CARTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN

Con motivo de haberse cumplido recientemente el décimo aniversario de la reforma de la Constitución Nacional que –entre otras cosas– incorporó el inciso 17 del artículo 75, referente a los derechos de los pueblos indígenas, en mi carácter de presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, me dirijo a Usted con el objeto de hacerle llegar algunas preocupaciones que esta Comisión tiene con referencia al cumplimiento de estos derechos, especialmente en lo concerniente a las tierras.

En las comunidades indígenas, que a través de nuestro Equipo Nacional de Pastoral Aborigen acompañamos en forma directa en muchas provincias de nuestro país, se percibe una profunda decepción –que en algunos casos llega al descreimiento– acerca de las autoridades y las leyes, ya que en relación con el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos en la norma constitucional en vez de haberse avanzado, pareciera que se está en franco retroceso, con desalojos muchas veces violentos de comunidades que, de un día para otro, se ven despojadas de sus tierras cuya posesión es inmemorial, siendo consideradas por las autoridades como intrusas en su propia tierra. Son también reiterados y eternamente ignorados los reclamos de las comunidades en cuanto a la titularización de sus tierras tradicionalmente ocupadas y de otras aptas y suficientes para su desarrollo, tal con prescribe la Constitución.

Con respecto a este derecho fundamental a la tierra, no se percibe –hasta el presente– que se hayan diseñado y se apliquen políticas activas tendientes a saldar esta deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas.

Es valorable el paso dado recientemente por el Poder Ejecutivo en cuanto a remitir al Congreso un proyecto de ley que suspende los desalojos de comunidades indígenas, pero estimamos que ello debe ir acompañado de un proceso que permita avanzar sin dilaciones en la titularización de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades que no tienen actualmente su título de propiedad, estimadas actualmente en un setenta por ciento del total del país.

Para ello, estimamos necesaria una legislación que instrumente la propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas mediante un procedimiento ágil y sencillo, al que puedan acceder con facilidad todas las comunidades que así lo requieran.

Los largos tiempos que se toman los diversos funcionarios para realizar estudios y analizar alternativas para encarar este tema conspiran contra la credibilidad de las autoridades por parte de las comunidades, sumando así otra decepción más en su largo camino en búsqueda de ‘una justicia demasiado largamente esperada’.

Con mis sinceros deseos de que Dios lo ilumine para que pueda servir a todo el pueblo argentino y, en especial, a los pobres y excluidos que miran con esperanza su gestión de gobierno, me despido cordialmente.
Mons. Marcelo Melani, obispo de Neuquén presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen

DERECHO A JUEZ IMPARCIAL

La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. En este sentido se definía en la propia legislación peruana (artículo 282 de la Constitución Política de 1979). El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia.(Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re “Castillo Petruzzi)
Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear “tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios”.(Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re “Castillo Petruzzi)
El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención Americana. En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, de conformidad con la Ley Orgánica de la Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes, a su vez, determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares.(Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re “Castillo Petruzzi)
Este Tribunal ha señalado que las garantías a que tiene derecho toda persona sometida a proceso, además de ser indispensables deben ser judiciales, “lo cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción”.(Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re “Castillo Petruzzi)
En relación con el presente caso, la Corte entiende que los tribunales militares que han juzgado a las supuestas víctimas por los delitos de traición a la patria no satisfacen los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad establecidas por el artículo 8.1 de la Convención Americana, como elementos esenciales del debido proceso legal.(Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re “Castillo Petruzzi)
Además, la circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos por delitos de traición a la patria sean “sin rostro”, determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia. Esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohíbe la recusación de dichos jueces.(Sentencia del 30 de mayo de 1999 in re “Castillo Petruzzi)
La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, a saber:
Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso.(Sentencia del 2 de julio de 2004 in re “Herrera Ulloa”)
La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática.(Sentencia del 2 de julio de 2004 in re “Herrera Ulloa”)
Como ha quedado probado, en el proceso penal contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa se interpuso el recurso de casación en dos oportunidades (supra párr. 95. r y 95. w). La Corte observa que los cuatro magistrados titulares y el magistrado suplente que integraron la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia al decidir el 7 de mayo de 1999 el recurso de casación interpuesto por el abogado del señor Félix Przedborski contra la sentencia absolutoria, fueron los mismos que decidieron el 24 de enero de 2001 los recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria por el abogado defensor del señor Mauricio Herrera Ulloa y apoderado especial del periódico “La Nación”, y por los señores Herrera Ulloa y Vargas Rohrmoser, respectivamente (supra párr. 95. y).(Sentencia del 2 de julio de 2004 in re “Herrera Ulloa”)
Cuando la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia resolvió el primer recurso de casación anuló la sentencia casada y ordenó remitir el proceso al tribunal competente para su nueva sustanciación, con base en que, inter alia, “la fundamentación de la sentencia no se presenta como suficiente para descartar racionalmente la existencia de un dolo directo o eventual (respecto a los delitos acusados)” (supra párr. 95. s).(Sentencia del 2 de julio de 2004 in re “Herrera Ulloa”)
Los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debieron abstenerse de conocer los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria de 12 de noviembre de 1999 porque, considera esta Corte, que al resolver el recurso de casación contra la sentencia absolutoria de 29 de mayo de 1998, los mismos magistrados habían analizado parte del fondo, y no solo se pronunciaron sobre la forma.(Sentencia del 2 de julio de 2004 in re “Herrera Ulloa”)
Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al resolver los dos recursos de casación interpuestos contra la sentencia condenatoria, no reunieron la exigencia de imparcialidad. En consecuencia, en el presente caso el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Mauricio Herrera Ulloa.(Sentencia del 2 de julio de 2004 in re “Herrera Ulloa”)

La ONU tiene pruebas sobre las torturas en Guantánamo

Expertos de la organización señalaron que cuentan con relatos confiables sobre maltratos en el centro de detención norteamericano en la base cubana

GINEBRA (AP).- Expertos de la ONU declararon que tienen relatos confiables de que hubo torturas en el centro de detención que Estados Unidos mantiene en la base de Guantánamo.

Añadieron que su pedido de inspeccionar el centro de detención estaba “basado en información, de fuentes confiables, de denuncias graves de torturas, tratamiento cruel, inhumano y degradante, detenciones arbitrarias, y violaciones de los derechos de los detenidos a tener cuidados médicos y un proceso judicial justo e imparcial”.

“Muchas de estas denuncias han sido conocidas mediante documentos gubernamentales (estadounidenses) desclasificados”, agregaron.

Los cuatro especialistas dijeron que Washington no ha respondido a su último pedido – formulado a mediados de abril – para que puedan examinar las condiciones de los presuntos terroristas detenidos en Guantánamo.

Una vocera del gobierno estadounidense dijo que la petición sigue siendo considerada en Washington.

Los investigadores del organismo mundial, que han intentado visitar Guantánamo desde el 2002, enviaron una nueva y detallada petición en abril al gobierno estadounidense solicitando una respuesta para mediados de mayo.

Uno de los especialistas, el austriaco Manfred Nowak, dijo que por ahora las autoridades norteamericanas se niegan a garantizarle el derecho de hablar con los detenidos en privado – un “requisito absoluto” para efectuar la visita.

Nowak, investigador especial de la ONU de la tortura, insiste que su equipo necesitará pleno acceso a todas las instalaciones y la totalidad de los presos.

“Lamentamos profundamente que el gobierno de Estados Unidos no nos ha invitado aún a visitar a esas personas detenidas o juzgadas por presunto terrorismo u otras violaciones”, dijo la nota de los especialistas, que informan a varios organismos de la ONU sobre la tortura, la salud mental y física, la independencia de los jueces y las detenciones arbitrarias.

Los especialistas dijeron que decidieron hacer públicos sus recelos ante “la falta de una respuesta definitiva, pese a las repetidas solicitudes, lo que sugiere que Estados Unidos no está dispuesto a cooperar con la maquinaria de los derechos humanos de las Naciones Unidas en este tema”.

La vocera de la misión estadounidense en la ONU en Ginebra, Brooks Robinson, dijo que la respuesta ha sido retrasada debido al proceso de revisión de Estados Unidos, que es “metódico e independiente”, y en el que participan el gobierno del presidente George W. Bush, el Congreso y el sistema judicial norteamericano.

“Es verdad que no ha sido respondido aún su pedido, pero lo principal es que su petición está siendo considerada y analizada y revisada en Estados Unidos”, dijo Robinson a The Associated Press.

“Este proceso ha sido iniciado en respuesta a esta petición”, agregó la vocera, e insistió que Estados Unidos trata humanamente a los detenidos en la guerra contra el terrorismo.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense sólo ha permitido a la Comisión Internacional de la Cruz Roja la visita de los detenidos en Guantánamo, a donde llegaron los primeros sospechosos de pertenecer al Talibán afgano y a la red terrorista al-Qaida a principios del 2002.

La CICR mantiene la confidencialidad de sus inspecciones y sólo las transmite a la potencia que detiene a los prisioneros, aunque algunos de esos informes han sido filtrados, según la entidad, por terceros.

Los especialistas de la ONU, por el contrario, sí difunden públicamente sus informes.

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los detenidos en Guantánamo

El Parlamento Europeo,

– Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 25 de abril de 2005, sobre la legalidad de las detenciones realizadas por Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos Humanos sobre Guantánamo, de 15 de febrero de 2006, en el que pide el cierre inmediato del centro de detención de Guantánamo y la liberación o el procesamiento de las personas que siguen detenidas,

– Vistas las conclusiones y las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la tortura en relación con los Estados Unidos, publicadas el 19 de mayo de 2006,

– Vista la publicación por parte del Pentágono, el 15 de mayo de 2006, de la lista de 759 personas que han estado detenidas en el pasado o que siguen detenidas en la actualidad en la Bahía de Guantánamo, sin que se haya señalado si en dicha lista figuran todos los detenidos,

– Vistas las cifras más recientes dadas a conocer por el Gobierno de los Estados Unidos sobre el número de detenidos en Guantánamo, según las cuales unos 275 detenidos han sido puestos en libertad, 465 siguen detenidos y 133 serán puestos en libertad próximamente,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el derecho de los detenidos en Guantánamo a un juicio justo y, en particular, su Resolución de 7 de febrero de 2002 sobre la situación de los prisioneros de la Bahía de Guantánamo |1|, su Recomendación de 10 de marzo de 2004 destinada al Consejo sobre el derecho de los detenidos de Guantánamo a un juicio justo |2|, y su Resolución de 16 de febrero de 2006 sobre Guantánamo,

– Vista su Resolución de 18 de mayo de 2006 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2005,

– Vista la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984,

– Vistas las directrices de la UE sobre la lucha contra la tortura y sobre la pena de muerte, y sus directrices en materia de diálogo sobre derechos humanos con terceros países, adoptadas en 2001,

– Vista la reunión informal de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE celebrada en Viena los días 27 y 28 de mayo de 2006,

– Vistos los llamamientos de la Canciller alemana, del Primer Ministro británico y del Secretario General de las Naciones Unidas, entre otros, a favor del cierre del centro de detención de Guantánamo,

– Visto el apartado 4 del artículo 103 del Reglamento,

A. Consciente de que el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser objeto de una detención arbitraria y que la privación de libertad debe basarse en las causas y los procedimientos establecidos por la ley, e instando a todas las partes a aplicar las disposiciones del mismo,

B. Considerando que las informaciones sobre los abusos cometidos contra detenidos bajo custodia de los EE.UU., sobre intentos de suicidio por parte de los detenidos y sobre una revuelta en la prisión de la Bahía de Guantánamo son especialmente preocupantes; tomando nota de que los Estados Unidos sólo han adoptado medidas limitadas para investigar y, en aquellos casos en que hay pruebas, sancionar al personal implicado,

C. Acogiendo con satisfacción que se haya permitido a algunos detenidos celebrar reuniones privadas con abogados independientes,

1. Reitera su llamamiento al Gobierno de los EE.UU. para que cierre el centro de detención de la Bahía de Guantánamo e insiste en que el trato que debe darse a todos los presos debe ser conforme al Derecho humanitario internacional y que, en caso de que sean inculpados, deben ser juzgados sin demora en una vista justa y pública por un tribunal competente, independiente e imparcial o por un tribunal internacional;

