos correspondientes a la parte procesal del Proyecto de Convención, propuso el texto del actual artículo 65 de la Convención Americana. En el Informe sobre “Órganos de la Protección y Disposiciones Generales” de 21 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la Comisión II indicó en su quinta sesión, celebrada el 17 de noviembre de 1969, que:las delegaciones expresaron su opinión de que se dotara a la Corte de una competencia amplia que le permitiera ser el instrumento eficaz para la protección jurisdiccional de los derechos humanos.
En el mencionado informe, al explicar la redacción de las disposiciones del proyecto del tratado correspondientes a la Corte, la Comisión II se refirió al entonces proyecto del actual artículo 65 en los siguientes términos:

El artículo 65, que es una disposición nueva, establece que la Corte someterá un informe a la Asamblea General de la Organización, lo cual está contemplado en el Artículo 52 de la Carta de la Organización, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

Pero, además, el artículo dispone el importante concepto de que la Corte debe señalar los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos, con las recomendaciones pertinentes de la Corte […].
La Corte estima que la voluntad de los Estados, al aprobar lo estipulado en el artículo 65 de la Convención, fue otorgar a la misma Corte la facultad de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y que fuera el Tribunal el encargado de poner en conocimiento de la Asamblea General de la OEA, a través de su Informe Anual, los casos en los cuales se diera un incumplimiento de las decisiones de la Corte, porque no es posible dar aplicación al artículo 65 de la Convención sin que el Tribunal supervise la observancia de sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Para determinar el alcance de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana, así como en el 30 del Estatuto de la Corte, y para cumplir adecuadamente con la obligación de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, la Corte ha observado las directrices de interpretación establecidas en la Convención Americana y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, así como también ha tomado en consideración la naturaleza y los valores comunes superiores en que se inspira la Convención.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Convención, la Corte tiene competencia sobre todos los asuntos relacionados con la interpretación o aplicación de la Convención Americana. Para mayor claridad sobre el sentido de esta disposición conviene acudir a la versión en inglés de dicha norma, en la cual se señala que
[a] State Party may, upon depositing its instrument of ratification or adherence to this Convention, or at any subsequent time, declare that it recognizes as binding, ipso facto, and not requiring special agreement, the jurisdiction of the Court on all matters relating to the interpretation or application of [the] Convention. (Énfasis agregado)
De una traducción literal de lo anterior, resultaría que la Corte tiene competencia para ocuparse de “todos los asuntos relacionados con la interpretación o aplicación de [la] Convención”. Es obvio que, entre los asuntos relacionados con la aplicación de la Convención, se encuentra todo lo referente a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
El artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 indica que
[… u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
Además, el artículo 29.a) de la Convención Americana establece que ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Una interpretación de la Convención Americana, en el sentido de permitir que ningún órgano supervise el cumplimiento de las sentencias por parte de los Estados responsables, iría en contra del objeto y propósito de dicho tratado, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, y privaría a todos los beneficiarios de la Convención de la garantía de protección de tales derechos por medio de la actuación de su órgano jurisdiccional y la consecuente ejecución de lo decidido por éste. Permitir a los Estados que cumplan las reparaciones ordenadas en las sentencias sin una adecuada supervisión equivaldría a dejar a su libre voluntad la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Tal como la Corte lo ha señalado en los casos del Tribunal Constitucional e Ivcher Bronstein, la Convención Americana, así como los demás tratados de derechos humanos, se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Al respecto, la Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva relativa a Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1951), afirmó que “en este tipo de tratados, los Estados contratantes no tienen intereses propios; solamente tienen, por encima de todo, un interés común: la consecución de los propósitos que son la razón de ser de la Convención”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La Corte Europea de Derechos Humanos y la entonces Comisión Europea de Derechos Humanos, a su vez, se han pronunciado en forma similar. En el caso Austria vs. Italia (1961), la Comisión Europea declaró que las obligaciones asumidas por los Estados Partes en la Convención Europea de Derechos Humanos “son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes”. En igual sentido, la Corte Europea afirmó, en el caso Irlanda vs. Reino Unido (1978), que
[… a] diferencia de los tratados internacionales del tipo clásico, la Convención comprende más que simples compromisos recíprocos entre los Estados Partes. Crea, por encima de un conjunto de compromisos bilaterales, mutuos, obligaciones objetivas que, en los términos del Preámbulo, cuentan con una ‘garantía colectiva’.
Igualmente, en el caso Soering vs. Reino Unido (1989), la Corte Europea declaró que la Convención Europea debe ser interpretada “en función de su carácter específico de tratado de garantía colectiva de derechos humanos y libertades fundamentales. […] De este modo, el objeto y fin de la Convención como instrumento de protección de seres humanos exigen interpretar y aplicar sus disposiciones de manera que dicha protección sea práctica y efectiva”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Dicho criterio coincide con la jurisprudencia de esta Corte, la cual ha señalado, en su Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982, denominada El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
[…] los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
El alcance de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana, así como en el artículo 30 del Estatuto de la Corte, ha sido interpretado por la Corte conforme al objeto y fin de dicho tratado, cual es la protección de los derechos humanos, y de acuerdo al principio de l’effet utile (supra párrs. 66 y 67). La facultad de la Corte Interamericana de supervisar el cumplimiento de sus decisiones encuentra su fundamento jurídico en los artículos arriba mencionados. Cuando el Tribunal decide que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, debe disponer, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, “que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. Para asegurar que el Estado efectivamente cumpla con el deber de garantizar consagrado en la referida disposición convencional, el Tribunal debe supervisar el cabal cumplimiento de sus decisiones. De lo contrario, éstas serían ilusorias.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En aras de cumplir el mandato establecido en dichas normas de supervisar el cumplimiento del compromiso contraído por los Estados Partes de “cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” (artículo 68.1 de la Convención), y en particular de informar a la Asamblea General de la OEA los casos en que “un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”, la Corte primero debe conocer el grado de cumplimiento de sus decisiones. Para ello el Tribunal debe supervisar que los Estados responsables efectivamente cumplan con las reparaciones ordenadas por el Tribunal, antes de informar sobre el incumplimiento de una decisión a la Asamblea General de la OEA.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Por otro lado, la facultad de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y el procedimiento adoptado para ello también encuentra su fundamento en la práctica constante y uniforme de la Corte y en la resultante opinio juris communis de los Estados Partes en la Convención, respecto de los cuales la Corte ha emitido diversas resoluciones sobre cumplimiento de sentencia. La opinio juris communis significa la manifestación de la conciencia jurídica universal a través de la observancia, por la generalidad de los miembros de la comunidad internacional, de una determinada práctica como obligatoria. La referida opinio juris communis se ha manifestado en que dichos Estados han mostrado una actitud generalizada y reiterada de aceptación de la función supervisora de la Corte, lo cual se ha visto clara y ampliamente demostrado con la presentación por parte de éstos de los informes que la Corte les ha solicitado, así como con la observancia de lo resuelto por el Tribunal al impartirles instrucciones o dilucidar aspectos sobre los cuales existía controversia entre las partes, relativos al cumplimiento de las reparaciones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Asimismo, en todos los casos ante la Corte, la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales han aceptado la función supervisora de ésta, han remitido al Tribunal sus observaciones a los informes presentados por los Estados y se han ceñido a lo determinado por la Corte en sus decisiones sobre cumplimiento de sentencia. De esta manera, la actividad de la Corte y los comportamientos tanto de los Estados como de la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales han sido complementarios en relación con la supervisión del cumplimiento de las sentencias, en virtud de que el Tribunal ha ejercitado la función de realizar tal supervisión y a su vez los Estados, la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales han respetado las decisiones emitidas por la Corte en el ejercicio de tal función supervisora.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Al contrario de lo afirmado por Panamá (supra párr. 54.e), en lo que atañe al período de tiempo para considerar que se está ante una práctica constante, este Tribunal considera que lo importante es que la práctica sea observada de manera ininterrumpida y constante, y que no es esencial que la conducta sea practicada durante un determinado período. Así lo han entendido la jurisprudencia y doctrina internacionales. Inclusive, la jurisprudencia internacional ha reconocido la existencia de normas consuetudinarias que se formaron en períodos muy breves.