2. Condena todas las formas de tortura y de malos tratos y reitera la necesidad de respetar el Derecho internacional;

3. Pide a las autoridades de los Estados Unidos que apliquen las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la tortura y que velen por que no se recurra a «técnicas especiales de interrogatorio», como métodos que implican la humillación sexual, el llamado «submarino» (water-boarding), en que se hace creer al prisionero que se está ahogando, el encadenamiento al suelo con cadenas cortas que obligan a posturas humillantes (short shackling) y el uso de perros para crear miedo, que constituyen torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes;

4. Pide al Gobierno de los Estados Unidos que permita a los correspondientes órganos de las Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos celebrar encuentros sin restricciones con los detenidos de la Bahía de Guantánamo; observa que la Cruz Roja ha sido la única organización internacional a la que se le ha permitido oficialmente celebrar encuentros con los detenidos;

5. Toma nota de que los militares de los Estados Unidos han realizado esfuerzos importantes para garantizar que las condiciones de detención de los detenidos sean mejores que en el pasado, en particular en lo que se refiere a la atención médica, la nutrición, la expresión y el ejercicio de sus derechos religiosos y las actividades de recreación;

6. Considera que la mejora de las condiciones de detención no soluciona el verdadero problema, es decir, que la verdadera preocupación es la violación del Estado de Derecho, del Derecho internacional y de las normas internacionales en materia de derechos humanos;

7. Lamenta la aparente existencia de planes por parte del Pentágono de suprimir una disposición de la normativa relativa al trato que deben recibir los detenidos que prohíbe el trato humillante y de eliminar la referencia explícita a la Convención de Ginebra y al Convenio de las Naciones Unidas contra la tortura del manual sobre interrogatorios del ejército de los Estados Unidos;

8. Toma nota de que los Estados Unidos definen la lucha contra el terrorismo como «guerra» pero que, no obstante, no reconocen los derechos de los detenidos que se derivan de la Convención de Ginebra; considera que, a pesar de la naturaleza específica de la lucha contra el terrorismo, debe aplicarse el Derecho internacional;

9. Señala que la construcción del nuevo campo 6, que se abrirá en agosto y que contará con los equipos más modernos, pero que no tendrá ventanas, no deja entrever un cierre a corto plazo del centro;

10. Pide a las autoridades de los Estados Unidos que aseguren que todas las acusaciones de tortura y otros malos tratos contra personal de los Estados Unidos sean objeto de una investigación civil rápida, profunda y creíble y que sean juzgados;

11. Pide al Gobierno de los Estados Unidos que clarifiquen si en Guantánamo han estado detenidos o siguen detenidos menores de edad, en violación del Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

12. Pide a las autoridades de los Estados Unidos que velen por que los detenidos liberados no sean devueltos a ningún Estado en el que podrían correr el riesgo de ser torturados o de ser sometidos a un trato cruel, inhumano y degradante;

13. Subraya que el terrorismo actual y, en particular, el terrorismo global dirigido contra los Estados y sus habitantes, constituyen una amenaza contra los derechos humanos básicos y fundamentales de los que disfrutan nuestras sociedades; reitera su convencimiento de que la lucha contra el terrorismo, que es una de las prioridades de la UE y de los Estados Unidos, no puede librarse a expensas de los valores fundamentales comunes establecidos y compartidos, tales como el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho;

14. Considera que la violación del Derecho internacional en la «guerra contra el terror» proclamada debilita gravemente la credibilidad y la fuerza de la lucha contra el terrorismo;

15. Pide a la Unión Europea que adopte una posición común de cara a la Cumbre UE-EE.UU. y que defina una acción común en la que se inste al Gobierno de los Estados Unidos a que cierre el centro de detención de la Bahía Guantánamo y a que actúe de conformidad con el Derecho internacional en lo que al trato que brinda a los detenidos se refiere;

16. Sugiere, siguiendo las recomendaciones de la delegación de diputados al Parlamento Europeo que ha visitado Guantánamo recientemente, el envío de una delegación ad hoc a Guantánamo cuando el Parlamento Europeo lo considere necesario y apropiado;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Representante de la PESC, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América.

Annan: “La guerra en Irak fue ilegal”

_40364655_annanap203bokEl secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo a la BBC que la invasión de Irak liderada por Estados Unidos fue un acto ilegal que contraviene la Carta de Naciones Unidas.

El funcionario señaló que la decisión de actuar en el caso de Irak debió haber sido tomada por el Consejo de Seguridad y no de manera unilateral.

“Desde nuestro punto de vista y del de la Carta de la ONU fue ilegal”, fueron las palabras del secretario general.

Annan añadió que teme que las elecciones en Irak, planeadas para enero próximo, no se celebren a menos que ese país realice un esfuerzo considerable para mejorar la seguridad.

En entrevista con el Servicio Mundial de la BBC, Annan afirmó que la decisión de Washington de invadir Irak sin el respaldo del Consejo de Seguridad y sin mayor apoyo internacional trajo dolorosas lecciones.

Rechazo

Las declaraciones de Annan provocaron reacciones en Gran Bretaña y Australia, dos de los países que enviaron tropas a Irak como parte de las fuerzas de la coalición.

Howard defendió su decisión y criticó a las Naciones Unidas.
El gobierno británico dijo en Londres que su propio Fiscal General determinó, en su momento, que existía una base legal para la invasión al país árabe.

En Australia, la respuesta llegó del mismo primer ministro, John Howard, quien manifestó que la operación militar fue absolutamente válida para la ley internacional.

Howard fue aún más allá y opinó que la ONU muchas veces se paraliza en la búsqueda de concenso entre sus miembros.

“Lecciones”

“Lecciones para Estados Unidos, para la ONU y otros estados miembros. Creo que al final, todo el mundo concluyó que es mejor trabajar con nuestros aliados y a través de Naciones Unidas”, dijo Annan a la BBC.

“Espero que no veamos otro tipo de operación como la de Irak en mucho tiempo, sin la aprobación de la ONU y sin mayor apoyo de la comunidad internacional”, dijo Annan.
Espero que no veamos otro tipo de operación como la de Irak en mucho tiempo, sin la aprobación de la ONU y sin mayor apoyo de la comunidad internacional….desde nuestro punto de vista y del de la Carta de la ONU fue ilegal

Kofi Annan, secretario general de la ONU
El secretario general de la ONU explicó que el organismo proporcionará asesoría en las próximas elecciones, pero advirtió que depende del gobierno interino iraquí decidir si los comicios se celebrarán.

Annan señaló que no puede haber “elecciones creíbles si las condiciones de seguridad continúan como están”.

Horas antes, el jefe del Ejército británico, general Sir Mike Jackson dijo que las elecciones nacionales en Irak van por buen camino.

Los esfuerzos necesarios

Jackson explicó el miércoles, al programa Radio 4 de la BBC que “la gente está confiada en que las elecciones se celebrarán si todo el mundo realiza los esfuerzos necesarios”.

Sus comentarios ocurren un día después de varios atentados, incluidos la explosión de un coche bomba cerca de una estación de policía en Irak, con un saldo de 47 personas muertas, y disparos contra un autobús en Baquba, que ocasionó la muerte de otras 12.

A principios de la semana el primer ministro interino de Irak, Iyad Allawi, señaló que las elecciones deben celebrarse según lo previsto, aunque reconoció que la violencia podría impedir que algunos iraquíes voten.

“Si por cualquier razón, 300.000 personas no pueden votar, porque así lo deciden los terroristas y eso es conceder mucho, creo que 300.000 personas no van a alterar el sufragio de 25 millones”, afirmó Allawi a los diarios británicos The Times y Guardian.

“Hay problemas, sí, pero no creo que al punto de que no podamos celebrar una elección”, afirmó Allawi.

La mano Esclava en América

Publicamos un interesante artículo de dos periodistas italianos, sobre el trato a los detenidos en las cárceles de los Estados Unidos de Norteamérica.-

Lo hacemos con el sólo fin de dar a publicidad una conducta que, comúnmente, se ignora, y que no estamos de acuerdo con la solución que proponen. En efecto, para los periodistas la solución es la doctrina “abolicionista”, para nosotros  es el irrestricto respeto a los derechos humanos, tanto respecto de los detenidos como de los no detenidos, es decir, a la población en general.-

El abolicionismo, en América, al menos, lleva, ineludiblemente, a la creación de grupos parapoliciales (o paramilitares, como se quiera).- Por ello es que consideramos a los abolicionistas como forjadores de los “para”, tal como nos enseña la experiencia tanto en Argentina, como en Colombia, Brasil, Guatemala, Haiti, etc

COMPETENCIA DE EJECUCION

La Corte ha establecido que no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben tener efectividad, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. Al respecto, este Tribunal ha señalado que
[…] no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
“La salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos”, protección ésta que debe ser real y efectiva.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)  Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. Sin embargo, la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia. Se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En este sentido, la Corte Interamericana ha declarado la violación del artículo 25 de la Convención en el caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú, al señalar que el Estado demandado durante un largo período de tiempo no ejecutó las sentencias emitidas por los tribunales internos.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Asimismo la Corte Europea, al considerar la violación al artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante “la Convención Europea”), el cual consagra el derecho a un juicio justo, ha establecido en el caso Hornsby vs. Grecia, que
[…] este derecho sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca inoperante en detrimento de una de las partes. […] La ejecución de las sentencias emitidas por los tribunales debe ser considerada como parte integrante del ‘juicio’ […]. (Énfasis agregado)(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
A la luz de lo anterior, este Tribunal estima que, para satisfacer el derecho de acceso a la justicia, no es suficiente con que en el respectivo proceso o recurso se emita una decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y obligaciones o se proporcione la protección a las personas. Además, es preciso que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. La ejecución de tales decisiones y sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario supone la negación misma de este derecho.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Las anteriores consideraciones son aplicables al proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En las sentencias sobre el fondo y las reparaciones y costas, la Corte Interamericana decide si el Estado es responsable internacionalmente y, cuando lo es, dispone la adopción de una serie de medidas de reparación para hacer cesar las consecuencias de la violación, garantizar los derechos conculcados, y reparar los daños materiales e inmateriales que las infracciones produjeron. Como fue expuesto anteriormente (supra párrs. 61 y 62), los Estados responsables tienen la obligación de cumplir con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal y no pueden invocar razones de orden interno para no ejecutarlas. Si el Estado responsable no ejecuta en el ámbito interno las medidas de reparación dispuestas por la Corte estaría negando el derecho de acceso a la justicia internacional.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)En lo que respecta al fundamento jurídico de la competencia de la Corte Interamericana para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, es preciso considerar lo establecido en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana, así como lo señalado en su artículo 29.a; lo que estipula el Estatuto de la Corte en su artículo 30, y lo que dispone el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
A diferencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en el sistema europeo el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado las normas que establecen claramente el procedimiento que debe desarrollar este órgano para supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Europea. El Comité de Ministros, a diferencia de lo que ocurre en el sistema interamericano de protección, es el órgano político ante el cual los Estados responsables presentan los informes sobre las medidas adoptadas para ejecutar las sentencias.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La Convención Americana no estableció un órgano específicamente encargado de supervisar el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte, como sí lo dispuso la Convención Europea. En la preparación de la Convención Americana se siguió el esquema adoptado por la Convención Europea, en lo relativo a los órganos competentes y a los mecanismos institucionales; sin embargo, es claro que al regular la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana no se contempló que la Asamblea General de la OEA o el Consejo Permanente de la OEA desempeñaran una función semejante a la del Comité de Ministros en el sistema europeo.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Los travaux préparatoires de la Convención Americana permiten consultar cuál era la voluntad de los Estados cuando aprobaron dicho tratado, en cuanto a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte. El Proyecto de Convención no establecía una disposición similar al actual artículo 65. Sin embargo, la Comisión II, encargada de estudiar y redactar los artículos correspondientes a la parte procesal del Proyecto de Convención, propuso el texto del actual artículo 65 de la Convención Americana. En el Informe sobre “Órganos de la Protección y Disposiciones Generales” de 21 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, la Comisión II indicó en su quinta sesión, celebrada el 17 de noviembre de 1969, que:las delegaciones expresaron su opinión de que se dotara a la Corte de una competencia amplia que le permitiera ser el instrumento eficaz para la protección jurisdiccional de los derechos humanos.
En el mencionado informe, al explicar la redacción de las disposiciones del proyecto del tratado correspondientes a la Corte, la Comisión II se refirió al entonces proyecto del actual artículo 65 en los siguientes términos:

El artículo 65, que es una disposición nueva, establece que la Corte someterá un informe a la Asamblea General de la Organización, lo cual está contemplado en el Artículo 52 de la Carta de la Organización, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

Pero, además, el artículo dispone el importante concepto de que la Corte debe señalar los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos, con las recomendaciones pertinentes de la Corte […].
La Corte estima que la voluntad de los Estados, al aprobar lo estipulado en el artículo 65 de la Convención, fue otorgar a la misma Corte la facultad de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y que fuera el Tribunal el encargado de poner en conocimiento de la Asamblea General de la OEA, a través de su Informe Anual, los casos en los cuales se diera un incumplimiento de las decisiones de la Corte, porque no es posible dar aplicación al artículo 65 de la Convención sin que el Tribunal supervise la observancia de sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Para determinar el alcance de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana, así como en el 30 del Estatuto de la Corte, y para cumplir adecuadamente con la obligación de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, la Corte ha observado las directrices de interpretación establecidas en la Convención Americana y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, así como también ha tomado en consideración la naturaleza y los valores comunes superiores en que se inspira la Convención.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la Convención, la Corte tiene competencia sobre todos los asuntos relacionados con la interpretación o aplicación de la Convención Americana. Para mayor claridad sobre el sentido de esta disposición conviene acudir a la versión en inglés de dicha norma, en la cual se señala que
[a] State Party may, upon depositing its instrument of ratification or adherence to this Convention, or at any subsequent time, declare that it recognizes as binding, ipso facto, and not requiring special agreement, the jurisdiction of the Court on all matters relating to the interpretation or application of [the] Convention. (Énfasis agregado)
De una traducción literal de lo anterior, resultaría que la Corte tiene competencia para ocuparse de “todos los asuntos relacionados con la interpretación o aplicación de [la] Convención”. Es obvio que, entre los asuntos relacionados con la aplicación de la Convención, se encuentra todo lo referente a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
El artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 indica que
[… u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
Además, el artículo 29.a) de la Convención Americana establece que ninguna disposición de la misma puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Una interpretación de la Convención Americana, en el sentido de permitir que ningún órgano supervise el cumplimiento de las sentencias por parte de los Estados responsables, iría en contra del objeto y propósito de dicho tratado, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, y privaría a todos los beneficiarios de la Convención de la garantía de protección de tales derechos por medio de la actuación de su órgano jurisdiccional y la consecuente ejecución de lo decidido por éste. Permitir a los Estados que cumplan las reparaciones ordenadas en las sentencias sin una adecuada supervisión equivaldría a dejar a su libre voluntad la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Tal como la Corte lo ha señalado en los casos del Tribunal Constitucional e Ivcher Bronstein, la Convención Americana, así como los demás tratados de derechos humanos, se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Al respecto, la Corte Internacional de Justicia, en su Opinión Consultiva relativa a Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1951), afirmó que “en este tipo de tratados, los Estados contratantes no tienen intereses propios; solamente tienen, por encima de todo, un interés común: la consecución de los propósitos que son la razón de ser de la Convención”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La Corte Europea de Derechos Humanos y la entonces Comisión Europea de Derechos Humanos, a su vez, se han pronunciado en forma similar. En el caso Austria vs. Italia (1961), la Comisión Europea declaró que las obligaciones asumidas por los Estados Partes en la Convención Europea de Derechos Humanos “son esencialmente de carácter objetivo, diseñadas para proteger los derechos fundamentales de los seres humanos de violaciones de parte de las Altas Partes Contratantes en vez de crear derechos subjetivos y recíprocos entre las Altas Partes Contratantes”. En igual sentido, la Corte Europea afirmó, en el caso Irlanda vs. Reino Unido (1978), que
[… a] diferencia de los tratados internacionales del tipo clásico, la Convención comprende más que simples compromisos recíprocos entre los Estados Partes. Crea, por encima de un conjunto de compromisos bilaterales, mutuos, obligaciones objetivas que, en los términos del Preámbulo, cuentan con una ‘garantía colectiva’.
Igualmente, en el caso Soering vs. Reino Unido (1989), la Corte Europea declaró que la Convención Europea debe ser interpretada “en función de su carácter específico de tratado de garantía colectiva de derechos humanos y libertades fundamentales. […] De este modo, el objeto y fin de la Convención como instrumento de protección de seres humanos exigen interpretar y aplicar sus disposiciones de manera que dicha protección sea práctica y efectiva”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Dicho criterio coincide con la jurisprudencia de esta Corte, la cual ha señalado, en su Opinión Consultiva OC-2/82 de 24 de septiembre de 1982, denominada El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
[…] los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
El alcance de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana, así como en el artículo 30 del Estatuto de la Corte, ha sido interpretado por la Corte conforme al objeto y fin de dicho tratado, cual es la protección de los derechos humanos, y de acuerdo al principio de l’effet utile (supra párrs. 66 y 67). La facultad de la Corte Interamericana de supervisar el cumplimiento de sus decisiones encuentra su fundamento jurídico en los artículos arriba mencionados. Cuando el Tribunal decide que hubo una violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención, debe disponer, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, “que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. Para asegurar que el Estado efectivamente cumpla con el deber de garantizar consagrado en la referida disposición convencional, el Tribunal debe supervisar el cabal cumplimiento de sus decisiones. De lo contrario, éstas serían ilusorias.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En aras de cumplir el mandato establecido en dichas normas de supervisar el cumplimiento del compromiso contraído por los Estados Partes de “cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” (artículo 68.1 de la Convención), y en particular de informar a la Asamblea General de la OEA los casos en que “un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”, la Corte primero debe conocer el grado de cumplimiento de sus decisiones. Para ello el Tribunal debe supervisar que los Estados responsables efectivamente cumplan con las reparaciones ordenadas por el Tribunal, antes de informar sobre el incumplimiento de una decisión a la Asamblea General de la OEA.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Por otro lado, la facultad de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y el procedimiento adoptado para ello también encuentra su fundamento en la práctica constante y uniforme de la Corte y en la resultante opinio juris communis de los Estados Partes en la Convención, respecto de los cuales la Corte ha emitido diversas resoluciones sobre cumplimiento de sentencia. La opinio juris communis significa la manifestación de la conciencia jurídica universal a través de la observancia, por la generalidad de los miembros de la comunidad internacional, de una determinada práctica como obligatoria. La referida opinio juris communis se ha manifestado en que dichos Estados han mostrado una actitud generalizada y reiterada de aceptación de la función supervisora de la Corte, lo cual se ha visto clara y ampliamente demostrado con la presentación por parte de éstos de los informes que la Corte les ha solicitado, así como con la observancia de lo resuelto por el Tribunal al impartirles instrucciones o dilucidar aspectos sobre los cuales existía controversia entre las partes, relativos al cumplimiento de las reparaciones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Asimismo, en todos los casos ante la Corte, la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales han aceptado la función supervisora de ésta, han remitido al Tribunal sus observaciones a los informes presentados por los Estados y se han ceñido a lo determinado por la Corte en sus decisiones sobre cumplimiento de sentencia. De esta manera, la actividad de la Corte y los comportamientos tanto de los Estados como de la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales han sido complementarios en relación con la supervisión del cumplimiento de las sentencias, en virtud de que el Tribunal ha ejercitado la función de realizar tal supervisión y a su vez los Estados, la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales han respetado las decisiones emitidas por la Corte en el ejercicio de tal función supervisora.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Al contrario de lo afirmado por Panamá (supra párr. 54.e), en lo que atañe al período de tiempo para considerar que se está ante una práctica constante, este Tribunal considera que lo importante es que la práctica sea observada de manera ininterrumpida y constante, y que no es esencial que la conducta sea practicada durante un determinado período. Así lo han entendido la jurisprudencia y doctrina internacionales. Inclusive, la jurisprudencia internacional ha reconocido la existencia de normas consuetudinarias que se formaron en períodos muy breves.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Ni la Convención Americana, ni el Estatuto y Reglamento de la Corte indican el procedimiento que se deba observar en la supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte, ni en lo que atañe a otras materias, como por ejemplo medidas urgentes y provisionales. El Tribunal ha realizado tal supervisión por medio de un procedimiento escrito, el cual consiste en que el Estado responsable presenta los informes que le sean requeridos por el Tribunal, y la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales remiten observaciones a dichos informes. Asimismo, en lo que se refiere a la etapa de supervisión del cumplimiento de sentencias, la Corte ha adoptado la práctica constante de emitir resoluciones o enviar comunicaciones al Estado responsable con el objeto de, inter alia, expresar su preocupación por los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia, instar al Estado para que cumpla con las decisiones del Tribunal, solicitarle que suministre información detallada en relación con las providencias tomadas para cumplir con determinadas medidas de reparación, y proporcionarle instrucciones para los efectos del cumplimiento, así como también con el fin de dilucidar aspectos sobre los cuales existe controversia entre las partes, relativos a la ejecución e implementación de las reparaciones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
El referido procedimiento escrito permite a la Corte supervisar el cumplimiento de sus sentencias y garantiza el respeto al principio del contradictorio, debido a que tanto el Estado como la Comisión Interamericana y las víctimas o sus representantes legales tienen la posibilidad de aportar al Tribunal toda la información que consideren relevante respecto del cumplimiento de lo ordenado por éste. De tal forma, la Corte no emite una resolución o considera, mediante otro acto, el estado de cumplimiento de sus sentencias sin antes analizar los informes presentados por el Estado y las respectivas observaciones remitidas por la Comisión y las víctimas o sus representantes legales. Ahora bien, es preciso aclarar que, a pesar de que la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia ha sido desarrollada a través del mencionado procedimiento escrito y en ningún caso se ha convocado a una audiencia pública en esa etapa, si el Tribunal en el futuro lo considera conveniente y necesario puede convocar a las partes a una audiencia pública para escuchar sus alegatos sobre el cumplimiento de la sentencia. Ninguna norma de la Convención ni del Estatuto y el Reglamento de la Corte le exige a ésta que celebre audiencias públicas para resolver sobre el fondo de los casos y disponer las reparaciones, por lo que se desprende que tampoco es necesaria la celebración de audiencias para considerar el cumplimiento de las sentencias, salvo si el Tribunal lo estima indispensable.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Desde que emitió sus primeras sentencias de reparaciones en 1989, la Corte ha supervisado de forma ininterrumpida y constante el cumplimiento de todas las sentencias emitidas en los casos contenciosos a través del mencionado procedimiento escrito -inclusive en los casos en los que los Estados demandados reconocieron su responsabilidad internacional-, para lo cual ha emitido comunicaciones y resoluciones sobre el cumplimiento de sus sentencias en todos los casos, en aras de garantizar una aplicación íntegra y efectiva de sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)En la supervisión del cumplimiento en un caso la Corte autorizó a las partes a que los pagos de las indemnizaciones correspondientes a los beneficiarios menores de edad se realizaran a través de una inversión en certificados de depósito a término, en vez de la constitución de un fideicomiso ordenado en la sentencia sobre reparaciones, debido a que la inversión en certificados de depósito a término era la más favorable para los menores beneficiarios. Incluso, la Corte requirió al Estado que tomara “las medidas necesarias para que, en un futuro, los menores no v[ieran] sus intereses afectados por la inflación”. En otro caso, en aras de cumplir con la sentencia de reparaciones emitida por el Tribunal, el Estado le solicitó la opinión sobre si los gastos administrativos y financieros que generarían los fideicomisos ordenados en la mencionada sentencia como forma de pago para los beneficiarios menores de edad, podían deducirse, en desmedro del capital depositado y en perjuicio de los intereses de los referidos beneficiarios. Al respecto, la Corte le respondió que dichos gastos debían ser sufragados por el Estado, sin que este último pudiera deducir porcentaje alguno de las indemnizaciones correspondientes a los menores, en detrimento del capital depositado en fideicomiso.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Finalmente, otro ejemplo que demuestra la aceptación por parte de los Estados de la competencia del Tribunal para supervisar el cumplimiento de sus decisiones se dio cuando un Estado consultó a la Corte si el archivo en sede interna de la investigación de los hechos que constituían la materia del caso lo relevaba de su responsabilidad establecida en la sentencia del Tribunal. En respuesta a dicha comunicación estatal, la Corte resolvió que el Estado debía “contin[uar] con la investigación de los hechos y proces[ar] y sancion[ar] a los responsables, reabriendo, por consiguiente, el procedimiento judicial respectivo”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Aunado a todo lo anterior, es preciso destacar que, desde los primeros casos conocidos por la Corte, al presentar su Informe Anual ésta ha informado a la Asamblea General de la OEA del procedimiento seguido en la supervisión del cumplimiento de las sentencias y de su estado de cumplimiento. Si la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte fuera competencia “exclusiva de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos” (supra párr. 54.a), este órgano político ya se habría pronunciado al respecto, lo cual no ha ocurrido. No es posible suponer que desde 1989 la Corte ha venido ejercitando una función propia del máximo órgano político de la OEA y que éste, teniendo conocimiento de ello, lo haya permitido.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Claro ejemplo de la posición de la Asamblea General de la OEA fue la reacción de ésta cuando, en el Informe Anual correspondiente a 1994, la Corte le indicó que no había recibido comunicación oficial alguna del Estado sobre el cumplimiento de las sentencias en los casos Aloeboetoe y otros y Gangaram Panday, y le solicitó que exhortara al Estado a informar sobre el estado de cumplimiento de la sentencia sobre reparaciones en el caso Aloeboetoe y otros y a cumplir con la sentencia de 21 de enero de 1994 en el caso Gangaram Panday. Como consecuencia de las anteriores solicitudes, la Asamblea General de la OEA aprobó la siguiente recomendación respecto del referido Informe Anual de la Corte:[…]

3. Exhortar al Gobierno […] a que se sirva informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el cumplimiento de las sentencias sobre los casos Aloeboetoe y otros y Gangaram Panday.
[…].