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Ni la Convención Americana, ni el Estatuto y Reglamento de la Corte indican el procedimiento que se deba observar en la supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte, ni en lo que atañe a otras materias, como por ejemplo medidas urgentes y provisionales. El Tribunal ha realizado tal supervisión por medio de un procedimiento escrito, el cual consiste en que el Estado responsable presenta los informes que le sean requeridos por el Tribunal, y la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales remiten observaciones a dichos informes. Asimismo, en lo que se refiere a la etapa de supervisión del cumplimiento de sentencias, la Corte ha adoptado la práctica constante de emitir resoluciones o enviar comunicaciones al Estado responsable con el objeto de, inter alia, expresar su preocupación por los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia, instar al Estado para que cumpla con las decisiones del Tribunal, solicitarle que suministre información detallada en relación con las providencias tomadas para cumplir con determinadas medidas de reparación, y proporcionarle instrucciones para los efectos del cumplimiento, así como también con el fin de dilucidar aspectos sobre los cuales existe controversia entre las partes, relativos a la ejecución e implementación de las reparaciones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
El referido procedimiento escrito permite a la Corte supervisar el cumplimiento de sus sentencias y garantiza el respeto al principio del contradictorio, debido a que tanto el Estado como la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales tienen la posibilidad de aportar al Tribunal toda la información que consideren relevante respecto del cumplimiento de lo ordenado por éste. De tal forma, la Corte no emite una resolución o considera, mediante otro acto, el estado de cumplimiento de sus sentencias sin antes analizar los informes presentados por el Estado y las respectivas observaciones remitidas por la Comisión y las víctimas o sus representantes legales. Ahora bien, es preciso aclarar que, a pesar de que la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia ha sido desarrollada a través del mencionado procedimiento escrito y en ningún caso se ha convocado a una audiencia pública en esa etapa, si el Tribunal en el futuro lo considera conveniente y necesario puede convocar a las partes a una audiencia pública para escuchar sus alegatos sobre el cumplimiento de la sentencia. Ninguna norma de la Convención ni del Estatuto y el Reglamento de la Corte le exige a ésta que celebre audiencias públicas para resolver sobre el fondo de los casos y disponer las reparaciones, por lo que se desprende que tampoco es necesaria la celebración de audiencias para considerar el cumplimiento de las sentencias, salvo si el Tribunal lo estima indispensable.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Desde que emitió sus primeras sentencias de reparaciones en 1989, la Corte ha supervisado de forma ininterrumpida y constante el cumplimiento de todas las sentencias emitidas en los casos contenciosos a través del mencionado procedimiento escrito -inclusive en los casos en los que los Estados demandados reconocieron su responsabilidad internacional-, para lo cual ha emitido comunicaciones y resoluciones sobre el cumplimiento de sus sentencias en todos los casos, en aras de garantizar una aplicación íntegra y efectiva de sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)En la supervisión del cumplimiento en un caso la Corte autorizó a las partes a que los pagos de las indemnizaciones correspondientes a los beneficiarios menores de edad se realizaran a través de una inversión en certificados de depósito a término, en vez de la constitución de un fideicomiso ordenado en la sentencia sobre reparaciones, debido a que la inversión en certificados de depósito a término era la más favorable para los menores beneficiarios. Incluso, la Corte requirió al Estado que tomara “las medidas necesarias para que, en un futuro, los menores no v[ieran] sus intereses afectados por la inflación”. En otro caso, en aras de cumplir con la sentencia de reparaciones emitida por el Tribunal, el Estado le solicitó la opinión sobre si los gastos administrativos y financieros que generarían los fideicomisos ordenados en la mencionada sentencia como forma de pago para los beneficiarios menores de edad, podían deducirse, en desmedro del capital depositado y en perjuicio de los intereses de los referidos beneficiarios. Al respecto, la Corte le respondió que dichos gastos debían ser sufragados por el Estado, sin que este último pudiera deducir porcentaje alguno de las indemnizaciones correspondientes a los menores, en detrimento del capital depositado en fideicomiso.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Finalmente, otro ejemplo que demuestra la aceptación por parte de los Estados de la competencia del Tribunal para supervisar el cumplimiento de sus decisiones se dio cuando un Estado consultó a la Corte si el archivo en sede interna de la investigación de los hechos que constituían la materia del caso lo relevaba de su responsabilidad establecida en la sentencia del Tribunal. En respuesta a dicha comunicación estatal, la Corte resolvió que el Estado debía “contin[uar] con la investigación de los hechos y proces[ar] y sancion[ar] a los responsables, reabriendo, por consiguiente, el procedimiento judicial respectivo”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Aunado a todo lo anterior, es preciso destacar que, desde los primeros casos conocidos por la Corte, al presentar su Informe Anual ésta ha informado a la Asamblea General de la OEA del procedimiento seguido en la supervisión del cumplimiento de las sentencias y de su estado de cumplimiento. Si la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte fuera competencia “exclusiva de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos” (supra párr. 54.a), este órgano político ya se habría pronunciado al respecto, lo cual no ha ocurrido. No es posible suponer que desde 1989 la Corte ha venido ejercitando una función propia del máximo órgano político de la OEA y que éste, teniendo conocimiento de ello, lo haya permitido.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Claro ejemplo de la posición de la Asamblea General de la OEA fue la reacción de ésta cuando, en el Informe Anual correspondiente a 1994, la Corte le indicó que no había recibido comunicación oficial alguna del Estado sobre el cumplimiento de las sentencias en los casos Aloeboetoe y otros y Gangaram Panday, y le solicitó que exhortara al Estado a informar sobre el estado de cumplimiento de la sentencia sobre reparaciones en el caso Aloeboetoe y otros y a cumplir con la sentencia de 21 de enero de 1994 en el caso Gangaram Panday. Como consecuencia de las anteriores solicitudes, la Asamblea General de la OEA aprobó la siguiente recomendación respecto del referido Informe Anual de la Corte:[…]

3. Exhortar al Gobierno […] a que se sirva informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las sentencias sobre los casos Aloeboetoe y otros y Gangaram Panday.
[…].

Anteriormente, la Corte había aplicado el artículo 65 de la Convención en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz. Posteriormente, aplicó dicha norma en los casos Neira Alegría y otros, Castillo Páez, Loayza Tamayo y Castillo Petruzzi y otros. En lo que respecta a medidas provisionales, el Tribunal también aplicó el artículo 65 de la Convención en el caso James y otros.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Más recientemente, la Corte emitió dos sentencias de competencia en los casos Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional, ante el pretendido retiro, con efectos inmediatos, de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Estado del Perú. Además de emitir las dos referidas sentencias de competencia, la Corte, mediante comunicación dirigida el 28 de septiembre de 1999 al Secretario General de la OEA, señor César Gaviria Trujillo, le expresó que:[…]

Lo actuado por el Perú constituye un precedente grave que afecta directamente al sistema de protección establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por cuanto corresponde a esta Corte la defensa de la integridad de dicho sistema, solicitamos a Vuestra Excelencia que ante lo actuado por el Estado peruano, tome las providencias que considere oportunas como depositario de la Convención.
Es por ello que en su Informe Anual de 1999 la Corte hizo uso de la facultad establecida en el artículo 65 de la Convención para informar a la Asamblea General de la OEA para que exhortara al Estado del Perú a que cumpliera con todas las sentencias emitidas por la Corte:
Mediante Notas CDH-S/768 y CDH-S/788 de 12 y 24 de noviembre de 2000, respectivamente, dirigidas al Secretario General de la OEA, señor César Gaviria Trujillo, la Corte se volvió a referir al incumplimiento por parte del Perú de sus decisiones. La Asamblea General de la OEA se pronunció al respecto al aprobar el Informe Anual de la Corte correspondiente al año 2000, mediante Resolución AG/RES. 1827 (XXXI-O/01).(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)

Consecuentemente, la postura de la Asamblea General de la OEA con respecto a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte ha sido la de considerar que dicha supervisión le compete al mismo Tribunal, y que en el Informe Anual éste debe señalar los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Así, en el sistema interamericano, a diferencia del sistema europeo (supra párrs. 86 y 87), la propia Asamblea General de la OEA ha considerado que los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las decisiones de la Corte se deben presentar ante el mismo Tribunal (supra párr. 111).