Anteriormente, la Corte había aplicado el artículo 65 de la Convención en los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz. Posteriormente, aplicó dicha norma en los casos Neira Alegría y otros, Castillo Páez, Loayza Tamayo y Castillo Petruzzi y otros. En lo que respecta a medidas provisionales, el Tribunal también aplicó el artículo 65 de la Convención en el caso James y otros.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Más recientemente, la Corte emitió dos sentencias de competencia en los casos Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional, ante el pretendido retiro, con efectos inmediatos, de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana por parte del Estado del Perú. Además de emitir las dos referidas sentencias de competencia, la Corte, mediante comunicación dirigida el 28 de septiembre de 1999 al Secretario General de la OEA, señor César Gaviria Trujillo, le expresó que:[…]

Lo actuado por el Perú constituye un precedente grave que afecta directamente al sistema de protección establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por cuanto corresponde a esta Corte la defensa de la integridad de dicho sistema, solicitamos a Vuestra Excelencia que ante lo actuado por el Estado peruano, tome las providencias que considere oportunas como depositario de la Convención.
Es por ello que en su Informe Anual de 1999 la Corte hizo uso de la facultad establecida en el artículo 65 de la Convención para informar a la Asamblea General de la OEA para que exhortara al Estado del Perú a que cumpliera con todas las sentencias emitidas por la Corte:
Mediante Notas CDH-S/768 y CDH-S/788 de 12 y 24 de noviembre de 2000, respectivamente, dirigidas al Secretario General de la OEA, señor César Gaviria Trujillo, la Corte se volvió a referir al incumplimiento por parte del Perú de sus decisiones. La Asamblea General de la OEA se pronunció al respecto al aprobar el Informe Anual de la Corte correspondiente al año 2000, mediante Resolución AG/RES. 1827 (XXXI-O/01).(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)

Consecuentemente, la postura de la Asamblea General de la OEA con respecto a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte ha sido la de considerar que dicha supervisión le compete al mismo Tribunal, y que en el Informe Anual éste debe señalar los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Así, en el sistema interamericano, a diferencia del sistema europeo (supra párrs. 86 y 87), la propia Asamblea General de la OEA ha considerado que los informes de los Estados sobre el cumplimiento de las decisiones de la Corte se deben presentar ante el mismo Tribunal (supra párr. 111).(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Finalmente, este Tribunal considera de importancia hacer referencia a las resoluciones emitidas por la Asamblea General de la OEA en los años 2000, 2001, 2002 y 2003, mediante las cuales este órgano ha reiterado “que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y que los Estados Parte de la Convención se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que sean parte”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En el punto resolutivo décimo de su Sentencia de 2 de febrero de 2001, la Corte “decid[ió] que supervisar[ía] el cumplimiento de [la] Sentencia”. Los días 11 de mayo de 2001, 6 de junio de 2001, 27 de junio de 2001, 3 de septiembre de 2001, 20 de febrero de 2002 y 10 de mayo de 2002 el Estado presentó diversos escritos (supra párr. 4), mediante los cuales informaba y daba cuenta sobre las gestiones realizadas para la ejecución de la sentencia dictada por la Corte. En esos escritos el Estado no realizó ningún cuestionamiento a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Posteriormente, el 21 de junio de 2002, el Tribunal emitió la primera Resolución sobre Cumplimiento de Sentencia en este caso, en la cual requirió al Estado que presentara a la Corte, a más tardar el 15 de agosto de 2002, un informe detallado sobre el cumplimiento de las reparaciones dispuestas en los puntos resolutivos sexto, séptimo y noveno de la Sentencia de 2 de febrero de 2001 (supra párr. 12). El 16 de agosto de 2002 el Estado presentó el informe sobre el cumplimiento de la sentencia requerido por la Corte mediante la Resolución de 21 de junio de 2002 (supra párr. 13). En ese informe el Estado tampoco realizó ningún cuestionamiento a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de la Sentencia. Aunado a lo anterior, los días 28 de junio, 23 de septiembre y 8 de noviembre de 2002 (supra párr. 14) Panamá presentó información sobre el cumplimiento de los puntos resolutivos sexto y noveno de la Sentencia de 2 de febrero de 2001, y en estos escritos también se abstuvo de realizar cuestionamiento alguno a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de la Sentencia.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
El 22 de noviembre de 2002 la Corte emitió una segunda Resolución sobre Cumplimiento de Sentencia (supra párr. 21), con base en el análisis de la información presentada por el Estado y las observaciones presentadas por las víctimas o sus representantes legales y por la Comisión Interamericana. En esta resolución el Tribunal constató que el Estado había cumplido la obligación estipulada en el punto resolutivo noveno de dicha sentencia. Asimismo, la Corte indicó ciertas pautas generales con el fin de resolver asuntos relativos a la ejecución de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia respecto de las cuales existía controversia entre las partes, y solicitó al Estado que presentara un nuevo informe, a más tardar el 30 de junio de 2003, en el cual indicara los avances en el cumplimiento de las reparaciones, con el propósito de que la Corte contara con información para determinar el grado de cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001. Dentro de las pautas generales sobre la ejecución de las medidas de reparación, la Corte se refirió a la determinación de los derechos laborales que debía realizar el Estado para dar cumplimiento al punto resolutivo sexto y al trámite para la ejecución de lo dispuesto en el punto resolutivo séptimo de la mencionada sentencia, lo cual se debía llevar a efecto “observando las garantías del debido proceso y según la legislación aplicable a cada víctima”, como lo había dispuesto en la Sentencia de 2 de febrero de 2001.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Fue después de esta segunda resolución que el Estado, mediante escrito de 27 de febrero de 2003 (supra párr. 26), cuestionó por primera vez la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias. En este escrito Panamá manifestó su disconformidad con lo decidido por la Corte en la Resolución de 22 de noviembre de 2002, e indicó que la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia es una etapa “post-adjudicativa”, que “no está prevista por las normas que regulan la jurisdicción y el procedimiento de la Honorable Corte” y que, al emitir esa resolución, ésta había interpretado la Sentencia de 2 de febrero de 2001. En el mismo sentido presentó un escrito el 30 de julio de 2003 (supra párrs. 41 y 54), en el cual nuevamente cuestionó la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)La Corte observa que el Estado cuestionó por primera vez la competencia del Tribunal para supervisar el cumplimiento de sus sentencias más de dos años después de que la Corte emitió la Sentencia sobre el Fondo y las Reparaciones y Costas -en la cual indicó que supervisaría el cumplimiento de la propia Sentencia-. A partir de la emisión de dicho fallo, Panamá ha presentado 14 escritos al Tribunal relativos al cumplimiento de la referida decisión (supra párrs. 4, 13, 14, 26, 35, 39 y 41), mediante los cuales ha mantenido a la Corte informada sobre las diversas gestiones efectuadas con el propósito de cumplir con la mencionada decisión del Tribunal. Además, el Estado ha manifestado “su intención de cumplir con la Sentencia de 2 de febrero de 2001”. Después de que el Tribunal emitiera una segunda resolución, en la cual se refirió a los parámetros generales que el Estado debía respetar al dar cumplimiento a las reparaciones dispuestas en el presente caso, Panamá cuestionó la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Sin embargo, no hubo cuestionamiento alguno a la primera resolución emitida por el Tribunal.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Pese a que Panamá presentó 2 escritos (supra párrs. 26, 41, 53 y 54) en los cuales objetó la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, en esos mismos escritos el Estado informó al Tribunal sobre diversas gestiones efectuadas a efectos de cumplir lo dispuesto por la Corte.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Además de presentar diversos informes, en el marco del procedimiento no reglado de supervisión, el Estado solicitó tres reuniones entre sus representantes y miembros del Tribunal, a lo cual este último accedió y delegó en su Presidente y Vicepresidente o en la Secretaría. Las referidas reuniones se celebraron en la sede de la Corte, así:a) el 25 de febrero de 2002, a las 8:30 a.m., se entrevistaron el Presidente y el Vicepresidente de la Corte; dos funcionarios de la Secretaría, y los siguientes representantes del Estado: Embajadora Virginia Burgoa Solanas, Embajada de Panamá en Costa Rica; Embajador Alfredo Castillero Hoyos, Director General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá; Jaime Moreno, Viceministro de Trabajo de Panamá; Eduardo Quiroz, Viceministro de Economía y Finanzas de Panamá; Luis Enrique Martínez Cruz, Ministro Consejero de la Embajada de Panamá en Costa Rica, y Doris Sosa de González, Agregada de la Embajada de Panamá en Costa Rica. En esa ocasión los representantes del Estado, inter alia, manifestaron su voluntad de cumplir con la sentencia emitida por la Corte e informaron sobre las gestiones efectuadas para el cumplimiento del fallo. Por su parte, la Secretaría, a solicitud del Presidente, explicó a los funcionarios estatales, en forma detallada, el procedimiento aplicado en la supervisión del cumplimiento de las decisiones del Tribunal;

 

b) el 24 de junio de 2002, a las 11:35 a.m., se reunieron tres funcionarios de la Secretaría y los siguientes representantes del Estado: Embajadora Virginia Burgoa Solanas, Embajada de Panamá en Costa Rica, y Luis Enrique Martínez Cruz, Ministro Consejero de la Embajada de Panamá en Costa Rica. En esa oportunidad los funcionarios del Estado consultaron a la Secretaría sobre el modo de dar cumplimiento a la sentencia en el presente caso. Los funcionarios de la Secretaría les manifestaron que no podían “emitir una opinión sobre el cumplimiento, por parte del Estado, de la sentencia” de 2 de febrero de 2001; y