(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Finalmente, este Tribunal considera de importancia hacer referencia a las resoluciones emitidas por la Asamblea General de la OEA en los años 2000, 2001, 2002 y 2003, mediante las cuales este órgano ha reiterado “que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y que los Estados Parte de la Convención se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que sean parte”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En el punto resolutivo décimo de su Sentencia de 2 de febrero de 2001, la Corte “decid[ió] que supervisar[ía] el cumplimiento de [la] Sentencia”. Los días 11 de mayo de 2001, 6 de junio de 2001, 27 de junio de 2001, 3 de septiembre de 2001, 20 de febrero de 2002 y 10 de mayo de 2002 el Estado presentó diversos escritos (supra párr. 4), mediante los cuales informaba y daba cuenta sobre las gestiones realizadas para la ejecución de la sentencia dictada por la Corte. En esos escritos el Estado no realizó ningún cuestionamiento a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Posteriormente, el 21 de junio de 2002, el Tribunal emitió la primera Resolución sobre Cumplimiento de Sentencia en este caso, en la cual requirió al Estado que presentara a la Corte, a más tardar el 15 de agosto de 2002, un informe detallado sobre el cumplimiento de las reparaciones dispuestas en los puntos resolutivos sexto, séptimo y noveno de la Sentencia de 2 de febrero de 2001 (supra párr. 12). El 16 de agosto de 2002 el Estado presentó el informe sobre el cumplimiento de la sentencia requerido por la Corte mediante la Resolución de 21 de junio de 2002 (supra párr. 13). En ese informe el Estado tampoco realizó ningún cuestionamiento a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de la Sentencia. Aunado a lo anterior, los días 28 de junio, 23 de septiembre y 8 de noviembre de 2002 (supra párr. 14) Panamá presentó información sobre el cumplimiento de los puntos resolutivos sexto y noveno de la Sentencia de 2 de febrero de 2001, y en estos escritos también se abstuvo de realizar cuestionamiento alguno a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de la Sentencia.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
El 22 de noviembre de 2002 la Corte emitió una segunda Resolución sobre Cumplimiento de Sentencia (supra párr. 21), con base en el análisis de la información presentada por el Estado y las observaciones presentadas por las víctimas o sus representantes legales y por la Comisión Interamericana. En esta resolución el Tribunal constató que el Estado había cumplido la obligación estipulada en el punto resolutivo noveno de dicha sentencia. Asimismo, la Corte indicó ciertas pautas generales con el fin de resolver asuntos relativos a la ejecución de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia respecto de las cuales existía controversia entre las partes, y solicitó al Estado que presentara un nuevo informe, a más tardar el 30 de junio de 2003, en el cual indicara los avances en el cumplimiento de las reparaciones, con el propósito de que la Corte contara con información para determinar el grado de cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001. Dentro de las pautas generales sobre la ejecución de las medidas de reparación, la Corte se refirió a la determinación de los derechos laborales que debía realizar el Estado para dar cumplimiento al punto resolutivo sexto y al trámite para la ejecución de lo dispuesto en el punto resolutivo séptimo de la mencionada sentencia, lo cual se debía llevar a efecto “observando las garantías del debido proceso y según la legislación aplicable a cada víctima”, como lo había dispuesto en la Sentencia de 2 de febrero de 2001.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Fue después de esta segunda resolución que el Estado, mediante escrito de 27 de febrero de 2003 (supra párr. 26), cuestionó por primera vez la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias. En este escrito Panamá manifestó su disconformidad con lo decidido por la Corte en la Resolución de 22 de noviembre de 2002, e indicó que la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia es una etapa “post-adjudicativa”, que “no está prevista por las normas que regulan la jurisdicción y el procedimiento de la Honorable Corte” y que, al emitir esa resolución, ésta había interpretado la Sentencia de 2 de febrero de 2001. En el mismo sentido presentó un escrito el 30 de julio de 2003 (supra párrs. 41 y 54), en el cual nuevamente cuestionó la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)La Corte observa que el Estado cuestionó por primera vez la competencia del Tribunal para supervisar el cumplimiento de sus sentencias más de dos años después de que la Corte emitió la Sentencia sobre el Fondo y las Reparaciones y Costas -en la cual indicó que supervisaría el cumplimiento de la propia Sentencia-. A partir de la emisión de dicho fallo, Panamá ha presentado 14 escritos al Tribunal relativos al cumplimiento de la referida decisión (supra párrs. 4, 13, 14, 26, 35, 39 y 41), mediante los cuales ha mantenido a la Corte informada sobre las diversas gestiones efectuadas con el propósito de cumplir con la mencionada decisión del Tribunal. Además, el Estado ha manifestado “su intención de cumplir con la Sentencia de 2 de febrero de 2001”. Después de que el Tribunal emitiera una segunda resolución, en la cual se refirió a los parámetros generales que el Estado debía respetar al dar cumplimiento a las reparaciones dispuestas en el presente caso, Panamá cuestionó la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Sin embargo, no hubo cuestionamiento alguno a la primera resolución emitida por el Tribunal.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Pese a que Panamá presentó 2 escritos (supra párrs. 