 

c) el 27 de febrero de 2003 se presentó una delegación del Estado con el propósito de entregar un escrito (supra párrs. 26 y 53) sobre el cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001.
Por otra parte, Panamá no solo cumplió su deber de presentar informes al Tribunal, y realizó actos que demuestran su reconocimiento a la función de supervisión realizada por la Corte, sino que nunca manifestó desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo emitido en este caso, concretamente en lo que atañe a la competencia de la Corte de supervisar el cumplimiento de dicho fallo y, en concordancia con ello, se abstuvo de interponer demanda de interpretación de sentencia.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
A tal efecto, merece recordarse que según el artículo 67 de la Convención,
[e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.
Y que en el párrafo 213 de la Sentencia de 2 de febrero de 2001 la Corte “se reserv[ó] la facultad de supervisar el cumplimiento integral de la […] Sentencia”, y en el punto resolutivo décimo del mismo fallo “decid[ió] que supervisar[ía] el cumplimiento de [la] Sentencia”.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)Después de analizar el actuar del Estado en sus diversos escritos, la Corte concluye lo siguiente: a) a pesar de contar con la facultad de solicitar la interpretación de la sentencia, por el desacuerdo sobre el sentido o alcance de las disposiciones relativas a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de la sentencia, el Estado no utilizó el medio procesal previsto en el artículo 67 de la Convención; b) el Estado presentó numerosos informes sobre el cumplimiento de la sentencia; c) el Estado no objetó la primera resolución que emitió la Corte sobre el cumplimiento de la sentencia el 21 de junio de 2002 (supra párr. 12); d) la conducta constante del Estado implica un reconocimiento de la facultad que tiene la Corte de supervisar el cumplimiento de la sentencia sobre el fondo y las reparaciones y costas emitida en el presente caso; e) tan sólo después que la Corte emitiera, el 22 de noviembre de 2002, una segunda resolución sobre el cumplimiento de sentencia, objetó Panamá la facultad de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias. Vale destacar que esto ocurrió dos años después de emitida la sentencia sobre el fondo y las reparaciones y costas del caso; y f) pese a cuestionar la función supervisora del Tribunal, el Estado ha continuado informando a éste sobre las gestiones efectuadas para cumplir su decisión, lo cual demuestra su reconocimiento a la competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En conclusión, para la Corte está fuera de duda que la conducta del Estado demuestra que éste reconoció la competencia del Tribunal para supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y que el Estado se ha comportado así, en consecuencia, a lo largo de casi todo el procedimiento de supervisión.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La Corte, como todo órgano con funciones jurisdiccionales, tiene el poder, inherente a sus atribuciones, de determinar el alcance de su propia competencia, así como de sus resoluciones y fallos, y el cumplimiento de estos últimos no puede quedar al mero arbitrio de las partes, pues sería inadmisible subordinar el mecanismo previsto en la Convención Americana a restricciones que hagan inoperante la función del Tribunal y, por lo tanto, el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en la Convención.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)La supervisión del cumplimiento de las sentencias es uno de los elementos que componen la jurisdicción. La efectividad de las sentencias depende de su cumplimiento.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
Además, el cumplimiento de las decisiones y sentencias debe ser considerado parte integrante del derecho de acceso a la justicia, entendido éste en sentido amplio. Lo contrario supone la negación misma de este derecho. Si el Estado responsable no ejecuta en el ámbito interno las medidas de reparación dispuestas por la Corte estaría negando el derecho de acceso a la justicia internacional.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)La Corte tiene la facultad, inherente a su función jurisdiccional, de supervisar el cumplimiento de sus decisiones. Los Estados deben cumplir “la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”, de conformidad con el artículo 68.1 de la Convención. Para ello, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La Corte tiene el poder inherente a sus atribuciones de emitir, a petición de parte o motu proprio, instrucciones para el cumplimiento e implementación de las medidas de reparación por ella ordenadas, con el propósito de cumplir efectivamente con la función de velar por el fiel cumplimiento de sus decisiones. Las decisiones emitidas por la Corte en el procedimiento de supervisión de cumplimiento atañen directamente a las reparaciones ordenadas por el Tribunal, de manera que no modifican sus fallos, sino que aclaran su alcance a la luz de la conducta del Estado y tratan de que el cumplimiento e implementación de las reparaciones se haga de la forma indicada en la referida decisión y de la forma que mejor proteja los derechos humanos.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La competencia de la Corte Interamericana para supervisar el cumplimiento de sus decisiones encuentra su fundamento jurídico en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención, así como en el artículo 30 del Estatuto de la Corte. El Tribunal debe ejercer la facultad inherente y no discrecional a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, con el fin de cumplir con el mandato establecido en las mencionadas normas de la Convención Americana, específicamente con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el artículo 65 de la Convención, a los efectos de informar a la Asamblea General cuando un estado incumple sus decisiones.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La supervisión sobre el cumplimiento de las resoluciones de la Corte implica, en primer término, que ésta solicite información al Estado sobre las actividades desarrolladas para los efectos de dicho cumplimiento, así como recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes legales. Una vez que el Tribunal cuenta con esa información puede apreciar si hubo cumplimiento de lo resuelto, orientar las acciones del Estado para este fin y cumplir la obligación de informar a la Asamblea General, en los términos del artículo 65 de la Convención.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La postura de la Asamblea General de la OEA respecto a la supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte ha sido la de considerar que dicha supervisión compete al mismo Tribunal.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
En lo que atañe al presente caso, esta Corte considera que las tres resoluciones sobre cumplimiento de sentencia que ha dictado (supra párrs. 12, 21 y 37) fueron emitidas dentro del ámbito de su competencia de supervisar el cumplimiento de la Sentencia de 2 de febrero de 2001, con el propósito de obtener información que permita determinar el grado de cumplimiento de dicho fallo y de indicar ciertas pautas generales que permitan resolver asuntos relativos a la ejecución de las medidas de reparación ordenadas en dicha sentencia, respecto de los cuales existía controversia entre las partes.(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
La conducta del Estado panameño implica un reconocimiento de la facultad que tiene la Corte de supervisar el cumplimiento de sus decisiones, y es improcedente la objeción que el Estado ahora interpone a esa facultad, en detrimento del principio general de la seguridad jurídica. Aún más, los Estados Partes en la Convención respecto de los cuales la Corte ha emitido resoluciones sobre cumplimiento de sentencia han conformado una opinio juris communis al mostrar una actitud generalizada y reiterada de aceptación de la función supervisora de la Corte (supra párr. 102).(Sentencia de la CIDH in re “Baena, Ricardo” del 2 de febrero de 2003)
De conformidad con las razones expuestas, este Tribunal tiene la facultad de continuar supervisando el cumplimiento integral de la Sentencia de 2 de febrero de 2001 en el caso Baena Ricardo y otros.

Informe remitido y transmitido por el programa televisivo El Detalle, que se transmite por P&E.

Pedro Fuertes trabaja en la empresa Pino Cambi de Misiones, extrayendo resina de los pinos.

 

Pedro Fuertes gana 100 pesos por mes y vive entre los pinos, en una choza sin agua ni baño ni ningún otro servicio.

Pedro Fuertes trabaja para el holding Pérez Companc, el dueño de la maderera, que mantiene a sus empleados en situación de abandono, con la complicidad del gobernador de la provincia, Ramón Puerta.

Francisco Muzzupapa trabaja en el ingenio La Esperanza, en Tucumán, recogiendo caña de azúcar.

Francisco Muzzupapa gana 170 pesos mensuales y vive en el ingenio con su familia y las de sus 400 compañeros, que gratis, les ayudan en el trabajo.

En total, son 2000 personas que comparten 5 galpones y 5 baños. Uno cada 400 personas.

Francisco dice que con los 170 pesos nunca llegan a fin de mes y le quedan debiendo al ingenio, que les vende la comida.

gustín Suárez trabaja en la mina Bajo la Lumbrera, en Catamarca, 12 horas por día, de lunes a domingo, por 300 pesos.

Así lo permite el convenio laboral homologado por Patricia Bullrich cuando fue ministra de Trabajo.

El trabajo insalubre, que no debería sobrepasar las 30 horas por semana, le generó insuficiencia renal, hipertensión y taquicardia.

Agustín Suárez tiene 29 años, pero, en un reciente examen clínico, los médicos afirmaron que su físico es el de un hombre de 60.

Graciela Graña trabaja 13 horas diarias en una cadena de supermercados en Mendoza.

En julio pasado denunció que su patrón la obliga a usar pañales descartables para que no deje de trabajar para ir al baño.

Luego de su denuncia, se sumaron otras 20 de igual tenor en la provincia.

Sólo algunos datos de la dramática situación laboral del país.

Algunos de estos casos son legales; otros son ilícitos: todos son abusos.

La semana pasada los empresarios argentinos realizaron dos conferencias paralelas en Rosario y Mar del Plata.

En la ciudad balnearia estaban los que aún defienden la política de Domingo Cavallo y piden todavía más flexibilidad laboral; en Rosario los que avalan con más convicción a Roberto Lavagna.

Entre los industriales que estuvieron en Rosario hay algunos que hablaron de una sociedad más justa.

No hay indicios de que ninguno de los grupos esté trabajando para mejorar la situación laboral. No conozco ningún proyecto al respecto.

En Argentina, la desocupación trajo consigo una precarización tan inédita de las condiciones laborales que en muchos casos llegó al trabajo esclavo.

Según un informe de la OIT, el trabajo esclavo actual es peor que el de la edad media, ya que el sobrante de mano de obra llevó que el sector empresarial ni siquiera se preocupe por la sobrevivencia de sus empleados.

Es decir, en la época de la esclavitud, los esclavos recibían su ración diaria.

Hoy muchos salarios no son suficientes para alimentarse.

En Mar del Plata, ciudad en la que se reunieron los empresarios menemistas, el 70 por ciento de los empleados industriales y el 91 por ciento de los de la construcción trabajan en negro. (Cuadro)

En Rosario, el lugar de los buenos, el 46 % de los empleados industriales y el 70 de los de la construcción están en negro. (Cuadro)

El 75 por ciento de los puestos que se generaron en 2003 son informales: sin cobertura de obra social ni aportes jubilatorios.(Cuadro)

Si en verdad les preocupan los trabajadores, blanquéenlos.

La mitad de los trabajadores ganan menos de 400 pesos.

El 30 por ciento gana menos de 200 pesos.

Si les importa, aumenten los salarios.

Se suele relacionar la esclavitud con la violencia física, pero la violencia también puede ser sicológica.

O acaso no es violencia el pañal de Graciela o la choza de Pedro.

La economía está creciendo, pero no hay quien regule la actividad laboral, y el abuso, en vez de ir cediendo al ritmo de la mejora económica, crece.

Un estudio del Centro de Estudios para la Producción encontró que mientras la producción industrial del primer trimestre del año creció el 20 por ciento, el empleo sólo lo había hecho el 0,4 por ciento.

Las empresas hacen trabajar cada vez más horas a sus empleados por la misma paga.

Mientras que a finales de 2001 los salarios conformaban el 22 por ciento del total del costo industrial, actualmente constituyen solamente el 13 por ciento del mismo.

Mario Paniagua tiene 25 años; trabajó un año en un taller textil en Carabobo al 1300, 18 horas por día, por dos comidas diarias, sin precibir ninguna paga.

En ese año, Mario nunca salió del lugar. Las puertas y ventanas siempre estuvieron cerradas.

Vivía en un dormitorio con doce personas más.

La industria textil es una de las grandes beneficiadas por la devaluación, porque el dólar alto frenó la importación.

Según datos de CTA, en Buenos Aires hay más de 40 mil empleados bolivianos y peruanos trabajando en la industria textil en condiciones similares a las de Mario Paniagua.

Claudio Briensa es motoquero, trabaja 12 horas diarias por un promedio de 300 pesos diarios.

Claudio pone su moto. Si se rompe, paga el arreglo.

Le pagan por viaje, no tiene sueldo fijo ni obra social ni vacaciones ni aguinaldo ni el pago de gastos por los varios accidentes que sufrió.

Así trabajan todos los motoqueros del país.

El crecimiento de la economía elevó el uso de las motos y sus motoqueros, pero no les mejoró la vida.

Aparicio Gómez trabaja en la frutihortícola Ferracioli, en San Patricio del Chañar, Neuquén, 14 horas diarias, por 250 pesos por mes. 150 pesos pertenecen al Plan Jefes y Jefas.

El gobernador Sobisch impulsa este abuso con la distribución de los planes de esa provincia.

El 90 % de los 6000 habitantes del Chañar trabajan en estas condiciones.

Julio Zalazar trabaja en la fábrica de calzado González todos los días, desde las 5 de la mañana a las 8 de la noche, por 300 pesos por mes.

Mientras trabaja, el taller permanece cerrado, no se puede salir.

La industria del calzado es otra de las beneficiadas por la devaluación. Pero mantiene en un nivel de explotación asfixiante a sus empleados.

Repito, muchos de los casos que cito son ilegales. Pero también existen los que fueron homologados por el Ministerio de Trabajo en gestiones anteriores y siguen vigentes.

Foetra acordó con Telefónica y Telecom que sus empleados deben estar disponibles las 24 horas y cobrar por el tiempo estrictamente trabajado. Además, acordó jornadas discontinuas, como, por ejemplo, un trabajador entra a las 8 de la mañana, sale a las 12, entra a las 6 de la tarde y sale a las 11 de la noche.

El Sindicato la Fraternidad fue más lejos y firmó con Tren de la Costa la jornada intermitente. El trabajador puede entrar y salir cuantas veces la empresa lo requiera. De 8 a 10, luego de 13 a 15, luego de 19 a 21. Y así hasta cumplir las ocho horas.