26, 41, 53 y 54) en los cuales objetó la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, en esos mismos escritos el Estado informó al Tribunal sobre diversas gestiones efectuadas a efectos de cumplir lo dispuesto por la Corte.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Además de presentar diversos informes, en el marco del procedimiento no reglado de supervisión, el Estado solicitó tres reuniones entre sus representantes y miembros del Tribunal, a lo cual este último accedió y delegó en su Presidente y Vicepresidente o en la Secretaría. Las referidas reuniones se celebraron en la sede de la Corte, así:a) el 25 de febrero de 2002, a las 8:30 a.m., se entrevistaron el Presidente y el Vicepresidente de la Corte; dos funcionarios de la Secretaría, y los siguientes representantes del Estado: Embajadora Virginia Burgoa Solanas, Embajada de Panamá en Costa Rica; Embajador Alfredo Castillero Hoyos, Director General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; Jaime Moreno, Viceministro de Trabajo de Panamá; Eduardo Quiroz, Viceministro de Economía y Finanzas de Panamá; Luis Enrique Martínez Cruz, Ministro Consejero de la Embajada de Panamá en Costa Rica, y Doris Sosa de González, Agregada de la Embajada de Panamá en Costa Rica. En esa ocasión los representantes del Estado, inter alia, manifestaron su voluntad de cumplir con la sentencia emitida por la Corte e informaron sobre las gestiones efectuadas para el cumplimiento del fallo. Por su parte, la Secretaría, a solicitud del Presidente, explicó a los funcionarios estatales, en forma detallada, el procedimiento aplicado en la supervisión del cumplimiento de las decisiones del Tribunal;

 

b) el 24 de junio de 2002, a las 11:35 a.m., se reunieron tres funcionarios de la Secretaría y los siguientes representantes del Estado: Embajadora Virginia Burgoa Solanas, Embajada de Panamá en Costa Rica, y Luis Enrique Martínez Cruz, Ministro Consejero de la Embajada de Panamá en Costa Rica. En esa oportunidad los funcionarios del Estado consultaron a la Secretaría sobre el modo de dar cumplimiento a la sentencia en el presente caso. Los funcionarios de la Secretaría les manifestaron que no podían “emitir una opinión sobre el cumplimiento, por parte del Estado, de la sentencia” de 2 de febrero de 2001; y

 

c) el 27 de febrero de 2003 se presentó una delegación del Estado con el propósito de entregar un escrito (supra párrs. 26 y 53) sobre el cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001.
Por otra parte, Panamá no solo cumplió su deber de presentar informes al Tribunal, y realizó actos que demuestran su reconocimiento a la función de supervisión realizada por la Corte, sino que nunca manifestó desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo emitido en este caso, concretamente en lo que atañe a la competencia de la Corte de supervisar el cumplimiento de dicho fallo y, en concordancia con ello, se abstuvo de interponer demanda de interpretación de sentencia.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
A tal efecto, merece recordarse que según el artículo 67 de la Convención,
[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
Y que en el párrafo 213 de la Sentencia de 2 de febrero de 2001 la Corte “se reserv[ó] la facultad de supervisar el cumplimiento integral de la […] Sentencia”, y en el punto resolutivo décimo del mismo fallo “decid[ió] que supervisar[ía] el cumplimiento de [la] Sentencia”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Después de analizar el actuar del Estado en sus diversos escritos, la Corte concluye lo siguiente: a) a pesar de contar con la facultad de solicitar la interpretación de la sentencia, por el desacuerdo sobre el sentido o alcance de las disposiciones relativas a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de la sentencia, el Estado no utilizó el medio procesal previsto en el artículo 67 de la Convención; b) el Estado presentó numerosos informes sobre el cumplimiento de la sentencia; c) el Estado no objetó la primera resolución que emitió la Corte sobre el cumplimiento de la sentencia el 21 de junio de 2002 (supra párr. 12); d) la conducta constante del Estado implica un reconocimiento de la facultad que tiene la Corte de supervisar el cumplimiento de la sentencia sobre el fondo y las reparaciones y costas emitida en el presente caso; e) tan sólo después que la Corte emitiera, el 22 de noviembre de 2002, una segunda resolución sobre el cumplimiento de sentencia, objetó Panamá la facultad de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias. Vale destacar que esto ocurrió dos años después de emitida la sentencia sobre el fondo y las reparaciones y costas del caso; y f) pese a cuestionar la función supervisora del Tribunal, el Estado ha continuado informando a éste sobre las gestiones efectuadas para cumplir su decisión, lo cual demuestra su reconocimiento a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En conclusión, para la Corte está fuera de duda que la conducta del Estado demuestra que éste reconoció la competencia del Tribunal para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y que el Estado se ha comportado así, en consecuencia, a lo largo de casi todo el procedimiento de supervisión.