Una de las lacras de los noventa fue el avasallamiento de los derechos de los trabajadores.

Cambiar el modelo no es sólo un dólar a 3 pesos.

Si la economía anda bien, los trabajadores tienen que empezar a sentir el alivio.

El trabajo esclavo es la cara más dura de la precarización laboral, pero no es un dato marginal de la realidad, es inherente al sistema. Sólo se trata del escalón más bajo, pero forma parte del mismo esquema. Las fuentes.

 

El continúo limbo legal

Después de más de seis meses la Corte Suprema de los Estados Unidos dispuso que las Cortes Federales pueden conocer demandas de los detenidos de Guantánamo, no es debido a la lentitud del sistema judicial que, los centenares de personas siguen detenidos sin cargos o juicio y, virtualmente, incomunicados en la base naval. Es el resultado de un

gobierno que intenta drenar la decisión de la Corte Suprema, regulando cualquier significado verdadero, guardando cualquier revisión de detenciones tan lejos, como sea posible, de un proceso judicial.La administración de los Estados Unidos respondió a la decisión de junio del 2004 estableciendo el ‘Combatant Status Review Tribunal (CSRT)’, paneles de tres oficiales militares, cuyo único objetivo es confirmar o rechazar el estado de los detenidos como un supuesto ‘enemigo combatiente’. Esta no es una corte, ni un ‘tribunal competente’ requerido por la Tercera Convención de Ginebra. Al contrario, los detenidos se presumen prisioneros de guerra hasta que sea probado lo contrario. El detenido no tiene acceso a asesoría legal o a la evidencia secreta. Muchos han boicoteado el proceso del CSRT, y hasta la fecha, solamente dos han sido liberados como resultado de esto, mientras que 230 se han confirmado como ‘enemigos combatientes’.

Cada detenido confirmado como ‘ enemigo combatiente ‘ también tendrá una revisión anual de su caso por un Comité Examinador Administrativo (ARB), para determinar si ‘continúa siendo una amenaza para los Estados Unidos o sus aliados, o si hay otros factores que indican la necesidad de continuar la detención’. En diciembre del 2004 el Pentágono anunció que había manejado su primer ARB. De nuevo, los detenidos no tuvieron ningún acceso a abogados o a la evidencia secreta para esta revisión administrativa. La evidencia extraída bajo la tortura u otra coerción no se podía admitir por cualquier causa.

También en diciembre, seis meses después de la resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el gobierno notificó a los detenidos que podían presentar recursos de hábeas corpus en la Corte Federal. Incluso les dio la dirección de una Corte Distrital de los Estados Unidos, en la cual debían presentarla.

En este mundo de Guantánamo, sin embargo, el gobierno ha argumentado en esa misma Corte, que los detenidos no tienen ninguna base en el derecho constitucional o internacional, para rechazar la legitimidad de sus detenciones. Mantiene que la revisión del CSRT y del ARB es más que suficiente para cumplir el debido proceso. Mientras tanto, la extensa mayoría de los detenidos, todavía no ha tenido acceso a los abogados.

En opinión de Amnistía Internacional, la ley internacional de los derechos humanos se aplica a todos los detenidos de Guantánamo, entonces cada uno de ellos tiene el derecho a la revisión judicial completa de su detención, y a su libertad, si esa detención fuera ilegal, una protección básica contra la detención, la tortura y la ‘desaparición arbitraria’. Este fue siempre el caso para esos numerosos detenidos que fueron llevados fuera del conflicto armado internacional en Afganistán. Sin embargo, incluso los que fueron capturados en la guerra – quienes deberían haber sido tratados como prisioneros de guerra hasta que un tribunal competente determine otra cosa (2)- también están cubiertos por la ley de los derechos humanos, porque el conflicto internacional en Afganistán terminó hace más de dos años y su tratamiento, por parte de los Estados Unidos, no cambió por ese hecho.

Cuando el conflicto terminó, los que se mantenían como prisioneros de guerra debían ser requeridos para ser liberados o procesados en un juicio justo. Aunque la administración demanda que está sosteniendo a los detenidos bajo las leyes militares, ha rechazado aplicar estas leyes. Documentos secretos del gobierno, ahora nos dicen que la administración se rehusaba a aplicar las convenciones de Ginebra, para señalar a los interrogadores de los Estados Unidos y hacer su procesamiento, por lo menos, por los crímenes de la guerra. Hay poca muestra de una atmósfera apologética dentro de la administración. De hecho, uno de los arquitectos de esta política, es el Consejero de la Casa Blanca Alberto González, que ha sido nominado por el Presidente Bush para el cargo de Fiscal General. En su proyecto al Comité Judicial del Senado, para su nominación, presentado el 6 de enero del 2005, Alberto González dijo que él tenía un profundo compromiso con el imperio de la ley.

Tratamiento de los detenidos

Las condiciones en las cuales los detenidos son mantenidos (aislados, etc) los ponen dentro de la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante. Hay mucha evidencia adicional de que numerosos detenidos en Guantánamo – así como en Afganistán, Irak y otros lugares – han sido sujetos, directamente, de torturas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, durante el proceso de interrogación o de detención. Esta situación podría ser considerada como un resultado inevitable de un gobierno que cree que hay gente que, legalmente, no tiene derecho al tratamiento humano, como el presidente Bush manifestó en un memorando secreto, de fecha 7 de febrero del 2002, sobre las políticas de detención de la ‘guerra del terror’. Sin embargo, ningún detenido dondequiera, ni siquiera los ‘asesinos’ o ‘gente mala’, como el presidente ha descrito a los detenidos sin cargos o juicio en Guantánamo, puede caer, siempre, fuera de la prohibición sobre la tortura y lo s malos tratos. Por decir de otra manera, como lo hace este memorando central de política, se dirige a serios puntos en la comprensión de un gobierno de la ley internacional e indica su visión de los derechos humanos como privilegios que pueden ser concedidos, y por lo tanto quitados, por el Estado. (3)

El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, repitiendo lo que dijo el presidente Bush, ha descrito al detenido en Guantánamo Mohammed al-Kahtani como una ‘persona muy mala’. Un duro plan de interrogación fue aprobado para este ciudadano Saudita. Según recientes revelaciones, Mohammed al-Kahtani fue puesto en un avión, vendado los ojos, en condiciones de privación sensorial, y haciéndole creer que volaban hacia el Medio Oriente.

Después de varias horas en el aire, el avión regresó a Guantánamo y Mohammed al-Kahtani fue puesto en una celda de aislamiento y sujeto a duras interrogaciones conducidas por gente que le hicieron creer que eran agentes de seguridad egipcios. (4) Esta es una técnica de interrogación conocida en los Estados Unidos como ‘false flag’ (falsa bandera) y fue uno de varios métodos autorizados por el Secretario Donald Rumsfeld en abril del 2003. Otra técnica promovida por el Pentágono y su grupo de trabajo de reporte de las interrogaciones a los detenidos en la guerra global, era amenazar a los presos con ser transferidos a un tercer país donde sea legal que sea torturado o asesinado.

En Febrero del 2002, después de la decisión del Presidente Bush de rechazar la aplicación de las convenciones de Ginebra con los detenidos en Guantánamo, la Casa Blanca aseguró que el International Committee of Red Cross (Comité Internacional de la Cruz Roja ICRC) podría visitar a todos los detenidos en privado (5). Al ICRC le negaron el acceso a Mohammed al-Kahtani durante el período de interrogaciones anteriormente descrito. El ICRC protestó sobre tal negativa de acceso a un número de detenidos en reuniones con las autoridades de Guantánamo a finales del 2003. Cuatro meses después, en una reunión, el 2 de Febrero del 2004, al ICRC se le informó que todavía no podía ver a uno de los detenidos ‘a causa de la reserva militar’. (6) Este detenido fue reportado como un nacional marroquí Abdillah Tabarak, que fue transferido a Marruecos en Agosto del 2004. En una entrevista, él declaró que había sido torturado y había sido victima de malos tratos mi entras estuvo bajo la custodia de los Estados Unidos. En Guantánamo, dijo, que había sido golpeado, le suministraron inyecciones forzosamente, y lo mantuvieron en celdas oscuras lo que le produjo problemas de visión. Dijo que él sufre de otros achaques físicos como resultado de su prisión, así como también insomnio y pesadillas (7).

Es más de un año desde que el ICRC hizo público su interés sobre el serio deterioro que el régimen de detención había causado sobre la salud psicológica de los detenidos. En noviembre se pudo ver que las protestas fueron más directas hacia la tortura y los malos tratos, añadiendo más peso a las declaraciones de las personas liberadas y otros. En documentos enviados al ACLU y después de una demanda de libertad de información presentada hace un año, los agentes del FBI se refieren a las ‘ técnicas de tortura’ y ‘las técnicas de interrogación altamente agresiva’ que son usadas en Guantánamo. En un correo electrónico, un agente del FBI envía a un colega ‘un resumen de técnicas coercitivas en el conjunto de herramientas para entrevistar de un militar’. Sobre el plan de interrogación militar que planifica para un determinado detenido, el remitente escribe: ‘Usted no lo creerá!’ Otro agente del FBI reportó haber visto un detenido en Guantánamo senta do en el piso del cuarto de entrevistas con una bandera alrededor de él, la música fuerte que sonaba y una luz estroboscópica destellando’. Otro cuenta haber sido testigo del uso de un perro para intimidar a un detenido en Guantánamo, quien fue también sometido a tres meses de aislamiento en una celda con iluminación las veinticuatro horas. El detenido luego varió su conducta ‘por el trauma psicológico extremo’.

Otro agente contó: Aquí un breve resumen de lo que observé en GTMO. En un par de ocasiones entré en las habitaciones de entrevistas y encontré a detenidos encadenados sus manos y pies, en una posición fetal en el piso, sin una silla, alimento, o agua. La mayoría de las veces ellos habían orinado o defecado y habían sido dejados ahí por 18, 24 horas o más. En una ocasión, el aire acondicionado había sido apagado y la temperatura era tan baja en la sala, que el descalzo detenido temblaba de frío. Cuando pregunté a los policías militares qué es lo que sucedía, me dijeron que los interrogadores del día anterior habían ordenado este tratamiento, y que el detenido no debía ser movido. En otra ocasión, el aire acondicionado había sido apagado, manteniendo la temperatura en la sala sin ventilación, probablemente, sobre los 100 grados. El detenido estaba casi inconsciente sobre el piso con una pila de pelo próximo a él. Había estado aparentemente arran cando su propio cabello durante la noche. En otra ocasión, no solamente la temperatura era intolerablemente caliente, sino que se estaba tocando música rap a un volumen extremadamente alto en la habitación, y eso había sido desde el día anterior, con el detenido encadenado sus manos y pies en posición fetal en el piso de azulejo.

Tal evidencia da más peso a anteriores declaraciones hechas por detenidos que ya han sido liberados. Por ejemplo, en Julio del 2004, el Sueco Mehdi Ghezali recordó a Amnistía Internacional como:

Un preso se había quitado su identificación que los prisioneros eran forzados a llevar alrededor su muñeca. Como castigo, los guardias esposaron sus manos y pies en su celda por más de 10 horas. Durante este tiempo, al preso no le dieron ningún alimento y no le permitían ir al baño, aunque él lo necesitara. El no podría retener por sí mismo. Era muy degradante para él.’

Mehdi Ghezali, también describió a Amnistía Internacional el dolor de ‘corto circuitos’, manipulación de temperatura, y el uso de música y ruido muy fuerte durante las interrogaciones. El dijo que fue sometido a privación del sueño, y que un detenido australiano llamado Mamdouh Habib había sido sometido a privación del sueño al final de lo cual había sangre saliendo de su nariz y sus orejas. En una declaración jurada recientemente, otro australiano, David Hicks señala que él había sido ‘privado del sueño como una forma de política’ y que él y otros detenidos fueron sometidos a otras formas de tortura y malos tratos bajo la custodia de los Estados Unidos. Moazzam Begg fue mantenido en aislamiento por 600 días.

Amnistía Internacional todavía no ha recibido una respuesta de las autoridades norteamericanas a la declaración de una delegación China que visitó Guantánamo en Septiembre del 2002 y participó en interrogaciones de Uighurs detenidos allí. Una fuente interna dijo a la organización que durante este tiempo, los detenidos fueron sometidos a intimidación y amenazas, y otras torturas o malos tratos. Otros detenidos, según la fuente que informó a Amnistía Internacional, fueron sometidos a humillaciones sexuales durante los interrogatorios. Un ex interrogador, recientemente, confirmó que las interrogadoras habían acosado sexualmente a los detenidos. (8).