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder, inherente a sus atribuciones, de determinar el alcance de su propia competencia, así como de sus resoluciones y fallos, y el cumplimiento de estos últimos no puede quedar al mero arbitrio de las partes, pues sería inadmisible subordinar el mecanismo previsto en la Convención Americana a restricciones que hagan inoperante la función del Tribunal y, por lo tanto, el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en la Convención.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)La supervisión del cumplimiento de las sentencias es uno de los elementos que componen la jurisdicción. La efectividad de las sentencias depende de su cumplimiento.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Además, el cumplimiento de las decisiones y sentencias debe ser considerado parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio. Lo contrario supone la negación misma de este derecho. Si el Estado responsable no ejecuta en el ámbito interno las medidas de reparación dispuestas por la Corte estaría negando el derecho de acceso a la justicia internacional.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)La Corte tiene la facultad, inherente a su función jurisdiccional, de supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Los Estados deben cumplir “la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”, de conformidad con el artículo 68.1 de la Convención. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La Corte tiene el poder inherente a sus atribuciones de emitir, a petición de parte o motu proprio, instrucciones para el cumplimiento e implementación de las medidas de reparación por ella ordenadas, con el propósito de cumplir efectivamente con la función de velar por el fiel cumplimiento de sus decisiones. Las decisiones emitidas por la Corte en el procedimiento de supervisión de cumplimiento atañen directamente a las reparaciones ordenadas por el Tribunal, de manera que no modifican sus fallos, sino que aclaran su alcance a la luz de la conducta del Estado y tratan de que el cumplimiento e implementación de las reparaciones se haga de la forma indicada en la referida decisión y de la forma que mejor proteja los derechos humanos.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La competencia de la Corte Interamericana para supervisar el cumplimiento de sus decisiones encuentra su fundamento jurídico en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención, así como en el artículo 30 del Estatuto de la Corte. El Tribunal debe ejercer la facultad inherente y no discrecional a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, con el fin de cumplir con el mandato establecido en las mencionadas normas de la Convención Americana, específicamente con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el artículo 65 de la Convención, a los efectos de informar a la Asamblea General cuando un estado incumple sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La supervisión sobre el cumplimiento de las resoluciones de la Corte implica, en primer término, que ésta solicite información al Estado sobre las actividades desarrolladas para los efectos de dicho cumplimiento, así como recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes legales. Una vez que el Tribunal cuenta con esa información puede apreciar si hubo cumplimiento de lo resuelto, orientar las acciones del Estado para este fin y cumplir la obligación de informar a la Asamblea General, en los términos del artículo 65 de la Convención.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La postura de la Asamblea General de la OEA respecto a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte ha sido la de considerar que dicha supervisión compete al mismo Tribunal.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En lo que atañe al presente caso, esta Corte considera que las tres resoluciones sobre cumplimiento de sentencia que ha dictado (supra párrs. 12, 21 y 37) fueron emitidas dentro del ámbito de su competencia de supervisar el cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001, con el propósito de obtener información que permita determinar el grado de cumplimiento de dicho fallo y de indicar ciertas pautas generales que permitan resolver asuntos relativos a la ejecución de las medidas de reparación ordenadas en dicha sentencia, respecto de los cuales existía controversia entre las partes.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La conducta del Estado panameño implica un reconocimiento de la facultad que tiene la Corte de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y es improcedente la objeción que el Estado ahora interpone a esa facultad, en detrimento del principio general de la seguridad jurídica. Aún más, los Estados Partes en la Convención respecto de los cuales la Corte ha emitido resoluciones sobre cumplimiento de sentencia han conformado una opinio juris communis al mostrar una actitud generalizada y reiterada de aceptación de la función supervisora de la Corte (supra párr. 102).(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
De conformidad con las razones expuestas, este Tribunal tiene la facultad de continuar supervisando el cumplimiento integral de la Sentencia de 2 de febrero de 2001 en el caso Baena Ricardo y otros.