La administración ha continuado afirmando que los detenidos bajo la custodia de los Estados Unidos son tratados humanamente y todas las declaraciones de abuso han sido investigadas. La evidencia demuestra que esto es simplemente falso. ‘Ellos no usan perros en la Bahía de Guantánamo durante el proceso de interrogación y nunca lo hicieron’, dijeron al Comité de Servicios Militares del Senado en Septiembre del 2004 (9). El ex comandante de Guantánamo, General Geoffrey Miller, testificó bajo juramento que los perros nunca fueron usados para intimidar a los detenidos en la base. Aún ahora, agentes del FBI han agregado a las declaraciones de los detenidos que perros si habían sido utilizados. Por ejemplo, los agentes del FBI han informado y testificado: privación de sueño y ‘la utilización de música fuerte/ luz extremadamente fuerte/ y perros gruñendo’ en los interrogatorios en Guantánamo.

Según un documento militar, el ICRC hizo declaraciones en una reunión con las autoridades de Guantánamo en Octubre del 2003, de que los interrogadores en la base habían tenido acceso a los archivos médicos de los detenidos, que los archivos eran ‘usados por interrogadores para ganar información para desarrollar un plan de interrogación’, y ‘que hay un nexo entre el equipo de interrogación y el equipo médico’. El General Miller rechazó las declaraciones (10). Sin embargo, en un nuevo artículo publicado en The New England Medical Journal of Medicine (El Nuevo Diario Médico de Inglaterra), dos médicos escriben que su propia investigación en la ‘intervención médica, en la inteligencia militar en Irak y la Bahía de Guantánamo, da como resultado un cuadro más penoso’:

No solamente las enfermeras daban información de salud al personal militar de inteligencia; los médicos ayudaron en el diseño de estrategias de interrogación, incluyendo la privación del sueño y otros métodos coercitivos adaptados a las condiciones médicas de los detenidos. El personal médico también entrenó a los interrogadores en cuestionables técnicas…

La conclusión de la participación de los doctores en las torturas es prematura, pero hay motivos para sospechar. El seguimiento de la investigación es esencial… (11).

El 5 de Enero del 2005, el Comando Sur de los Estados Unidos anunció que llevaría a cabo una investigación interna en las declaraciones del FBI sobre abusos (12). En opinión de Amnistía Internacional, se necesita aún más. Hay la necesidad de una comisión totalmente independiente que investigue las detenciones de los Estados Unidos en Guantánamo y en cualquier otra parte. Esa comisión, requerida por Amnistía Internacional desde Mayo del 2004, debe tener el poder para investigar el papel de funcionarios en las categorías más altas del gobierno, incluyendo en la Casa Blanca y la Oficina del Secretario de Defensa, y debe cubrir todos los aspectos de las detenciones y políticas de interrogación de la guerra del terror en los Estados Unidos, y en todas las ubicaciones.

La reserva e imprecisión como vías para el abuso y el sufrimiento

El Pentágono se rehúsa a dar el número preciso de detenidos en Guantánamo. La preocupación es que esto podría dar lugar a la transferencia de los mismos. A inicios del 2004, por ejemplo, aproximadamente siete detenidos permanecieron sin registro para los anuncios oficiales sobre traslados hacia y desde Guantánamo (13). Por las revelaciones sobre los llamados ‘detenidos fantasma’ bajo la custodia de los Estados Unidos en Irak y debido a las declaraciones de múltiples traslados ocultos entre los Estados Unidos y países con registros de tortura, hay razón para tener un profundo interés al respecto .

Un recurso legal presentado en la Corte Federal en noviembre del 2004, y puesto a conocimiento del público el 5 de Enero del 2005, renueva el interés sobre el caso del detenido Australiano Mamdouh Habib. El recurso comienza:

En Octubre del 2001, el ejército de los Estados Unidos – con la cooperación de los Gobiernos Paquistaní y Egipcio – devolvieron Mamdouh Habib a Egipto, sabiendo y destinándolo a que sea torturado. El señor Habib pasó seis meses bajo la custodia Egipcia, donde fue sometido a una brutalidad inexplicable. Después, el señor Habib volvió a la custodia de los Estados Unidos, viajando primero a la base de la Fuerza Aérea en Bagram, después a las instalaciones militares de los Estados Unidos en Kandahar, y después a la Bahía de Guantánamo, Cuba, donde se ha mantenido desde Mayo del 2002.

Recientemente, la prensa señaló que el Gobierno de Estados Unidos negocia con el de Egipto para devolver al señor Habib a ese país, donde una vez más será torturado.

El recurso busca una orden restrictiva para impedir el temido traslado de Mamdouh Habib a Egipto.(14). El documento detalla anteriores torturas a las que Mamdouh Habib fue sometido en Egipto, incluyendo choques eléctricos, tortura con agua, ataques físicos, suspensión con ganchos, y amenazas con perros. Da detalles sobre como agentes de los Estados Unidos estuvieron presentes en sus interrogaciones en Pakistán después de su arresto, y durante su traslado secreto a Egipto. Estos detalles se repiten en otros, quienes reclaman haber sido sometidos a tal ‘circunstancia’. Por ejemplo, Amnistía Internacional todavía espera una respuesta a una carta que envió a las autoridades de los Estados Unidos en Agosto del 2004, sobre el caso de Khalid El Masri, un Alemán de origen libanés, quien alega que fue llevado en un vuelo secreto, para su detención en Afganistán, desde Macedonia a principios del 2004, y que los agentes de Estados Unidos estaban presentes durante las interrogaciones en su detención en Kabul (15).

Reclama que fue llevado a un avión por agentes vestidos de negro, que tenía sus ropas cortadas con tijeras, y que se le hizo vestir un traje azul, esto coincide con las declaraciones de Mamdouh Habib sobre su traslado a Egipto con la intervención de agentes de los Estados Unidos.

Amnistía Internacional ha hablado con muchos parientes de los detenidos en Guantánamo, quienes están en un estado de angustia profunda por la carencia de transparencia y de información sobre sus seres queridos. El 2 de Noviembre del 2004, por ejemplo, la hermana y hermano de un detenido kuwaiti, Abdullah Al Kandari, contaron a la organización como sus padres ‘no son la misma gente que eran hace tres años’ debido a la pérdida de su hijo en el negro hoyo de Guantánamo. A comienzos de año, el hermano de un detenido yemenita, Jamal Mari, relató como su madre ha desarrollado hipertensión arterial y se hunde en ataques de depresión por la tensión de no saber qué está sucediendo con su hijo, al que no ha visto desde hace más de tres años.

El sufrimiento de los parientes de los ‘desaparecidos’ ha sido tomado en cuenta por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, para sumarlo a las torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una crueldad similar se inflige sobre los parientes de gente que se mantiene en detención, virtualmente, incomunicados indefinidamente, sin cargos o juicios. Es común que los parientes de numerosos detenidos en la Bahía de Guantánamo, se refieran a sus seres queridos como si hubieran desaparecido.

Comisiones militares

La cuarta categoría de impunidad en relación a Guantánamo comprende los continuos esfuerzos de la administración de los Estados Unidos para traer a un grupo seleccionado de detenidos a juicio ante una Comisión Militar. Estos cuerpos carecen de independencia del Ejecutivo. Para obtener convicciones y menores niveles de evidencia, ellos pueden admitir testimonios ocultos o coercitivos. Sus veredictos no pueden ser apelados ante ninguna Corte.

Amnistía Internacional tuvo un observador en las recientes audiencias pre judiciales para los primeros cuatro detenidos que se preparan para un juicio ante la Comisión. Sus observaciones confirmaron los peores temores de la organización, de que este es un sistema que no permite tener un juicio justo. La ignorancia sobre la ley del Tribunal de la Comisión y la disparidad de recursos destinados a las partes, acusación y defensa en un proceso controlado por el Ejecutivo, eran particularmente obvios. Tanta era la poca calidad de los niveles de interpretación que, en varias ocasiones, la defensa tuvo que pedir que se detengan las actuaciones porque la interpretación no era buena. La Comisión rechazó el intento de la defensa de traer seis expertos para explicar diversos aspectos de ley internacional y la ley militar. La acusación afirmó que la única ley que obedece el Tribunal es la ‘Ley de la Comisión’, un conjunto de reglas y normas creadas en el D epartamento de Defensa de los Estados Unidos. Es impresionante que esa gente pueda afrontar tales juicios que, claramente, se procesan sin el conocimiento de normas internacionales básicas.

Las actuaciones de la Comisión se suspendieron en noviembre del 2004, después de que un juez federal concluyó que, quienes fueron capturados en Afganistán, debían ser considerados prisioneros de guerra, lo que terminaba su juicio ante la Comisión Militar. Aún cuando no fueren considerados como prisioneros de guerra por un Tribunal competente, el juez dijo que las reglas de la Comisión que permiten el uso de evidencia secreta, violaría el debido proceso. La administración Bush ha apelado ante una Corte Superior, argumentando que la resolución del juez ‘constituye una intervención en el poder de la administración para manejar operaciones militares’. La Fiscalía General de la Estados Unidos, refiriéndose no solamente a las resoluciones de este juez, sino también a las de la Corte Suprema, condenó lo que caracterizó como una ‘tendencia profundamente perturbadora’ de ‘vigilancia judicial de las determinaciones presidenciales’.

Con la administración norteamericana que muestra desdén hacia sus propias cortes, la comunidad internacional afronta la tarea de persuadirla al cambio. Los Estados Unidos debería recordar no solamente los diversos aspectos de ilegalidad de las detenciones en Guantánamo, sino también que este régimen contraviene la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que proclama que: el respeto por la dignidad humana y el imperio de la ley es la ruta hacia la seguridad, así como también su Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo, que afirma que un mundo en que tales normas sean admitidas como leyes, será el mejor antídoto para la diseminación del terrorismo. Esta estrategia concluye: Es el mundo que debemos construir hoy. En cambio, los Estados Unidos construyó un campo de prisión que ha llegado a ser un ultraje a los derechos humanos y a la ley. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para llevar esta intolerable situación hacia el final.

Guantánamo no existe para la ONU

Todas las evidencias y testimonios de los sobrevivientes del terror practicado en las cárceles de Guantánamo por tropas estadounidenses y agentes de la CIA, en contra de los prisioneros de guerra calificados de talibanes o simplemente como terroristas, que han sido irrefutablemente probados por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos de Estados Unidos y Europa, no existen o carecen de valor para la tristemente célebre Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

El 21 de abril de este año, al finalizar su Asamblea anual en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por amplia mayoría de votos procedió a rechazar una propuesta presentada por el gobierno de Cuba que pedía a Estados Unidos abrir a expertos de la ONU, la base militar de Guantánamo, donde se hallan detenidos alrededor de 520 prisioneros, según cálculos conservadores. Quizá nunca se sepa el número total de presos que alberga esa base, y tal vez nunca se sepa cuántos de esos prisioneros han sido asesinados o muertos por prácticas de tortura.

El proyecto cubano pedía que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, exija al gobierno de Estados Unidos, autorizar a los relatores especiales y expertos de las Naciones Unidas en detenciones arbitrarias, ilegales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, visitar esos centros carcelarios para comprobar la infinidad de denuncias en poder el Organismo Internacional.

La decisión de la CDHG, causó estupor en el mundo entero. Esa Comisión fue acusada de selectividad y politización de sus resoluciones, inclusive por parte de Louise Arbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la misma ONU.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos lamentó que la politización de la Comisión se haya convertido en una excusa, para que algunas naciones – entre ellas Estados Unidos – justifiquen determinadas acciones violatorias de los derechos humanos. Textualmente, Louise Arbour, dijo al referirse a esa Comisión que es: ‘prisionera de los métodos que los países usan para el escrutinio.’

La vocera de la Human Rigths Watch, organización defensora de los derechos humanos con sede en Estados Unidos acusó a Estados Unidos y la Unión Europea de haber ignorado la situación de los derechos humanos en otras naciones, incluido Estados Unidos.

Conclusiones

1.- Estados Unidos administrado por Bush y sus halcones no tiene autoridad, ni calidad moral para pretender juzgar a otros países libres y soberanos sobre la situación de los derechos humanos. La doble moral que usa la administración Bush para referirse a los derechos humanos, la democracia y libertad debe ser condenada por todos los pueblos libres del mundo.

2.- Estados Unidos en su papel de potencia unipolar y gendarme universal es el violador número uno de los derechos humanos en todo el mundo.

3.- Estados Unidos, en su obsesión imperial, no es el paradigma de la democracia, del respeto a las libertades civiles y derechos humanos.

4.- El imperio guerrerista y contumaz agresor, no puede erigirse en modelo de democracia y menos aún tratar de imponerla en todos los países, porque ha demostrado poseer una democracia falsa y un falso respeto a los derechos humanos.

5.- El emperador Bush II, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, el vicepresidente Cheney, Abrams, Negroponte, los directores de la CIA y responsables de los servicios de inteligencia, los comandantes de las fuerzas armadas invasoras, han acumulado suficientes méritos como para ser juzgados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados contra sus ‘prisioneros de guerra’ y los países invadidos militarmente.

6.- Solo un movimiento internacional promovido y patrocinado por todos los pueblos libres y democráticos, por las organizaciones nacionales, regionales y mundiales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y libertades públicas, podrá encausar a los dirigentes del imperio, ante la Corte Penal Internacional, para que sean sometidos a un juicio justo e imparcial.

7.- Estados Unidos en primer lugar, los países desarrollados y considerados potencias, los gobiernos de los países y Estados del Tercer Mundo, deben comprender que las guerras, la crueldad, injusticias e ilegalidades son causa y motivo de la persistente violación de los derechos humanos.

8.- Es indispensable que los pueblos del mundo, y en especial los de nuestra América Latina, estén alertas y vigilantes acerca del proyecto de formación de una superagencia secreta de servicios de inteligencia adscrita al Pentágono (Ministerio de Guerra imperial). Sería más poderosa que la tétrica CIA y sus operaciones clandestinas producirían mayor terror y muerte en todo el mundo. (Washington Post. 25-01-05)

9.- El terror de las guerras imperiales que siembran muerte y destrucción, las estrategias y geopolíticas imperiales, así como las tesis de Bush y sus halcones que amenazan a las humanidad entera con su desaparición, deben ser detenidos ahora en defensa del irrenunciable derecho a la paz. Si no se actúa ahora, mañana puede ser tarde.

La Compañía de Jesús se pronuncia en América Latina contra el ALCA

La preocupación por el desarrollo de América Latina incluye una dimensión sin la cual no es pensable ningún proyecto para este continente: el bienestar para toda su población. Las estadísticas de todos los países dan cuenta de un alarmante aumento de pobreza, calificada actualmente como exclusión. Hay un inmenso abismo entre los grupos que concentran la riqueza y la inmensa mayoría de la población que está por debajo del nivel de pobreza. Cuando tenemos en perspectiva un área de libre comercio para las Américas (ALCA), vemos con inmensa preocupación que sus planteamientos no tengan en cuenta esta grave problemática y que previsiblemente la puedan agravar en el futuro.

Por eso el Seminario llevado a cabo en la ciudad de Quito, del 10 al 13 de julio, en el que participamos laicos, laicas, religiosas y jesuitas involucrados en la promoción social, planteó la urgencia de pensar en formas de integración americana que tengan en cuenta esta dimensión social, que incluya en el mundo de la economía el concepto de ‘Hipoteca Social’ del que habló Juan Pablo II. Las reflexiones que se realizaron durante el Seminario nos abren horizontes que hay que trabajar con urgencia en una perspectiva de hacer propuestas, crear alternativas que puedan ser impulsadas por quienes desde los valores éticos propuestos por Jesús de Nazareth nos preocupamos por la suerte de nuestros hermanos y hermanas.

1.- Por qué no queremos el ALCA

Porque la Composición del ALCA es impresionantemente asimétrica. El punto de partida de las economías de los 34 países que conforman América del Norte, Central, el Caribe (con excepción de Cuba) y Suramérica es sumamente desigual. Del PIB total, el 79% corresponde a Estados Unidos, el 5,9% a Canadá, el 4,7% a Brasil, a México el 4,2%, a Argentina el 2,51%, y la gran mayoría de los países no superan el 1% del PIB total del ALCA. Por lo tanto, la negociación del ALCA se realiza en términos de poder extremadamente desiguales y asimétricos.

Porque la forma de negociación del ALCA no es transparente. Lo negociado sigue siendo un secreto, y el texto no logra incorporar las diversas propuestas que han presentado las organizaciones ciudadanas del continente. En la mayor parte de los países la sociedad civil se encuentra sin información sobre lo que sus gobiernos están negociando. Lo mismo ocurre con sectores productivos completos (empresas, trabajadores) que serán fuertemente afectados por el ALCA. No se han previsto referendums para la aprobación popular del Tratado.

Porque el ALCA pretende ser un pacto de igualdad entre desiguales. Encontramos injusto pactar igual trato para quienes son enormemente desiguales en tecnología, conocimiento, capital, poder militar. No hay duda que ello generará mayor desigualdad.

Porque el ALCA es mucho más que un tratado comercial. Es un esquema de privatización (especialmente de servicios y bienes públicos tradicionalmente reservados al Estado), de liberación de mercados y de seguridad para las inversiones extranjeras, a las que se conceden ventajas sobre las nacionales. Las propuestas del ALCA van a mermar la facultad de los gobiernos para llevar a cabo políticas de desarrollo específicas en áreas económicas y sociales. Se pretende que el ALCA tenga rango supraconstitucional. Con ello se limitará la soberanía de las naciones que firmen el Tratado.

Porque el ALCA representa un neo- proteccionismo del comercio global. Los EEUU, esgrimiendo un discurso liberalizador, pretenden, por una parte apoyar a sus sectores que han perdido competitividad con subsidios, aranceles y medidas no arancelarias y por otra promover el libre comercio para sus productos competitivos.

Porque el ALCA omite aspectos imprescindibles El Tratado omite aspectos que son imprescindibles para la sostenibilidad del desarrollo de nuestras naciones como: medio ambiente, políticas laborales y sociales, migraciones, economía de género, seguridad alimentaria.

2.- Queremos un nuevo tipo de integración de las Américas

Otra integración es posible. Se está empezando a abrir un espacio nuevo para imaginar, pensar y planear estratégicamente una nueva integración que parta de los intereses y valores de la gente y no deje en manos del mercado el futuro de la humanidad. Teóricamente hay otras posibilidades y empíricamente hay diversas formas de integración de distintos países y bloques distintas de la dinámica globalizada. Se está consensuando una Alternativa para las Américas.

Otra integración es factible. La condición para que esta alternativa posible llegue a ser una realidad es principalmente política: hace falta desarrollar un Sujeto social que planee y vaya acumulando fuerzas para lograrlo. Para ello ya no basta hacerlo sólo desde cada sector, sólo desde cada país. El reto es construir un Sujeto social multisectorial e internacional. Este sujeto está iniciando su construcción. Su desarrollo es una meta de largo plazo.

3.- Algunos principios éticos que pueden inspirar esta nueva integración

La globalización de la solidaridad humana supone que los habitantes del Continente americano nos vayamos haciendo cargo de la humanidad común de los pueblos de América, nos sensibilicemos frente a la desigualdad existente; carguemos con ella asumiendo el valor de la equidad en los acuerdos internacionales y resistiendo a la asimetría injusta.

Globalizar la solidaridad a partir de una situación signada por la injusticia y la desigualdad, implica:

– Dar trato preferencial a los ‘débiles’ en las relaciones sociales de manera que el resultado final sea equilibrar los actores sociales hoy tan desigualmente ubicados.

– Identificar los ‘débiles’ con los pobres y convertir su vida en el criterio para evaluar los mecanismos de solidaridad que se pongan en marcha y sus resultados.

– Dar estos pasos de una forma consciente tanto las personas como los pueblos y los Estados nacionales.

La humanización de la economía

La globalización de la economía ha de estar sujeta a reglas. Reglas que garanticen la distribución del ingreso inter e intra nacionalmente, que garanticen la supremacía de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales y de los pueblos y que garanticen la sustentabilidad del planeta.

Los objetivos que deben guiar cualquier integración y con los que se deben evaluar sus resultados han de ser principalmente los objetivos sociales; no sólo los macroeconómicos. Lo importante no ha de ser si la economía crece, es estable, sino si la gente vive mejor, pues no es cierto que cuando hay crecimiento de la economía hay necesariamente más y mejores empleos. En México, por ejemplo, después de 7 años del TLCAN, no se logró lo prometido: más y mejores empleos. En el sector manufacturero que es el gran exportador, hoy hay 9.4% menos empleo que antes del TLCAN. Las empresas exportadoras crearon empleos, pero menos que los que se perdieron en sus antiguos proveedores. Además los empleos creados son malos empleos.

De los nuevos empleos asalariados generados durante el TLCAN el 49% no tiene las prestaciones que marca la ley.

La transparencia de la negociación y ejecución

La negociación de los acuerdos internacionales ha de ser de cara y con participación real de la sociedad y ratificada bajo formas reales de consulta.

El reconocimiento del otro como interlocutor

La negociación para lograr una nueva integración, además de la globalización de la solidaridad humana y la humanización de la economía, supone:

– Considerar que los que participan en la negociación son seres culturales y actores sociales que tienen mucho que aportar para lograr un beneficio común a todos.

– Valorar la diversidad cultural y las diferencias iniciales como enriquecimiento del proceso.

– Estar consciente de que una negociación exitosa es la que alcanza una posición final percibida como ‘mejor’ por todos los que participan en ella. La condición de posibilidad de este resultado es que cada uno mueva sus posiciones iniciales hasta llegar a la convicción de haber alcanzado una mejor condición como fruto del proceso.

– Aceptar el diálogo como el instrumento privilegiado para alcanzar acuerdos en sustitución de la fuerza como modo de imponer opiniones o resultados.

4.- Retos para la Compañía de Jesús en la construcción de alternativas de integración

Priorizar el tema de la integración

El cuerpo universal de la Compañía debe tomar en serio su papel en los procesos de integración regionales en el marco de la globalización mundial.

Contribuir a la creación de alternativas viables

La Compañía debe colaborar en la generación de un nuevo pensamiento social, ético y político que sea alternativa viable a lo propuesto en el ALCA. Un nuevo pensamiento que se genere a partir de un proceso creativo, participativo e incluyente desarrollado desde y con los pobres. No basta con oponernos; tenemos que brindar caminos alternativos desde nuestras instituciones educativas y de investigación. No es suficiente tener claro lo que no queremos sino debemos esclarecer lo que queremos y esto debe ser viable.

Al llevar a cabo dicha colaboración la Compañía ha de evitar cualquier forma de protagonismo, más bien ha de procurar integrarse en procesos, organizaciones y gestiones ya existentes.

Ajustar la organización e integración propia de la Compañía

El ALCA nos enfrenta desde la Compañía, a otro nivel de integración entre nosotros que sea más inclusiva de los laicos y laicas y trabaje suficientemente la relación orgánica con la Asistencia de Estados Unidos de América y las Provincias de Canadá.

5.- Propuestas de líneas de acción

Hacia dentro de la Compañía de Jesús:

Aprovechar nuestras instituciones y distintos sectores apostólicos para la elaboración y promoción de una ética inclusiva y humana.

Abordar, a través de AUSJAL y de los Centros de Investigación del Sector Social de la Compañía de Jesús, el tema de los modelos de integración estudiando diversas alternativas.

Buscar maneras de participar en la Alianza Social Continental.

Propiciar un equipo a tiempo completo para profundizar un nuevo proyecto de integración latinoamericana.

Hacia la Iglesia

Hablar del proyecto del ALCA con nuestros obispos.

Buscar sensibilizar y compartir con nuestras iglesias locales, Obispos y con el CELAM nuestra visión sobre la integración latinoamericana y las propuestas de tratados de libre comercio.

Hacia la sociedad civil

Ser puentes entre la base y los sectores académicos e intelectuales.

Incorporar en la educación, en todos los niveles en los que ya incidimos, la información, la reflexión y creación de una conciencia crítica sobre el ALCA.

Fortalecer y acompañar los movimientos que generen proyectos de desarrollo de cada país.

Buscar maneras de hacer presentes estos puntos de vista, debidamente fundamentados, en la opinión pública y en los medios de comunicación para lograr influir en tomas de decisión que favorezcan a la totalidad de la población.